Domingo 25 de febrero de 2024
“Había una vez un país” es el título alternativo y la forma en la que empieza la película Underground, dirigida en 1995 por Emir Kusturica. Se refiere a Yugoslavia, un país que existió entre 1918 y 1992 al sudeste de Europa, en la región de los Balcanes. Donde antes estaba Yugoslavia, hoy hay seis países: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia. Si este panorama se escribiese en Perú o en Australia, habría que decir que los países que hay son siete porque esos Estados (junto a poco más de la mitad de los miembros de la ONU) reconocen la independencia de Kosovo, declarada en 2008, mientras que Argentina por ahora la considera una provincia serbia. En la década del 90, se puso de moda la palabra “balcanización” para referirse a un país que se desintegraba. Es tan triste y extraño lo que hay para decir que cuesta empezar a hablar de esta semana en Argentina pero aquí vamos.
Había una vez un país al que le costó sesenta y seis años de guerras civiles y muchos miles de muertes terminar de conformarse. Desde antes que se declarara su independencia y, hasta 1880, con la federalización de la ciudad de Buenos Aires, Argentina no tuvo paz. Puede ser que después tampoco la haya tenido pero por lo menos dejó de haber guerras entre provincias y el contorno del mapa (que no la división política del país porque se pasó de trece provincias y nueve territorios nacionales a 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se mantuvo casi sin cambios hasta el presente. Esta semana, por primera vez en ciento cuarenta y cuatro años, la cohesión del país cruje y parece verse amenazada. La venganza contra las provincias que emprendió el gobierno nacional después del fracaso en el tratamiento parlamentario del proyecto de ley titulado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y apodada “Ley ómnibus”, tomó la forma de ahogamiento financiero que ahora llegó al recorte de la transferencia de fondos coparticipables a la provincia de Chubut aduciendo el cobro de una deuda. Eso desencadenó una reacción de los gobernadores patagónicos anunciando que Chubut retendrá el petróleo y el gas que le pertenece desde la reforma constitucional de 1994. La declaración obtuvo el apoyo casi unánime de las demás provincias (el único que no emitió opinión fue el tucumano Osvaldo Jaldo). La escalada siguió con un berrinche presidencial en las redes sociales.
El conflicto entre la Nación y las provincias tiene consecuencias directas sobre la salud de la población. Al no formar parte de las facultades delegadas en el Estado federal, cada provincia es responsable de su propio sistema de salud. Si se recortan los fondos de la coparticipación federal (aquella parte del total de lo recaudado por impuestos que la Nación reparte entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires), las provincias tendrán menos dinero para pagar sueldos, comprar insumos y sostener la infraestructura de sus hospitales y centros de salud. Así empeoraría lo que viene sucediendo desde que se interrumpió la transferencia de partidas que el gobierno nacional denomina discrecionales y que corresponden a leyes y programas específicos. Si el cuadro parece complicado, es mucho peor si se tienen en cuenta la inflación y el aumento de la demanda de atención que experimenta la parte estatal del sistema de salud a partir de los despidos masivos en el Estado Nacional y los cada vez más numerosos despidos en el sector privado como consecuencia de la recesión.
En el marco de los ataques del gobierno nacional contra aquellos sectores que no lo acompañan en completa genuflexión, el miércoles se publicaron tres decretos que buscan armonizar la normativa sobre obras sociales y empresas de medicina prepaga con la desregulación absoluta impuesta por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, también conocido como el DNU. Pensada originalmente para castigar a los sindicatos mediante el desfinanciamiento de las obras sociales que funcionan bajo su órbita, los nuevos actos administrativos están redactados con tal impericia que también molestaron a sus supuestos beneficiarios, los propietarios de las prepagas. Por un lado, se establece que, desde que una persona comienza a trabajar en relación de dependencia, puede optar por cualquier obra social o prepaga para derivar sus aportes. Deja de ser obligatoria, por lo tanto, la permanencia durante un año en la obra social propia de la rama de actividad y también desaparece la necesidad de que una obra social oficie como intermediaria entre la persona trabajadora y la empresa de medicina prepaga que elija. Como ya sucedió en la primera experiencia de desregulación a fines del siglo XX, los principales perjudicados por estas medidas son los afiliados y afiliadas de las obras sociales desfinanciadas que perciben salarios bajos y, por lo tanto, no son clientes potenciales de las grandes empresas de seguros privados de salud. En coherencia absoluta con el proyecto general de país, cuanto más pobre sea una persona, menos libre de elegir será. A eso se le suma una segmentación hacia dentro de cada obra social, que estará obligada a brindar una cantidad de prestaciones mínimas con los aportes básicos previstos pero podrán ofrecer “planes superadores” a quienes aporten más dinero. Contra todo principio solidario, quienes más paguen accederán a supuestos mejores servicios.
Como telón de fondo, siguen creciendo los casos en la que posiblemente sea la peor epidemia de Dengue de la historia del país, tres niñxs fallecieron por síndrome urémico hemolítico en Córdoba de un total de 9 casos registrados desde el inicio del año y se reportaron casos en Chubut, Salta y Santa Fe. Desde que comenzó la gestión actual no se convocó al Consejo Federal de Salud (COFESA), el órgano que reúne a todxs lxs ministrxs provinciales de salud y el ministro de salud de la Nación. El jueves, en reclamo por el atraso con respecto a la inflación, se llevó a cabo un paro del sindicato de Sanidad, que agrupa al personal salarial no médico de clínicas, sanatorios, consultorios y centros de diagnóstico privados.
Para garantizar el acceso equitativo a la salud en todo el territorio del país es indispensable, aunque tendría que ser innecesario decirlo, que el país siga existiendo y que quienes tienen la responsabilidad de conducir el Estado Nacional reconozcan que la salud es un derecho para todas las personas que lo habitan.
Leonel Tesler es médico especialista en psiquiatría infanto-juvenil. Presidente de Fundación Soberanía Sanitaria y Director del Departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte de la Universidad Nacional de José C. Paz.