Una cuestión de Salud Pública
Como su definición lo indica, en la edición anterior se detalló que la malnutrición engloba las carencias, los excesos y los desequilibrios entre lo que comemos y lo que necesitamos. En el año 2013, la OMS estimó en 42 millones a los menores de 5 años con obesidad y sobrepeso siendo éste un problema inicialmente de países de altos ingresos a generalizarse, al punto que su incremento en países de bajos ingresos es un 30% mayor y ocasionando mayor mortalidad que la desnutrición. Argentina ocupa el segundo lugar regional en obesidad en menores de 5 años, con cifras cercanas al 10%. Aproximadamente 1 de cada 3 niños y niñas en edad escolar padecen sobrepeso u obesidad, duplicando valores en sólo cinco años: del 3,2% en 2007, al 6,1%, en 2012 (Encuesta Mundial de Salud Escolar).
La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) proporciona información sobre aspectos relacionados con la nutrición a través de la evaluación de su frecuencia de consumo de diferentes grupos de alimentos, los hábitos alimentarios, la ingesta de nutrientes, la lactancia materna y sobretodo alimentación en los entornos escolares, políticas alimentarias, etiquetado nutricional, publicidad de alimentos, y actividad física, entre otras. La primera ENNyS fue realizada entre los años 2004 y 2005 exclusivamente en los niñxs entre 6 meses a 5 años, embarazadas y mujeres en edad fértil. A partir de 2018, se incluyó también a adolescentes y adultos. Los resultados indicaron que en nuestro país el 41,1 % de los chicos y adolescentes de entre 5 y 17 años tienen sobrepeso y obesidad, en una proporción de 20,7 % y 20,4% respectivamente, sin presentar diferencias por nivel socioeconómico.
¿Estado sí? ¿Estado no?
La ausencia de discriminación por nivel socioeconómico o sexo biológico en la la malnutrición es una novedad de la época, que posibilita la emergencia de un interrogante: ¿podría pensarse como una consecuencia casi directa de la sobreexposicion de la población frente a los alimentos ultraprocesados? La respuesta a esta pregunta, abre un marco de intervención especial, y posible, para la aplicación de políticas públicas.
La alimentación es una dimensión de la salud que se encuentra especialmente protegida por los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, lo que se traduce en una responsabilidad de los Estados no sólo de protegerla para evitar su vulneración, sino también de realizar medidas positivas para garantizarla como un derecho. En el caso de las infancias, se adiciona una especial protección por su condición de vulnerabilidad.
Por otro lado, la evidencia científica también evidencia que las políticas del Estado son necesarias para proteger la salud de la población, ya sea en el mercado de los alimentos a través de políticas fiscales, como en la publicidad y en el entorno alimentario. La exposición al marketing suele tener mucho más impacto en los niños que en los adultos y en aquellos con menor nivel socioeconómico, dado que son su principal destinatario. Esto genera una doble vulnerabilidad frente al consumo de alimentos y bebidas poco saludables, incrementada por la edad y la situación económica particular. Así, los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) a la alimentación, la salud, la educación y a la información son vulnerados constantemente, a diario consumen alimentos procesados y ultraprocesados cuya composición no está informada adecuadamente y porque son inducidos a su ingesta a través de publicidades disponibles incluso en sus entornos escolares.
Los comercios como kioscos y supermercados tienen un importante papel en la conformación de la oferta alimentaria, ya que son quienes proveen los diversos alimentos y productos a los consumidores. La literatura evidencia una correlación positiva entre la desregulación de los mercados y las ventas de productos con altos grados de elaboración. Dichas medidas tienden a favorecer a las grandes industrias alimentarias, facilitando el aumento de la producción, la venta y el consumo de productos altamente procesados. La fabricación transnacional de alimentos, la venta al por menor y las cadenas de comidas rápidas basan sus servicios en proporcionar productos con elevados grados de procesamiento, expandiendo así su oferta.
Una de las políticas públicas que tiende día a día a disminuir el impacto negativo del sobreconsumo es la Ley de Etiquetado Frontal (para más información sobre este punto recomendamos la lectura del Informe #68). Ésta facilitó una comprensión sobre los alimentos que se eligen para el consumo, brindando información nutricional de forma clara, precisa y oportuna. Genera que, al momento de tomar decisiones de compra, se modifique el consumo, favoreciendo una disminución en la compra de productos con sellos. A su vez, se observó que la industria alimentaria reformuló los productos comestibles, mejorando la calidad nutricional de la oferta.
Además de la evidencia científica, los instrumentos internacionales y los nacionales como la Ley 26.061 que engloba los derechos de NNyA, indican que todos los organismos del Estado tienen como prioridad proteger y auxiliar a las niñeces y adolescencias en cualquier situación y deben hacerlo con preferencia al resto de la sociedad. Recordando que ellos y ellas son un destinatario importante para la industria alimentaria, no sólo por su vulnerabilidad a la hora de elegir, sino también porque se convierten en la entrada del producto en la familia.
Jacqueline Motylski es médica y docente de la Universidad de Buenos Aires, realizando actualmente la especialización en Pediatría.
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