Las mujeres y colectivas feministas organizadas estuvimos durante más de dos meses ocupando el espacio público, militando y debatiendo acerca de la necesidad de legalizar el aborto para garantizar así los derechos sexuales y (no) reproductivos. El derecho a interrumpir un embarazo se comenzó a discutir en las calles y en las casas, las mujeres junto a otros colectivos aliados construimos argumentos sanitarios, jurídicos, científicos, sociales y políticos que demostraron con claridad y precisión la urgente necesidad de terminar con el aborto clandestino.

Con la misma convicción con la que dijimos que la legalización del aborto es indispensable para mejorar la calidad de nuestra democracia y acceder al reconocimiento como ciudadanas plenas, afirmamos en todos los foros, rondas y debates que la promulgación de la ley era un paso imprescindible pero insuficiente. Para que la interrupción del embarazo se conviertiera en un derecho de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar era necesario un Estado presente con políticas públicas sanitarias activas que garanticen el acceso equitativo a la salud. Lamentablemente, no obtuvimos la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y desde el martes tampoco tenemos Ministerio de Salud de la Nación.

El Senado de la Nación, desoyendo el reclamo de la sociedad argentina, rechazó el proyecto que tenía media sanción de la Cámara de Diputados. Si la ley de interrupción voluntaria del embarazo no se aprobó fue porque los dispositivos de poder dominantes reaccionaron enérgicamente en contra de un núcleo nodal del proyecto: la interrupción iba a ser voluntaria, la decisión iba a ser nuestra, y, finalmente, las relaciones de poder que organizan el campo de la salud con una lógica jerárquica y heteronormativa se verían alteradas.

La expresión de desigualdad social y de género es un eje estructural de nuestra sociedad, no su consecuencia no deseada.

 

La inclusión de la problemática del aborto en la agenda pública por la acción militante del movimiento de mujeres organizadas y el feminismo demostró que la penalización del aborto, en cualquiera de sus modalidades, no solo no desalienta a las personas a interrumpir un embarazo sino que profundiza las inequidades en salud: las personas pobres con capacidad de gestar son quienes tienen más probabilidades de morir y quienes presentan mayores complicaciones durante el embarazo. Esta expresión de desigualdad social y de género es un eje estructural de nuestra sociedad, no su consecuencia no deseada. Sin un Estado que intervenga con políticas públicas activas para reducir dichas desigualdades, estas no solo no desaparecen ni se reducen, sino que se profundizan.

Más lejos estamos aún de acceder a anticoncepción segura en todo el territorio nacional si el Ministerio de Salud, autoridad rectora en la materia, se desjerarquiza y desaparece como tal.

 

Los opositores a la ley IVE, afines a los poderes concentrados, levantaron durante el debate una de nuestras banderas: las personas necesitan más educación sexual y más acceso a anticonceptivos. Sin embargo, estamos lejos de tener acceso a una educación sexual integral (ESI) si el Programa que lleva su nombre se viene desarmando desde el inicio del gobierno actual. No podrán nuestros niñes y jóvenes acceder a ese derecho si la ESI queda librada al posicionamiento de cada uno de los colegios, directivos y docentes del país. Más lejos estamos aún de acceder a anticoncepción segura en todo el territorio nacional si el Ministerio de Salud, autoridad rectora en la materia, se desjerarquiza y desaparece como tal. El acceso a información, servicios e insumos, que ya ha sido afectado por la provisión discontinua de preservativos, métodos anticonceptivos y misoprostol, se verá aún más limitado, consolidando el derecho a decidir como un privilegio de los sectores con mayor poder adquisitivo.

El ajuste en el área sanitaria impactará de manera negativa en la prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, en la prevención de embarazos no deseados, en el cumplimiento de las interrupciones legales del embarazo, en los cuidados recomendados en los procesos de embarazo y parto, en los tratamientos de fertilidad asistida, así como en los insumos y recursos necesarios para dar cumplimiento a la Ley de identidad de género y a la Ley de parto respetado, entre otros derechos.
Sin un ministerio nacional que cuente con decisión política, con trabajadoras, trabajadores y recursos financieros necesarios, no existirán políticas públicas dirigidas a reducir las inequidades en salud sino apenas un paquete de prestaciones básicas orientadas a paliar la situación de extrema vulnerabilidad de los sectores más excluidos. El órgano nacional se convierte así en una especie de bombero sanitario. Su ausencia lleva inevitablemente a un aumento de las desigualdades entre las provincias como también de las desigualdades sociales y de género al interior de cada uno de los territorios. Jurisdicciones como la Ciudad de Buenos aires, Córdoba y Santa Fe tendrán mayor capacidad de llenar los agujeros presupuestarios y de programas que dejará Nación, mientras que las regiones del NEA y NOA se verán más afectadas por la ausencia del Ministerio Nacional.

La desjerarquización del área de salud propuesta por el gobierno nacional va de la mano de la destrucción de la educación pública y del desarrollo nacional de la ciencia y la tecnología. Medidas todas que tendrán un impacto negativo en la salud de la población y en consecuencia una sobrecarga de las tareas de cuidado en las mujeres y niñas. Cuando el Estado retira sus políticas de integración y cuidado, esas tareas recaen principalmente sobre nosotras. Nuestra igualdad de oportunidades se verá aún más obstaculizada. Nuestra soberanía sanitaria reducida a un estado colonial.

Jurisdicciones como la Ciudad de Buenos aires, Córdoba y Santa Fe tendrán mayor capacidad de llenar los agujeros presupuestarios y de programas que dejará Nación, mientras que las regiones del NEA y NOA se verán más afectadas por la ausencia del Ministerio Nacional.

 

El campo de la salud es un campo en disputa acerca de quién define qué problemas, qué presupuesto y qué acciones tomar. Sin embargo, y a pesar del crecimiento de la red de organizaciones feministas y populares que expresan una demanda por mayor igualdad social y de género, el Estado reduce su intervención y rectoría en materia sanitaria, dejando al pueblo, a las mujeres y a los sectores más afectados por la crisis económica en una situaciónde abandono y exclusión social.

Es imprescindible organizarse para construir poder y disputarlo a quienes pretenden despojarnos de nuestra soberanía y de la posibilidad de construir la sociedad equitativa y diversa que deseamos.

 

El gobierno nacional destruye la estructura del Estado y deja así a las mujeres, adolescentes y niñes pobres de nuestro país a la intemperie. Una intemperie que en materia sanitaria significa mayor muerte y enfermedad, y una mayor desigualdad de acceso a la salud que se profundiza sin límites. Para las mujeres y las niñas el impacto será aún mayor en la medida que no solo significa un menor acceso a salud sino también un traslado de las tareas de cuidado del Estado hacia ellas, lo que cercena aún más la autonomía sobre nuestros proyectos de vida y profundiza la desigualdad de género ya existente.

Ante este abandono es necesario fortalecer las organizaciones locales y globales y promover redes para el cuidado colectivo de la otra, del otre. Pero por sobre todo es imprescindible organizarse para construir poder y disputarlo a quienes pretenden despojarnos de nuestra soberanía y de la posibilidad de construir la sociedad equitativa y diversa que deseamos. Queremos un Estado presente, que nos represente a todes, que amplíe derechos para que nadie quede afuera y que tenga la estructura, los recursos y los mecanismos para garantizarlos.

 

· Andrea Paz y Carlota Ramírez ·

Ronderas feministas del Equipo de Salud y Género de la Fundación Soberanía Sanitaria.