La eliminación del Ministerio de Salud de la Nación y su subordinación al Ministerio de Desarrollo Social representa un profundo retroceso en la política sanitaria argentina así como en las condiciones de vivir, enfermar y de morir de la población, fundamentalmente de aquellos sectores más vulnerados y empobrecidos por un sistema social que reproduce dramática y violentamente las desigualdades sociales.

La desjerarquización del Ministerio de Salud a Secretaría expone aspectos simbólicos, políticos y de financiamiento en desmedro de toda la población argentina y va contramano de la propia historia nacional. En el aspecto simbólico, la eliminación del Ministerio de Salud, así como el de Trabajo y el de Ciencia y Tecnología desnuda el valor que el gobierno actual asigna a estas áreas, reconocidas en la Constitución Nacional como Derechos Humanos, y su absoluta irresponsabilidad al seguir vulnerando derechos sociales históricamente conquistados.

Las necesidades de las poblaciones más vulnerables y las políticas necesarias para su abordaje son una vez más excluidas de la agenda política del gobierno nacional, en un contexto de crecimiento de la pobreza y la desocupación. Desde el punto de vista político, esta medida aniquila el poder y las capacidades de decisión del órgano rector de la política sanitaria nacional y lo subordina jerárquica e institucionalmente. Respecto del financiamiento, existe la certeza de un recorte presupuestario que amenaza la continuidad de los y las trabajadoras, las campañas, los programas y los insumos, lo que redundará en una caída de los s indicadores de salud alcanzados en los últimos años y amenazando la vida de todos los argentinos.

Tierra del Fuego no es ajena a este perverso modelo neoliberal de exclusión social. Por el contrario, presenta embates permanentes por parte del gobierno nacional que afectan al ejercicio de los Derechos Humanos básicos como el trabajo, la educación, la salud, la vivienda, así como la soberanía política y territorial. La condición insular y de aerodependencia de la provincia agrega exigencias particulares en la organización y desafíos a los efectores del sistema público de salud, agravados por esta coyuntura.

El profundo deterioro en materia de trabajo y cobertura social será una nueva contribución a la sobrecarga y colapso de los hospitales públicos, los cuales con escasos recursos económicos y reducidos equipos de atención deben prestar asistencia a poblaciones cada vez mayores.

El Ministerio de Salud de la Nación ejercía 42 misiones y funciones (asesoramiento, regulación, capacitación, certificación, habilitación, fiscalización y reglamentación) en todo el territorio nacional y alcanzaba a todos los subsistemas del Sistema Nacional de Salud garantizando el cuidado integral de toda la población. El rol de rectoría en el sistema, a través de la vigilancia epidemiológica, de la construcción de información estadística, promoción de la salud, prevención y asistencia de enfermedades, tratamientos, tecnologías, insumos, capacitación a los agentes de salud, respondía aún con deudas pendientes, a una plataforma de universalidad y equidad en el acceso de toda la población del país a los sistemas y servicios de salud, independiente de su condición social y económica.

Las provincias cuentan con distintos presupuestos y capacidades locales para gestionar la complejidad del campo sanitario, aspectos importantes especialmente en el caso de las provincias con menores ingresos. Tierra del Fuego, por condiciones históricas y otras de carácter coyuntural, carece de políticas de salud genuinas, generadas a partir del reconocimiento local de las necesidades sociales. Además, carece del suficiente poder político-financiero y organizaciones científicas y académicas en el territorio que puedan sustentar y supervisar a los equipos de gestión provinciales en el diseño e implementación de políticas de salud. Por el contrario, el Ministerio de Salud Provincial ejecuta exclusivamente planes, programas y recursos de la órbita nacional destinadas a patologías y poblaciones específicas.

Si bien el impacto local de esta decisión nacional no puede anticiparse con certeza, sí podemos inferir que el cierre del Ministerio de Salud de la Nación no representa ningún avance para el conjunto social. Por el contrario, representa un violento retroceso, en un momento crítico del país. Más aún, el profundo deterioro en materia de trabajo y cobertura social de numerosas familias será una nueva contribución a la sobrecarga y colapso de los hospitales públicos, los cuales con escasos recursos económicos y reducidos equipos de atención deben prestar asistencia a poblaciones cada vez mayores, afectando indefectiblemente la calidad de la atención.

La visionaria decisión política de un sistema federal de salud promovió el surgimiento del Ministerio de Salud de la Nación de la mano del Dr. Ramón Carrillo. Numerosos autores del campo social, jurídico y sanitario han desarrollado extensas teorías acerca de la salud como Derecho Humano fundamental –no como mercancía- y la obligación del Estado como su garante. En estos días hemos escuchado reconocidos sanitaristas explayarse en relación al anuncio presidencial que explicita una nueva receta del FMI para vulnerar la vida de los argentinos. Esto no hace más que aumentar la incertidumbre respecto de las posibilidades de reproducir nuestra propia existencia, de ejercer dignamente nuestros derechos y del continuo corrimiento del Estado en la protección de un bien social como la salud colectiva. Si no hay Estado presente, ¿qué hay? Sin dudas lo que queda es mercado para pocos y abandono para muchos. Quienes somos parte activa del sistema público de salud como trabajadores y trabajadoras estamos convencidos de que la política estatal en materia de salud debe garantizar la accesibilidad y la equidad en el cuidado integral de la salud.

¿Qué sucede cuando el Ministerio de Salud deja de constituirse como tal, cuando deja de ejercer su rol de rectoría del sistema de salud, deja de contar con capacidad para tomar decisiones y disponer de presupuesto propio? La década del ‘90 y la explosión del 2001 son el testimonio más evidente de las secuelas que puede dejar esta situación. La política de salud es el núcleo mismo de la política social, es la política activa, la intervención directa con presupuestos y acciones que atiendan las condiciones de vida de las poblaciones: condiciones laborales, ingresos económicos, alimentación, situación habitacional, acceso al agua de buena calidad, saneamiento y entorno saludable, entre otras.

• Reivindicamos la presencia activa y la responsabilidad indelegable del Estado argentino en garantizar el sistema de salud.
• Defendemos la salud pública, gratuita, de calidad y como derecho humano básico.
• Reconocemos al Ministerio de Salud de la Nación en su total jerarquía como el único órgano indicado para ejecutar la Política de Salud Nacional.

Como Trabajadora Social del Hospital más Austral de nuestro país me sumo al reclamo de tantas y tantos compañeros y colegas, organizaciones, asociaciones profesionales y científicas de todo el país repudiando la decisión del Presidente de la Nación, solicitando la rejerarquización del Ministerio de Salud de la Nación y la defensa irrestricta de la salud pública.

· María Gabriela Etienot · 

Licenciada en Trabajo Social