Desde los albores de nuestro sueño independentista y de pertenencia a este gran continente sudamericano, la Argentina contó con formas de ayuda social, que posteriormente a 1810 sobrevivieron. Con el advenimiento de las guerras por la independencia, las nuevas autoridades reglamentaron los primeros beneficios para los militares y funcionarios, apoyados en un principio solidario. No obstante, las luchas por la independencia y la economía de guerra hicieron que esos beneficios queden suspendidos.

En las postrimerías del 1800, algunos grupos de funcionarios y empleados de la Nación contaban con alguna ley de jubilación pero sin ningún tipo de aporte monetario (jubilación conocida como no contributiva o graciable). En la primera década del 1900, aparecen las primeras leyes que disponen la retención de un 5% de los sueldos de los empleados públicos para el financiamiento de las jubilaciones.

Entre 1904 y 1939 se crean distintas cajas previsionales como las de los Ferroviarios, Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Gas, Telefónicos, Bancarios, Periodistas y Marina Mercante. En la década de 1940 se universaliza la previsión social. A nivel nacional, se crean los regímenes propios para el personal de Fuerzas Armadas, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Guardaparques Nacionales.

En la década del ‘60 hay una reforma administrativa muy importante con las leyes 18.037 (trabajadores privados en relación de dependencia) y 18.036 (para el sector público) que concreta un ordenamiento y otorga a la Secretaría de Seguridad Social la función de conducción y supervisión del Régimen Nacional de Seguridad Social.

Lo que comenzó siendo una ayuda solidaria de algunos trabajadores, hoy es la Seguridad Social y existe en todos los países con distintas interpretaciones y gestiones de los beneficios que incluye. Así es que, desde que nacemos hasta que fallecemos, la seguridad social está presente de distinta manera en nuestra vida. El derecho a ser protegido por la seguridad social comienza cuando nos incorporamos a una actividad laboral. Es la forma de estar personal y familiarmente cubierto ante las contingencias: de ahí la importancia de estar registrado y contribuir con aportes.

Debemos señalar que la seguridad social tiene principios cuyos basamentos los encontramos en instrumentos nacionales e internacionales como la universalidad de la cobertura, la igualdad, la equidad y la uniformidad en el trato, como también la solidaridad. Es por ello que tanto las políticas de trabajo como las de gestión de la seguridad social afectan la calidad de todos los trabajadores argentinos, tanto pasivos como aquellos que están en actividad.

Un hito fue la irrupción del concepto de “Justicia Social” con la llegada del peronismo en 1945 y que se incorpora a la Constitución de 1949. Otro momento clave en la historia de la seguridad social fueron los 12 años del kirchnerismo, donde las políticas de trabajo fueron acompañadas de nuevas políticas de protección social, que también marcaron un rumbo dinámico y actualizado del significado de protección y ayuda social de acuerdo a nuestra historia política, social y económica.

La seguridad social tiene principios como la universalidad de la cobertura, la igualdad, equidad y uniformidad en el trato, como así también la solidaridad.

 

Pero la década kirchnerista fue precedida por las políticas de corte neoliberal que tuvieron algunos países latinoamericanos entre los ‘80 y ‘90. Políticas de desfinanciación, flexibilización laboral, empobrecimiento de la población, desprotección de los más vulnerables y un abandono de los sistemas de salud y que originaron lo que la doctora Asa Cristina Laurell llamó “la década perdida”.

La Argentina no escapó a la tendencia privatizadora de los sistemas de la Seguridad Social, como fue el sistema de las AFJP y el sistema de riesgos de trabajo. Estos dos hechos y su creación casi al unísono, uno en 1993 y otro en 1995, fueron la entrega de la seguridad social a la actividad privada. En el caso de riesgos del trabajo, fue a través de la creación de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, entidades de lucro, que se fomentó un subsistema de la seguridad social administrado por lo privado. En el caso de la seguridad social, la creación de las AFJP (privadas) también llamado de capitalización (ley 24.241), y con fines de lucro, coexistió con el de reparto administrado por el ANSES (administrado por el Estado). En otros países, cuando hay algún privado participando en la salud laboral, son considerados como máximo colaboradores de la Seguridad Social y no tienen fines de lucro.

La Argentina no escapo a la tendencia privatizadora de los sistemas de la Seguridad Social, como fue el Sistema de las AFJP y el sistema de riesgos de trabajo. Estos dos hechos fueron la entrega de la seguridad social a la actividad privada.

 

Durante el primer mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se estatizaron las AFJP mediante la Ley 26.425. Las cuentas individuales de los aportantes pasaron a integrar el sistema público de reparto y solidario, el SIPA, que está bajo la órbita del ANSES, organismo que lo administra. De esta forma, los fondos pasaron a constituir el “Fondo de Garantía de Sustentabilidad”, bajo el control de una comisión bicameral creada a ese fin.

Prestaciones que el sistema de seguridad social abarca:

• asignaciones familiares;
• seguro de desempleo;
• cobertura de riesgos del trabajo
• cobertura de salud;
• cobertura previsional de jubilaciones y pensiones.

Seguridad social y federalismo

El artículo 125 de la Constitución Nacional dice “Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales; y promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura”. Esto implica que trece estados provinciales (Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén , Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) mantienen regímenes propios previsionales para los servidores públicos. No obstante, hay algunas provincias que también tienen municipios con regímenes propios para los servidores públicos.

Para comprender la complejidad del sistema, entonces, basta con considerar los regímenes provinciales o municipales que lo componen -a los que se suman los nacionales-  y su alto nivel de compartimentalización; todos ellos deben tenerse en cuenta en el análisis de sostenimiento y gestión, que incluye la financiación, el tipo de prestación que se brinda, cómo se gestiona y cómo se logra una correcta registración. En este sentido, es importante tener en cuenta que en muchas oportunidades fue necesaria la ayuda del gobierno nacional para socorrer a alguna provincia cuando sus números no cerraban.

Perspectiva actual

Los últimos años de gobiernos democráticos y populares tuvieron un conocimiento muy profundo de las necesidades de un pueblo, una vocación solidaria y de sacrificio, marchando en el camino de ampliar derechos y protecciones a los más necesitados. Más precisamente, durante la gestión kirchnerista hubo una participación muy importante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con políticas de inclusión muy concretas y una lucha sin tregua contra el trabajo no registrado.

Como contracara, el gobierno macrista ha mostrado que las políticas neoliberales producen desempleo y flexibilización laboral. Buscan inactivar los convenios colectivos de trabajo e interrumpir o desfinanciar estrategias, que significaron beneficios y protección para cerca del 98% de la población en los últimos 12 años. El actual gobierno hace del despojo una política central y busca negocios lucrativos en áreas tan sensibles del Estado, como la salud y el trabajo.

La seguridad social en su concepción lleva la solidaridad generacional: los aportes y contribuciones de los trabajadores activos contribuyen a financiar las prestaciones de los pasivos. Para mejorar su implementación es fundamental hacer un reordenamiento de los regímenes más que un nuevo sistema jubilatorio y llevar a cabo políticas de empleo y de mayores beneficios para paliar la crisis económica que se está atravesando. Pero no solo habrá que cambiar la forma de aseguramiento, también habrá que ponerle un título más acorde a lo que se quiere proteger: la salud.

 

· Héctor Verón ·

Es especialista en Medicina del Trabajo y docente en UBA y UTN. Fue superintendente de Riesgos del Trabajo entre 2003 y 2008.