Políticas Científico-Tecnológicas: los desafíos del presente

Julia Guther

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Partir de reconocer a la salud como un derecho conlleva una serie de posicionamientos, perspectivas y prácticas que se fueron construyendo en Argentina a lo largo de décadas y que consagraron políticas e intervenciones orientadas a asegurar el acceso al sistema de salud de toda la población y a propiciar procesos de salud, atención y cuidado.

Desde mediados de los años ’40 del siglo pasado se fue gestando en nuestro país un proceso expansivo de lo público estatal, como asegurador y promotor de derechos. Lo público como lo común, universal, de todos y para todos se iba construyendo en medio de un campo de tensión y luchas, que se sostuvo a lo largo del tiempo con distintas capacidades. A la par de la expansión de ese estatuto de derechos, se fue cristalizando el reconocimiento -legitimidad- a los mismos. Hasta una Argentina reciente, la idea de la salud como derecho formaba parte de las expresiones y visiones de su población, aún en los contextos en los que las perspectivas meritocráticas o restrictivas de derechos avanzaban en otras áreas de la vida social y común de sus habitantes. Sin duda, los acontecimientos en este ámbito, generados a partir del inicio del gobierno de Milei van construyendo un nuevo hito, o proceso de ruptura de un contrato social, que debilitado, no había sido tan lesionado en los 40 años recién cumplidos de democracia continua.

Desde la Red Argentina de Investigadoras e investigadores en Salud (RAIIS) hemos venido atendiendo con gran preocupación estos retrocesos, y participando activamente en diversos ámbitos, en la búsqueda de contribuir y visibilizar lo que está en juego.

Cuando nos referimos habitualmente al campo de la salud lo hacemos comprendiéndolo como ámbito en el que se inscribe la denominada cuestión sanitaria (Crojetovich, 2020), entendiendo que allí se expresan los problemas de salud, y a su vez en tanto construcción social, política y cultural, se orienta a la política social del sector y a la oferta de servicios en relación con las necesidades de la población que logran ser tematizadas, es decir entrar en la agenda pública. Su carácter por tanto es conflictivo y dinámico, por cuanto allí se condensan intereses divergentes y también contrapuestos. 

En tal sentido, Rovere (2016) al historizar las principales tensiones del campo de la salud, sitúa las posiciones que la comprenden a la salud como mercancía en contraposición con la salud como derecho, aquellas que postulan el subsidio a la demanda o por el contrario a la oferta, las que refieren al subsector público o al subsector de la seguridad social unitario, el planteamiento de gratuidad versus el arancelamiento, entre otras. Posiciones y disputas que se inscriben en el marco del proyecto de país que se pretende construir, y que, si bien tales posiciones pueden ser asociadas a determinadas tradiciones políticas en nuestro país, en los hechos encontramos que no siempre se observan distinciones claras y explicitas respecto al rol del Estado y del mercado en el sistema de salud.

En estas líneas buscamos colocar otra dimensión a atender, y que hoy asume una preocupante actualidad. Es la que sitúa al campo de la salud como parte del sistema de ciencia y tecnología (CyT) para el crecimiento nacional, en tanto productor de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) a partir de sus avances científico-tecnológicos, orientados a la generación de conocimientos (dispositivos, procesos, insumos, etc.) para la toma de decisiones

La experiencia nacional e internacional demuestra que un país no puede crecer sin desarrollo científico tecnológico, y no puede cuidar a su población sin avanzar en investigación en salud, por tanto, hablar de investigación en salud es hablar de generar conocimientos para tomar decisiones. Es producir evidencia científica que posibilite nuevos o actualizados desarrollos en materia de insumos asistenciales, farmacológicos, intervenciones sanitarias, modelos de atención y políticas de salud. Los intereses del mercado se encuentran centrados en generar negocios rentables y no en buscar respuestas, por ejemplo, a problemas endémicos como el chagas, problemas epidémicos como el dengue, o problemáticas como la salud mental, las desigualdades de acceso al sistema de salud, entre tantas otras. En línea con los planteos de Varsavsky (2013), las políticas científico-tecnológicas no pueden pensarse escindidas de un proyecto nacional y en ese sentido es necesario construir un modelo centrado en la satisfacción de necesidades populares (materiales e inmateriales). Para eso, es necesario debatir el rol de las organizaciones privadas en nuestro sistema de CyT y en nuestro sistema de salud en función de garantizar el sostenimiento de políticas de estado que respondan a las problemáticas sociales a las que como sociedad consideramos hay que atender.   

La investigación en salud se ha venido realizando en múltiples y diversos espacios institucionales del sector público, en Conicet a través de proyectos financiados por el hoy eliminado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT), en las universidades nacionales que continúan atravesando una grave situación de desfinanciamiento, en otros organismos del Estado nacional y también dentro del propio sector salud. Por tanto, es conveniente, y necesario, recordar la vigencia del cuestionado Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, sumado a la reciente aprobación en la Cámara de Senadores de la llamada “La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. El contenido de estas normativas implica un cambio de fondo para las políticas y estructuras de nuestro país, con un claro impacto en el rol del Estado nacional y sus instituciones, y por tanto en las condiciones de vida de la población. Ambas normas son restrictivas de derechos y limitan las capacidades estatales, y en lo que hace al sector salud, presentan cuatro temas centrales que lo afectan gravemente y sobre el cual -desde la RAIIS- elaboramos un documento técnico que los describe y analiza.

A los efectos de este texto, queremos hacer referencia en particular a dos cuestiones que impactan directamente en la intersección CyT y salud. Por un lado, el cierre de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).  Agencia que, además de coordinar y potenciar a los laboratorios públicos, posibilitó desarrollos que aseguraron el acceso a medicamentos para nuestra población, y un gran ahorro al Estado Nacional. Por ejemplo, mediante la realización de proyectos de impacto socio sanitario en el período 2020-2023 referidos a formulaciones pediátricas huérfanas, el desarrollo y producción pública de un complemento nutricional para prevenir anemia infantil (FIERRITAS), la formulación de tuberculostáticos, el desarrollo de la vacuna contra la fiebre Hemorrágica Argentina (Candid) producida por ANLIS para una enfermedad endémica, sin desarrollo de producción privada local o internacional. Así, resulta claro afirmar que el vigente DNU, limita la Investigación y el Desarrollo en materia de salud en el sector público y favorece los intereses del complejo médico industrial. Así, el impacto es para la salud pública, para el erario público, y fundamentalmente para la población.

Hay otra cuestión presente en el DNU que genera preocupación, y es que allí se faculta al Poder Ejecutivo Nacional para la intervención de las agencias públicas y administraciones descentralizadas. Esto genera en particular un estado de alerta en torno a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS Malbrán), organismo que tiene una representación estratégica y federal, es responsable de la vigilancia e investigación epidemiológica y clínica en enfermedades de importancia para el país. Vale recordar que es el instituto con la referencia diagnóstica de enfermedades infecciosas, y de genética, tanto para el país como en el escenario internacional, y es también responsable de la producción y el control de calidad de productos biológicos como kits diagnósticos, antivenenos y de vacunas. Es decir, todo de interés en materia de salud pública para frenar enfermedades endémicas/epidémicas, o incluso exclusivas de nuestro país. En tal sentido, no cabe duda que el ANLIS Malbrán tiene que ser fortalecido en sus capacidades, y apoyado con la asignación de más recursos.

Hay en Argentina investigadoras/es formados, hay instituciones públicas con grandes capacidades, hay prioridades de investigación establecidas en la Agenda Nacional de Investigación en y para la Salud, y todo esto que requiere ser cuidado y defendido está hoy gravemente amenazado. Las áreas que se ocupan de investigar en y para la salud desde el ámbito nacional hoy se encuentran limitadas en sus institucionalidades y en sus recursos, y esto es objeto de lucha para que el objetivo de la soberanía sanitaria no quede en el pasado.

Desde el campo científico-académico, y como parte de un colectivo comprometido en visibilizar la necesidad de generar conocimientos  que respondan a las necesidades y demandas de la sociedad, sostenemos la importancia de advertir y de mantener en el debate público la gravedad que significa la vigencia  del DNU 70/2023, contrario a garantizar políticas esenciales en el campo sanitario y las diversas articulaciones entre el sistema de CyT y el sistema de salud que permitan planificar e informar de manera adecuada para fortalecer procesos de toma de decisiones en la gestión pública, que mejoren las condiciones de vida y de futuro de la población.

En otras palabras, las condiciones de posibilidad para pensar y retomar una trayectoria que tenga como horizonte el derecho a la salud y a la ciencia como un elemento central para la producción de las políticas públicas, entre otros, implica disponernos a debatir y a producir propuestas que convoquen activamente a los diversos sectores de nuestra sociedad. En eso estamos trabajando. Ahora bien, requerimos que el cuerpo legislativo haga su parte, defendiendo los intereses populares y nacionales, derogando decretos como el referido en este texto y evitando la sanción de leyes que limitan derechos y entregan nuestros recursos nacionales.

 

Bárbara García Godoy es Profesora de grado y posgrado e investigadora (UBA/UNAJ). Ex directora de Investigación en Salud (Ministerio de Salud de la Nación). Integrante de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud (RAIIS).

María José Luzuriaga es Profesora de grado y posgrado e investigadora (IJDDHH/UNLa). Vicepresidenta de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud e integrante del Grupo de Pesquisa e Documentação sobre Empresariamento na Saúde (GPDES)/UFRJ.

Santiago Sosa es Secretario Adjunto de Extensión, Cultura Científica y Bienestar (FCEN-UBA). Integrante de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud (RAIIS) y de la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Red PLACTS)

 

Referencias: