Las medidas implementadas por el gobierno de La Libertad Avanza muestran una tendencia preocupante que va en contra de la inclusión y la convivencia social, alineándose con discursos de odio y apostando por la fragmentación social. Entre estas medidas, se destacan el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Estas acciones, junto con la falta de inversión en programas de apoyo, la reducción de subsidios y la reestructuración administrativa, están limitando el acceso a servicios esenciales para las personas con discapacidad.
En Argentina, el Censo Nacional de 2022 no incluyó la recolección de datos sobre discapacidad, información fundamental para desarrollar políticas y presupuestos que respondan a las necesidades reales de este colectivo. A pesar de esto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) realizó una encuesta que reveló que el 10,2% de la población vive con alguna forma de discapacidad, lo que equivale a aproximadamente 4,5 millones de personas. Este porcentaje subraya la importancia de implementar políticas inclusivas que consideren las necesidades de este grupo significativo de la población. Además, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) señala que el 20% de estas personas enfrentan barreras significativas para acceder a la educación y el empleo, y el 30% tiene dificultades para acceder a servicios de salud adecuados.
El Cierre del Ministerio de las Mujeres y del INADI
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado en 2019, ha sido crucial en la promoción de políticas inclusivas y en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en cuanto a la igualdad de género y la accesibilidad. Durante su existencia, este organismo implementó programas específicos para asegurar que las personas con discapacidad tuvieran acceso a servicios y oportunidades equitativas, abordando tanto barreras físicas como sociales. La labor del ministerio ha sido fundamental para garantizar que las políticas de inclusión no solo se enfoquen en eliminar barreras físicas, sino también en transformar las actitudes sociales hacia la discapacidad, promoviendo un entorno más inclusivo y equitativo para todos (Rosato, 2023).
Por su parte, el INADI, establecido en 1995, ha desempeñado un rol importante en la lucha contra la discriminación en todas sus formas, incluyendo la que afecta a las personas con discapacidad. Su cierre implica la desaparición de una entidad clave en la recepción y tratamiento de denuncias de discriminación, así como en la promoción de campañas de sensibilización y educación sobre los derechos de estos ciudadanos. El cierre de estos organismos no solo debilita el marco de protección existente, sino que refleja una tendencia preocupante hacia la desintegración social y la pérdida de derechos fundamentales (Skliar, 2023).
La posible eliminación de la regulación estatal sobre el Sistema de Prestaciones Básicas en Discapacidad.
Recientemente, se ha filtrado un proyecto de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que transformaría radical y negativamente el sistema de prestaciones básicas que garantiza el cuidado y la salud integral de las personas con discapacidad al retirar la regulación estatal del sistema.
Para comprender la magnitud del cambio propuesto, es esencial examinar cómo funciona actualmente el sistema bajo la Ley 24.901. Esta ley establece que la cobertura total de las prestaciones necesarias para las personas con discapacidad debe ser garantizada por tres financiadores: la Superintendencia de Servicios de Salud (que regula las obras sociales y prepagas), Incluir Salud (un programa federal que brinda cobertura médico-asistencial a todas aquellas personas titulares de pensiones nacionales no contributivas), y el PAMI. Las prestaciones incluyen servicios esenciales como centros de día, escuelas especiales, cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos, transporte y diversos tratamientos terapéuticos, cuyos costos son fijados por un nomenclador común elaborado por un Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Este sistema es básico en la búsqueda de igualdad de acceso y calidad en las prestaciones y servicios de salud para personas con discapacidad.
No obstante, el sistema no está exento de dificultades. La economía argentina enfrenta una grave crisis que ha impactado directamente en el sector de la salud en general; y en materia de discapacidad, prestadores y profesionales a menudo deben esperar meses para recibir el pago por sus servicios, lo que ha llevado a algunos a cobrar a término a los usuarios o a trasladar los costos adicionales para llegar a los mínimos éticos profesionales, alejados de los valores establecidos por la ANDIS. Las instituciones enfrentan dificultades para mantener servicios con aranceles desfasados económicamente, mientras que las prepagas y las obras sociales presionan para reducir costos.
En este complicado escenario, la propuesta del gobierno de modificar la Ley 24.901 mediante un DNU surge sin una justificación clara y dista de ser una solución superadora. La eliminación de regulaciones estatales en sectores vitales como la salud y la educación lleva inevitablemente a una mayor desigualdad y exclusión (Stolkiner, 2022). Este cambio no beneficiaría a las personas con discapacidad ni a los prestadores, y afectaría a más de cien mil profesionales que trabajan en el sector, desde centros de rehabilitación hasta escuelas especiales y servicios de transporte.
La eliminación de la regulación estatal podría llevar a que los precios y valores de las prestaciones sean dictados por las fuerzas del mercado, como ocurrió en la década de los 90. Las prepagas, obras sociales, PAMI e Incluir Salud tendrían la libertad de establecer tarifas a su conveniencia, lo que podría resultar en un ajuste aún más severo de los recursos estatales.
La transferencia de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) al Ministerio de Salud.
La ANDIS ha sido, desde su creación en 2016, un organismo para la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad en Argentina, desarrollando políticas y programas adaptados a las diversas necesidades de este grupo poblacional, promoviendo la inclusión social y laboral.
La posible transferencia de la ANDIS al Ministerio de Salud podría impactar negativamente en las políticas, normativas y los programas relacionados con la discapacidad en el país basados en un modelo social, que considera la discapacidad como una construcción social. Este enfoque entiende la discapacidad como el resultado de las barreras y limitaciones impuestas por la sociedad, en lugar de una deficiencia intrínseca del individuo (Pineda, 2023).
En contraste, el modelo médico de la discapacidad, que ha dominado históricamente, trata la discapacidad como un problema individual que debe ser «corregido», centrándose en el déficit del individuo en lugar de abordar las barreras sociales (Rovere, 2023). Mientras que el modelo médico se enfoca en tratar las deficiencias del individuo, el modelo social enfatiza que las barreras y la falta de accesibilidad son los verdaderos problemas que limitan la participación y la inclusión.
Es importante señalar que las organizaciones sociales que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad en todo el país, tanto de primer como de segundo grado, están movilizadas y en un permanente estado de alerta para reclamar que estas medidas no se lleven a cabo. Solicitan al gobierno que no avance con este tipo de acciones que quitan derechos adquiridos constitucionalmente y que contradicen legislaciones alineadas con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (ONU).
La ANDIS ha recibido a estas organizaciones en un par de ocasiones mediante reuniones virtuales y ha mostrado mucha cordialidad al escuchar sus demandas, reconociendo que se han filtrado posibles decretos de necesidad y urgencia (DNU) que, gracias a los reclamos, no se han concretado. De acuerdo con las manifestaciones de los directivos de más alto nivel de la Agencia, la implementación de políticas públicas se encuentra demorada mientras las auditorías sobre la gestión del gobierno anterior están en proceso.
En conclusión, es necesario reafirmar que la salud, un derecho humano fundamental, debe ser una construcción comunitaria accesible para todos. Sin embargo, la eliminación de las regulaciones estatales amenaza con aumentar la desigualdad y privar a las personas con discapacidad de los servicios básicos necesarios para una vida digna. Este escenario nos plantea un debate crucial sobre la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos de todas las personas y, en particular, de la población con discapacidad. ¿Es justo que el mercado dicte los términos de acceso a la salud y los servicios esenciales? ¿Cómo puede la sociedad avanzar hacia un modelo inclusivo que reconozca la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y justicia social?
Estos son los dilemas que invitan a una reflexión sobre nuestro papel como ciudadanos en la dirección que está tomando Argentina para garantizar que la salud y la inclusión social sean verdaderamente accesibles para todos.
En este sentido, la educación sobre el modelo social de la discapacidad es determinante en todos los niveles. Este enfoque, en contraste con el modelo médico hegemónico que se centra en el tratamiento y la «normalización» de las condiciones individuales, aboga por la salud como un derecho humano integral basado en los determinantes sociales. Esto implica que la salud y el bienestar dependen no solo de la atención médica, sino también de factores como la educación, el empleo, el acceso a servicios y un entorno físico y social accesible. Por lo tanto, es fundamental que los legisladores y funcionarios estén capacitados en esta temática para formular leyes y políticas que realmente aborden la problemática.
Quizás es tiempo de implementar una capacitación obligatoria para todos los trabajadores del Estado, similar a la Ley Micaela en cuestiones de género, para asegurar que todos los niveles de gobierno y administración pública comprendan y apliquen el modelo social de la discapacidad. Esta capacitación no solo mejoraría la calidad de los servicios ofrecidos a las personas con discapacidad, sino que también fomentaría un entorno más inclusivo y accesible en todos los aspectos de la vida pública, reconociendo y respetando el derecho a la salud en su sentido más amplio y humano, promoviendo las condiciones para la construcción del lazo social en una sociedad equitativa.
Referencias
- Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). (2023). Informe Anual de Situación de las Personas con Discapacidad en Argentina. Buenos Aires: ANDIS. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/andis
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2022). Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2022. Buenos Aires: INDEC. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/
- Pineda, Ó. L. (2023). La discapacidad como construcción social: Una revisión crítica. Buenos Aires: Editorial de Ciencias Sociales.
- Rosato, M. E. (2023). Inclusión social y políticas públicas: Desafíos y oportunidades en Argentina. Buenos Aires: Editorial Universitaria.
- Rovere, M. (2023). El modelo médico hegemónico: Críticas y alternativas desde la salud pública. Buenos Aires: Editorial de Ciencias Sociales.
- Skliar, E. (2023). Educación inclusiva y justicia social en América Latina. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Stolkiner, D. (2022). «Desregulación estatal y sus efectos en la salud pública». En Revista de Salud Pública.
Verónica Landó es Operadora en Psicología Social por el Instituto de Estudios Superiores “San Antonio”. Profesora de Pedagogía por la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Diplomada en Políticas Sociales para la Gestión y el Desarrollo Local por la Universidad Nacional de Entre Ríos y en Gestión en Salud por Universidad Nacional de Avellaneda & Fundación Soberanía Sanitaria.
Pablo Recchia es Co fundador y referente de la Red Argentina T21, Presidente de Fundación Incluir de Gualeguaychú y representante de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina.