“Se descubrió una actividad fraudulenta por casi 3.500 millones de dólares” anuncia el vocero presidencial en su conferencia de prensa, haciendo referencia al resultado de la auditoría sobre el proceso por el cual se otorgaron pensiones no contributivas por invalidez durante los gobiernos previos.
Rápidamente sus dichos fueron replicados y difundidos por los medios de comunicación tradicionales y redes sociales. En los artículos publicados por la prensa, las noticias estaban acompañadas por la imagen correspondiente a la radiografía de un perro, imagen que había sido presentada por el vocero presidencial como parte del expediente de una pensión aprobada y como prueba indiscutible del “descontrol” de los gobiernos anteriores.
En menos de 48 hs el polémico caso de la pensión que supuestamente había sido otorgada de manera fraudulenta, fue desmentido por el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, mediante la publicación en sus redes sociales de la resolución del expediente que evidenciaba la negativa sobre la solicitud de dicho trámite. La respuesta probablemente posea menos eficacia que la radiografía del perro. Es la lectura versus la foto, en una era donde prima la imagen.
El tratamiento mediático sucede dejando en segundo plano que el sujeto afectado por las decisiones políticas es la persona con discapacidad y en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Se produce en la arena pública casi el mismo fenómeno discursivo de mediados de año 2017, cuando el gobierno de Cambiemos dió de baja 70.000 pensiones, basados en lo que llamaban inconsistencias en los criterios de su otorgamiento. Casi el mismo fenómeno, por esos tiempos aún no aparecía el cinismo como principal tono de la voz estatal y la vergüenza aún formaba parte del velo del lenguaje.
Breve repaso sobre la evolución del sistema de pensiones
Las pensiones no contributivas por invalidez tienen como objetivo acompañar a personas con discapacidad que se encuentren en una situación de vulnerabilidad social que les impide acceder a una plena inclusión.
En Argentina se estima que más de 3.5 millones de personas mayores de 6 años tienen alguna dificultad en la actividad y de ellas, sólo tres de cada diez tienen certificado de discapacidad (INDEC, 2018). En el estudio realizado por el INDEC, la dificultad es conceptualizada como una limitación sobre las actividades de la vida cotidiana (alimentación, higiene, locomoción, etc.) que se produce en la interacción entre la persona con una condición de salud y los factores del contexto. Esta definición se corresponde con la establecida por la Organización Mundial de la Salud y su carácter situado responde al modelo social de la discapacidad, paradigma que comprende la discapacidad no como algo propio de la persona, sino como un producto del encuentro entre una condición de salud y el contexto. Es en ese encuentro en donde la condición se encuentra con barreras idiomáticas, culturales, de infraestructura, etc. que producen la limitación para la inclusión plena de la persona en lo social.
En lo que refiere al sistema de pensiones por invalidez y su evolución, hasta el gobierno de Nestor Kirchner existía un cupo para el otorgamiento de las mismas. Su determinación no se correspondía con un criterio sanitario ni social, sino que respondía a los requerimientos fiscales de la visión económica de los gobiernos de aquella época: “implicaba que esta política no estaba pensada en clave de derechos sociales, sino que estaba diseñada centralmente con un criterio de contención del gasto fiscal” (Schipani et al, 2021). Mientras esta modalidad estuvo vigente solo se podía acceder a una pensión cuando se daba de baja un beneficiario, algo que generalmente ocurría por fallecimiento.
Entre los años 2003 y 2015 es evidente que la tendencia muestra un incremento notorio. En términos generales, se debe a una política de ampliación de cobertura enmarcada en el paradigma de Derechos Humanos, que incluyó actualizaciones en el presupuesto asignado y en los criterios de otorgamiento. Específicamente el aumento se correlaciona con la modificación del régimen en el año 2003, mediante la cual es eliminado el cupo de pensiones. Medida que disminuyó las barreras de acceso al sistema de protección social para la población.
Avanzada la gestión de Cambiemos, el número de pensiones no contributivas por invalidez presentó una disminución. El fenómeno merece un acercamiento: en el mes de junio del año 2017 se anunció públicamente una baja automática de casi 70 mil pensiones, argumentando que se habían detectado “serias irregularidades” en el procedimiento por el cual se otorgaron. El hecho generó una serie de movilizaciones sociales en repudio a la medida y su desenlace finalmente culminó con una declaración de inconstitucionalidad emitida por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, al dar lugar a un recurso de amparo presentado por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
Como parte de la resolución del conflicto, en septiembre del mismo año el gobierno creó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Un órgano descentralizado bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, cuyo objetivo era otorgar jerarquía política e institucional a la temática discapacidad. Hasta julio del corriente año, se encontraba a su cargo el diseño, coordinación y la ejecución de las políticas públicas de la materia, concediendo autonomía y presupuesto al abordaje de la discapacidad. La medida se había constituido como un avance, dado que funcionaba como un ámbito que permitía un abordaje de manera integral. Su reciente inclusión por parte del gobierno actual como un área dentro del Ministerio de Capital Humano constituye una medida regresiva que tiene un sentido opuesto al promovido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, tratado que posee jerarquía constitucional desde el año 2014.
Finalmente, en el año 2023 se establece el Certificado Medico Oficial (CMO) y la evaluación socioeconómica como requisito para el acceso a las pensiones, criterios que continúan vigentes al día de hoy.
Un hecho de discurso
Una investigación (Venturiello y Coscia, 2021) sobre el tratamiento mediático que tuvo la baja automática de pensiones del 2017, arroja resultados para pensar los hechos en continuidad con el presente. El trabajo evidencia como en uno de los principales diarios del país, sus titulares, imágenes e infografía respondían a la idea de la “industria de la discapacidad”. Una línea editorial tendiente a asociar las inconsistencias identificadas con una supuesta falta de control intencional sobre el uso de los recursos públicos y la existencia de clientelismo político por parte del gobierno kirchnerista.
Las similitudes con el presente devienen evidentes, pero no idénticas. Los medios y redes sociales replican un lenguaje oficial donde prima el cinismo. Un lenguaje que, para abordar una problemática tan sensible como la de las personas con discapacidad, no tiene prurito alguno en el uso de la mentira como estrategia político-discursiva, con tal de producir indignación y confirmarle a quien esté dispuesto a oírlo, que el Estado no sirve. Cabe el interrogante sobre cuánto del cambio se debe a que la opinión pública de hoy día presenta más permeabilidad para este tipo de discurso. ¿Cuánto de lo que se dice, se dice porque puede ser escuchado?
Lo que sucede con las pensiones puede leerse como una expresión de algo más amplio, algo que excede a las intenciones del gobierno actual y que vino para quedarse, al menos por un tiempo. La crítica sobre el desarrollo de las políticas de Estado destinadas a minorías y grupos vulnerables está a la orden del día, no solo en nuestro país.
Parte de un posible análisis es preguntarse si una de las aristas del problema es la llegada tardía a la discusión de la insatisfacción democrática. Sobre las fallas de las democracias liberales modernas para dar respuesta a las demandas y necesidades de las sociedades en su configuración actual. ¿Cuanto de no haber promovido en la arena pública una discusión sobre el funcionamiento y mecanismos del Estado, se traduce en que ahora algunos actores no puedan salir de una posición defensiva y nostálgica? El abordaje de la discapacidad hace años es una arena en disputa que se evita poner en la agenda de discusión pública.
Hace tiempo que existen discusiones irresueltas sobre distintas aristas de esta temática. El abordaje desde un modelo social pocas veces estructura la atención sanitaria real de las personas con discapacidad y no tiene un correlato en términos de modelo de gestión que promueva su cumplimiento. Además, en el subsector de obras sociales existe un modelo de financiamiento que posee poca transparencia y carece de sustentabilidad (a corto plazo). Solo por enumerar algunos puntos. Una discusión aparte merece la construcción efectiva de ámbitos para la toma de decisiones que incluyan a las personas con discapacidad y los prestadores.
Los debates que no se dan dejan un lugar simbólico vacante a ser ocupados por discursos que van en detrimento de los derechos humanos y el propio Estado.
Tal vez sirve pensar que lo que sucedió hace unos días merezca más que una respuesta en un twitt, que en poco tiempo pasará al olvido. Tal vez es necesario promover lecturas que contemplen lo sucedido no como un hecho aislado, sino en relación a otros eventos recientes como la posible desregulación del sistema de prestaciones básicas, la desjerarquización de la Agencia Nacional de Discapacidad al ser absorbida por el Ministerio de Capital Humano y el recorte presupuestario. Como un acto más que tiene como objetivo construir un sentido que funcione como tierra fértil para avanzar en la implementación de políticas que atentan contra el Estado en su dimensión más esencial: la cosa pública, lo que es de todos.
Referencias
- Danani, Claudia (2016). Las políticas públicas del área de desarrollo social durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
- Schipani, Andrés; Zarazaga, Rodrigo y Forlino, Lara (2021). Mapa de las Políticas Sociales en la Argentina. Aportes para un sistema de protección social más justo y eficiente. Buenos Aires: CIAS + Fundar. Disponible en https://www.fund.ar/ y en https://www.cias.ar/.
- Venturiello y Coscia (2021). La quita de pensiones por invalidez laboral desde una aproximación mediática: representaciones privilegiadas en Clarín y La Nación.
Natalia Alvarez es Licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y maestranda en Política y Gobierno por la Universidad Nacional de San Martín.