Durante las dos últimas décadas, las comunidades organizadas afectadas por las enfermedades, las organizaciones de la sociedad civil y también gobiernos del Sur Global hemos venido elevando cada vez más nuestras voces para expresar nuestras preocupaciones en torno al proceso de apropiación privada de los bienes sociales a través de la protección de la propiedad intelectual. Este fenómeno ha sido impulsado por países industrializados en representación de los intereses de las corporaciones económicas mundiales a través de la firma de acuerdos internacionales.

En especial el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual vinculados con el Comercio (ADPIC), firmado por más de 180 países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994, ha globalizado los más altos estándares de protección de la propiedad intelectual, y ha transformado a los bienes sociales en mercancías, como una forma de colocación de los mismos en la más alta agenda del comercio mundial a la vez de dificultar la protección de los Derechos Humanos.

La globalización de las reglas de propiedad intelectual ha reducido el espacio para la implementación de las políticas públicas cuyo objetivo es aumentar el acceso a conocimientos y a bienes esenciales tales como los bienes culturales, los alimentos y los medicamentos. En particular, en el caso de los medicamentos, a pesar que existen instrumentos legales que permiten a los Estados intervenir para “flexibilizar” los derechos exclusivos que otorgan las patentes farmacéuticas, hemos venido experimentando de forma permanente las represalias políticas y económicas sobre los Estados que han hecho uso de tales derechos soberanos para proteger la Salud Pública.

El Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual vinculados con el Comercio, firmado por más de 180 países miembros de la Organización Mundial del Comercio en 1994, ha globalizado los más altos estándares de protección de la propiedad intelectual, y ha transformado a los bienes sociales en mercancías, como una forma de colocación en la más alta agenda del comercio mundial a la vez de dificultar la protección de los Derechos Humanos.

Este es el caso actual de la República Argentina. La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) y 26 compañías farmacéuticas extranjeras que adhieren a la demanda están persiguiendo judicialmente la anulación de las llamadas “Guías de Patentabilidad”, una importante política pública adoptada en el año 2012 que busca proteger el interés público y la salud. Las Guías proveen de lineamientos específicos que deben ser aplicados a la hora de analizar si una patente merece o no ser otorgada a la luz de la ley nacional vigente. Esta política, que es elogiada en el mundo, evita con efectividad práctica monopolios sobre medicamentos esenciales, promueve el desarrollo y la producción de tecnologías médicas a nivel nacional y la competencia en el mercado interno de medicamentos en versiones genéricas a precios más asequibles que los productos patentados.

En la región, Brasil también enfrenta un ataque judicial de similares características contra una política pública fundamental para la protección de la Salud de su población. Interfarma, la Cámara que nuclea a las compañías farmacéuticas multinacionales en Brasil, ataca judicialmente el examen conjunto de solicitudes de patentes farmacéuticas, dispuesto por ley, en el que la autoridad regulatoria ANVISA participa del análisis y aprobación de solicitudes juntamente con la oficina de patentes de ese país. Este instrumento legal asegura que solo se otorguen patentes en casos muy específicos en los que se demuestre que existe genuina innovación en la invención de tecnologías médicas con las que tratar y curar las enfermedades. Descartando así toda posibilidad de que se otorguen monopolios legales sobre desarrollos tecnológicos meramente incrementales.

Estos ataques judiciales de las corporaciones farmacéuticas multinacionales no son nuevos. El Estado sudafricano también fue atacado a comienzos de este siglo cuando Nelson Mandela encaminó una política pública para asegurar el acceso universal a los medicamentos.  El ataque pudo ser desmantelado gracias al esfuerzo internacional de las organizaciones civiles y personas afectadas que hicieron evidente la escandalosa maniobra que las compañías efectivizaban para proteger sus negocios a costa de la vida de millones de personas que necesitaban de los medicamentos para salvar sus vidas. El caso judicial de la compañía suiza Novartis contra la República de la India también es un ejemplo del actuar inescrupuloso de las corporaciones. En el mes de abril de 2013, luego de 7 años de litigio, la Corte Suprema de India puso in al conflicto fallando a favor de la Salud Pública y defendiendo la sección 3 “d” de la ley india de patentes adoptada para evitar monopolios sobre medicamentos.

En el plano global, las organizaciones internacionales han producido un sinnúmero de informes, resoluciones, y recomendaciones a los países sobre la adopción de medidas legales que son parte del sistema de patentes, y que pueden ser utilizadas para contrarrestar el impacto negativo de las mismas sobre el Derecho a la Salud.

Con la crisis global también los países industrializados han comenzado a enfrentar obstáculos para la provisión de medicamentos esenciales para su propia población.  El debate público en torno al Acceso a Medicamentos y la propiedad intelectual tomó un nivel político mayor, y recientemente el saliente Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, conformó un Panel de Alto Nivel sobre Acceso a Medicamentos con el objetivo de generar recomendaciones que propongan soluciones a la incoherencia existente entre los derechos de los titulares de patentes y el sistema de los Derechos Humanos.  Durante el proceso de amplia consulta implementado por el Panel de Alto Nivel se recibieron poco más de 180 “contribuciones” de distintos sectores incluidos los gobiernos y organizaciones relacionadas, la industria y el sector privado, la sociedad civil y los grupos de personas afectadas por las enfermedades, la academia y “think tanks” como así mismo de las organizaciones internacionales y expertos independientes.

Hubo contribuciones que centraron sus recomendaciones en modificar progresivamente los modelos de investigación y desarrollo y otras que, desde mi punto de vista, son las más adecuadas en términos del momento histórico de crisis del sistema de patentes, las contribuciones que proponen la reforma del sistema, y que siguiendo las recomendaciones de la Comisión Global del SIDA y la Ley, proponen un periodo de transición en el que se suspenda el ADPIC para las tecnologías médicas. A pesar de la enorme presión política recibida por parte de las corporaciones farmacéuticas y algunos gobiernos actuando en representación de sus intereses, el informe final del Panel de Alto Nivel pudo ser publicado en septiembre de 2016.

Una vez más, el informe del Panel recomienda la adopción de distintas medidas que se encuentran incluidas en el sistema actual de patentes, aquellas que, como señalamos, son sistemáticamente atacadas por las corporaciones farmacéuticas y los gobiernos que las representan. Es decir, la humanidad tuvo una oportunidad pocas veces vista de avanzar en la recuperación de los bienes sociales como son los medicamentos y las tecnologías médicas pero la influencia del poder económico logró frenar ese paso.

De todas formas es importante que el informe del Panel de Alto Nivel, ponga nuevamente como recomendación central que los países hagan pleno uso de las Salvaguardas de Salud, como así mismo ponga énfasis en la necesidad de que los países inviertan en nuevos modelos de innovación lo que resulta fundamental para lograr los objetivos de la Agenda Global para el Desarrollo Sustentable 2030 firmada por más de 193 países en la que se incluyen objetivos ambiciosos sobre acceso universal a la Salud.

· Lorena Di Giano ·

Es abogada especialista en Derechos Humanos y VIH-SIDA, agente de la Propiedad Industrial, directora ejecutiva de Fundación GEP y coordinadora general de RedLAM. Además es miembro del Comité de Expertos del Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Acceso a Medicamentos e Innovación.