Domingo 11 de febrero de 2024
Hace muchos años, un poco más de dos décadas, una brillante estudiante de medicina que repartía su tiempo entre los libros, sus tareas como ayudante de Fisiología, la investigación en un laboratorio de la universidad y las danzas árabes, tenía muy claro lo que había que hacer para resolver los problemas estructurales de salud del país. “Dame un mes en el ministerio de salud y vas a ver cómo lo arreglo”, sentenció. Su jefe y maestro de entonces, curtido por los años y golpeado por el paisaje preapocalíptico de 2001, le disparó sin piedad que los problemas se podían generar muy rápido desde un gobierno pero resolverlos podía llevar mucho tiempo, que lo que para ella podían ser problemas para otras personas podían ser soluciones, que los problemas de salud abordables desde el ministerio eran una pequeña parte del total y que todos pero todos tenían una complejidad que excedía cualquier fórmula infalible. El tiempo pasó, la estudiante se transformó en una brillante pediatra que no se dedicó a las políticas sanitarias pero en cambio protagonizó la publicidad televisiva de un antialérgico para niñxs. Nunca le dieron por un mes el ministerio de salud (tampoco lo reclamó). El jefe migró de ciudad y universidad pero no de ideas. Ahora estará cerca de la jubilación. Algunos problemas en salud permanecieron, otros parecieron resolverse, otros mutaron, otros surgieron al calor de la historia y la globalización. Aunque a veces pasen despercibidos al lado de las grandes noticias, parecieron crecer en número y gravedad esta semana. Variopintos y originados en múltiples frentes, se enredan entre sí y vuelven más complicada la situación. Algunos, tal vez la mayoría, fueron rápidamente generados desde el gobierno; otros son la continuidad de fenómenos epidémicos que al mismo tiempo determinan y son determinados por lo que se haga desde el Estado.
El fracaso del proyecto de ley denominado “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” y apodada “ley ómnibus”, que parece haber tenido lugar hace meses pero ocurrió apenas hace cuatro días, golpea a la salud con las esquirlas del derrumbe y con las medidas vengativas con las que el Poder Ejecutivo nacional intenta desde su furia impotente atacar a las provincias. La suspensión de las transferencias por fuera de la coparticipación federal compromete la capacidad operativa de las provincias para honrar los pagos de salarios y a proveedores. Desde la provisión de gasas y medicamentos hasta la construcción de nuevos centros de salud se ven afectadas. La quita del subsidio al transporte público (que originalmente estaba restringida al área metropolitana de Buenos Aires pero el jueves se extendió a todo el país) hace que se vuelva más difícil acceder a los hospitales tanto para la población que necesita atenderse como para quienes trabajan allí. La tensión que disparó rumores sobre un posible riesgo para la cohesión del país tal como lo conocemos, sumada a la respuesta irreflexiva del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante un video viral, aumentan las inequidades en el acceso a la salud. Según el lugar donde viva una persona, tendrá más o menos probabilidades de obtener una atención oportuna para sus problemas de salud.
Desde el Ministerio de Capital Humano de la Nación se tomaron dos medidas que, bajo la excusa de la transparencia, afectan la salud de las partes más vulneradas de la población. Por un lado, con un alcance masivo, dejaron de enviarse las partidas destinadas a los comedores populares, comprometiendo la alimentación de millones de personas, especialmente niñas y niños. Por otro, se cerró la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que proveía de ayuda a personas que solo contaban con la cobertura estatal en salud y que necesitaban algún tratamiento especial por padecer cáncer, una enfermedad crónica discapacitante o alguna situación aguda que requiriera algún insumo que no estuviera disponible en ninguna parte del sistema de salud. En ambos casos, la sospecha de irregularidades en la administración de los fondos sirvió de excusa para cortar prestaciones tan importantes que pueden definir la vida o la muerte.
El miércoles, diputadas y diputados de La Libertad Avanza ingresaron por mesa de entradas un proyecto para derogar la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo. Sin importar la reducción de la mortalidad de mujeres por abortos observada desde que la ley comenzó a implementarse, se montaron en argumentos morales y religiosos disfrazados de ciencia y derecho para proponer una modificación de los artículos 85, 86 y 88 del Código Penal con una visión más punitiva, conservadora e impiadosa que la que estuvo vigente entre 1921 y 2020. Además de devolver al aborto provocado el estatus de delito, elimina como causales de aborto no punible la violación y el riesgo para la salud de la persona gestante. El movimiento de mujeres no tardó en hacerse escuchar y es seguro que, en caso de avanzar esta iniciativa, se reorganizará para defender los derechos conquistados.
A los problemas provocados desde el gobierno se le suman el crecimiento de los casos de COVID-19, Dengue y encefalitis equina del oeste y la aparición de un caso de sarampión en la Ciudad de Buenos Aires. El futuro de cada uno de estos problemas depende en primer lugar de la forma en que los Estados nacional, provinciales y municipales junto a otras organizaciones del pueblo puedan articular su accionar para garantizar el acceso a las medidas preventivas y terapéuticas. En segundo término, es necesario que continúe desarrollándose la actividad científica y tecnológica que permita encontrar nuevas alternativas para la promoción, el diagnóstico y el tratamiento. Por último, será necesario defender en los foros, la academia, el Parlamento y las calles que el acceso a la salud es un derecho humano y no un servicio comerciable.
Leonel Tesler es médico especialista en psiquiatría infanto-juvenil. Presidente de Fundación Soberanía Sanitaria y Director del Departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte de la Universidad Nacional de José C. Paz.