En 1949 se crea por ley el Ministerio de Salud Pública, con Ramón Carrillo como ministro de salud. En menos de una década mejoraron indicadores de morbimortalidad de la población como la disminución de la tasa de mortalidad infantil, el aumento de la esperanza de vida al nacer, la erradicación de enfermedades como el paludismo, la reducción de la incidencia de la sífilis y tuberculosis, entre otros logros. La premisa básica, arraigada en la corriente de la medicina social, fue la siguiente: la gente se enferma del lugar en donde vive, del trabajo que realiza y de los vínculos sociales que entabla con su entorno. Parece simple pero la voluntad política para transformar esa realidad ha sido difícil de sostener y compleja de traducir en políticas públicas.
Desde la epidemiología social y otras especialidades, se generó robusta evidencia sobre las consecuencias que tienen en la salud de las poblaciones los programas de ajustes estructurales drásticos (como los impuestos por organismos como el FMI y el Banco Mundial), cuya injerencia en la agenda de las naciones de países pertenecientes al sur global viene creciendo drásticamente desde los ‘90, al mismo tiempo que crece en la definición de la agenda de los organismos de salud internacionales como, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud.
La salud de las poblaciones no puede estar en manos del mercado, que persigue intereses comerciales. Solo el 2% de las inversiones en producción e investigación de las compañías farmacéuticas y corporaciones de tecnología médica transnacionales apunta a enfermedades relevantes para los países en desarrollo, tales como vacunas para malaria, esquistosomiasis, leptospirosis, medicamentos para combatir las enfermedades causadas por parásitos, insecticidas para controlar el vector. Estos mapas de inversión muestran la existencia de profundas inequidades en este campo, dando lugar a lo denominada “brecha 90/10”, que refiere al hecho de que menos del 10% de los fondos de las investigaciones en salud estén destinados a tratar los problemas que afectan al 90% de las personas en el mundo.
Estas asimetrías muestran la necesidad del papel ineludible que debe ocupar el Estado interviniendo activamente, ya que es la única garantía para la protección del derecho a la salud de todas las personas, especialmente las más vulnerables, sin importar las construcciones sociales tales como etnicidad, género, religión, clase social, estatus socioeconómico. El Banco Mundial no asocia a la salud como derecho social ni como ciudadanía, sino como un bien público global necesario para el desarrollo de un país asentado en una perspectiva biomédica.
Nos resistimos a sustraer los valores y principios éticos de los derechos humanos con relación al acceso a una salud soberana, pública y sobre la base de la justicia social. Estos valores permitieron construir históricamente políticas sanitarias que achicaron brechas en las desigualdades entre nuestra población, como lo ejemplifican las intervenciones de Carlos Malbrán en su lucha contra la peste bubónica, la lepra y la malaria y como impulsor de la vacunación obligatoria. Tampoco olvidamos en esta coyuntura a los que vinieron después de la creación del Ministerio, colocando en la agenda sanitaria a enfermedades desatendidas e invisibilizadas que generan pérdidas de años de vida cuando se las ajusta por discapacidad. En este sentido, defendemos el legado que en la salud pública nacional tuvieron las intervenciones de Ramón Carrillo en el paludismo, de Carlos Alvarado y José Penna en el paludismo y la malaria, de Arturo Oñativia en el bocio endémico, de Salvador Mazza en Chagas, o más recientemente René Favaloro y las enfermedades cardiovasculares, por nombrar solo algunos.
Desjerarquizar el Ministerio de Salud, llevándolo al rango de una secretaría que implica menos atribuciones que un ministerio y cuenta con menor presupuesto y personal, demuestra el poco interés que tiene el gobierno actual por la salud y sobre todo, por hacer llegar a quienes más lo necesitan las políticas sanitarias. Además, la supresión de políticas nacionales esenciales como el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación junto a la destrucción lisa y llana de programas nacionales, en un contexto de un sistema de salud fragmentado y desigualmente financiado de larga data, es un atentado directo que puede llevar a un desastre sanitario en medio de un acelerado proceso de aumento de la pobreza, indigencia, desocupación e inflación.
Abraam Sonis, en su discurso ante la Organización Panamericana de la Salud del 2001, remarcaba que el objetivo de mínima del sector salud debería ser no agravar las desigualdades que se dan la sociedad, que en las políticas de salud se traduce con programación adecuada, buena organización de servicios, cobertura total de la población, uso apropiado de tecnología, utilización racional de medicamentos, recursos humanos en salud capacitados, con medicina y atención de la salud y la enfermedad basadas en la evidencia, y con la participación de la población en todo los proceso y en todos los niveles de atención. Todo esto difícilmente podrá realizarse sin el organismo de rectoría por excelencia en prácticamente todos los países del mundo, el Ministerio de Salud.