Domingo 18 de febrero de 2024
Hace pocos días, Roberto murió de sistema de salud. También sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) pero la causa de su muerte fue el sistema de salud. Tenía 70 años, se descompuso y su hijo lo llevó al hospital más cercano, que es provincial y lamentablemente no era el que le correspondía según el sistema de capitación de su obra social. En la guardia lo revisaron, encontraron que tenía la presión alta, lo medicaron y lo hicieron quedarse un rato para ver si le bajaba. De vuelta en la sala de espera, comenzó a tener dificultades para hablar y para moverse. Le avisaron a la médica, quien lo llevó de inmediato al shock room, un sector de la guardia preparado para abordar problemas de vida o muerte. Mientras lo estabilizaban y le hacían una tomografía computada, se intentó gestionar a través de la obra social la derivación al hospital correcto. Las imágenes de la radiografía sugerían que Roberto tenía tapada alguna arteria de las que llevaban sangre a un sector de su cerebro. Existía la posibilidad de hacer un tratamiento que resolviera el problema sin dejar secuelas pero había poco tiempo: cuatro horas y media. Tal vez no muriese pero, si sobrevivía, los daños serían irreversibles. En donde estaba no tenían los equipos necesarios. Aunque no hubiera tenido obra social, habría sido necesaria la derivación. El tiempo pasaba y no llegaba la ambulancia de la obra social ni se autorizaba la derivación. El hospital provincial tenía una ambulancia pero no estaba disponible. Roberto dejó de poder hablar. Estaba despierto pero parecía ido, ya no quiso beber el agua que le acercaba su hijo. Las cuatro horas y media se habían convertido en dos. Parecía que un médico del hospital provincial había hablado con un amigo suyo en el hospital municipal de alta complejidad para que le consiguiera cama a Roberto. Si eso era cierto, faltaba solamente que llegue la ambulancia. El hijo de Roberto llamó a uno de su trabajo que tal vez conociera a alguien en la obra social. Así, por la vía de la excepción, se empezó a mover lentamente algo pero el tiempo seguía pasando y la ambulancia no aparecía. Quedaban veinte minutos de aquellas cuatro horas y media. El hijo se quiso llevar a su padre en el auto. Por un lado le pidieron que no lo hiciera porque era muy peligroso. Por otro, Roberto había entrado en una especie de sopor parecido pero no idéntico al sueño, con una respiración muy rara, y no podría colaborar en nada para bajarse de la camilla ni para subir y acomodarse en el auto. En un momento parecía que el hospital municipal iba a mandar una ambulancia. No fue así. El changüí se terminó y todo el mundo, menos el hijo de Roberto, dejó de estar tan apurado. Las horas siguieron pasando. La ambulancia no llegó pero llegó la mañana. Hasta el mediodía no volvió ningún médico. En un momento, trajeron comida para el paciente. El hijo de Roberto se enojó porque su padre no se despertaba y no podría comer. Había sido un error. La ambulancia estuvo en camino a las cuatro de la tarde. Roberto había muerto quince minutos antes, más o menos.
Cuando en el documento titulado Argentina en su tercera crisis de deuda, difundido el miércoles, Cristina Fernández de Kirchner insiste en la necesidad de replantear el sistema de salud para que el pueblo no esté condenado “a una peregrinación sanitaria indigna”, es porque la fragmentación, segmentación y falta de regulación del sistema de salud matan con distinción de clase y color de piel. Aunque la crisis actual del sistema de salud afecte a toda la población, sus partes más vulneradas tienen muchas más probabilidades de morir por su causa. Si bien la fragmentación y la segmentación llevan décadas y en los últimos años se le sumó la crisis de la fuerza laboral que hace que cada vez sean menos las y los profesionales con ganas de trabaja en el sistema de salud, los problemas que derivan de ellas se agudizaron a partir de las medidas económicas del actual gobierno. Tanto los despidos masivos en el Estado nacional como los despidos que crecen sin cesar como consecuencia de la recesión que forma parte del plan económico producen una sangría de afiliadas y afiliados de las obras sociales sindicales que, junto a quienes deben dejar de tener medicina prepaga porque no pueden afrontar los aumentos que se sucedieron desde que se les quitó todo control, comienzan a sobrecargar a los centros de salud y hospitales estatales sin prever ningún tipo de refuerzo para poder absorber la mayor demanda.
En lugar de amortiguar de alguna manera el traspaso masivo de usuarios a la parte estatal que está produciendo planificadamente, esta semana el gobierno nacional se dedicó a amenazar con el desfinanciamiento a los hospitales que dependen total o parcialmente de él, como por ejemplo el hospital Garrahan, donde se atiende cerca del 40% de las niñas y niños con cáncer del país. Aunque finalmente giren los fondos, hay dos cuestiones que no se pueden dejar pasar: primero, que mantener el presupuesto de esos hospitales idéntico al de 2023 (sin aplicarle ningún recorte nominal), equivale a un ajuste de tal magnitud que impediría el funcionamiento de los hospitales más allá de abril; segundo, que se consolida la ostentación fálica del manejo discrecional de los fondos públicos como táctica de amendrentamiento.
Sobre el final de la semana, empezó a correr el rumor de que la anunciada destrucción de los fondos fiduciarios, que sirven para que existan partidas específicas para políticas públicas prioritarias y permiten el traslado de un ejercicio anual al siguiente del dinero que no hubiera sido ejecutado, se llevaría puesto el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT). Si bien el FONCyT es una dirección nacional que forma parte de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, la Agencia cuenta con un fondo fiduciario como uno de sus principales instrumentos administrativos y financieros. Perderlo implicaría un grave daño para el financiamiento y la planificación estratégica de la investigación científica y tecnológica.
La desregulación hizo que los precios de medicamentos se dispararan a partir de diciembre de 2023 y que las ventas se derrumbaran. Quiere decir que hay compatriotas que deciden entre tomar la medicación que necesita para seguir viviendo, comer o viajar al lugar de trabajo. La intención del gobierno de licuar el poder adquisitivo del salario y las jubilaciones como herramienta para bajar la inflación, que se vio reflejada en las frustradas reuniones del Consejo del Salario Mínimo y de la Paritaria Nacional Docente, no hace más que profundizar ese dilema cruel.
Para terminar, es indispensable recordar que los casos de Dengue siguen aumentando. Las acciones del gobierno nacional al respecto se limitan, por ahora, a hacer recomendaciones muy discretas a través de las redes sociales, aplicando mucho menos entusiasmo y recursos que los que se usan para perseguir a Lali Espósito por estar en desacuerdo con la gestión.
Leonel Tesler es médico especialista en psiquiatría infanto-juvenil. Presidente de Fundación Soberanía Sanitaria y Director del Departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte de la Universidad Nacional de José C. Paz.