El lunes 3 de septiembre del corriente año el presidente Mauricio Macri realizó un comunicado a la sociedad argentina con el supuesto objetivo de generar tranquilidad a la población y a los “mercados”. El contexto estaba enmarcado por una crisis financiera con alta depreciación del peso argentino y fuga de capitales, que demostraron una vez más la fragilidad del modelo económico elegido por el gobierno y validado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el día anterior, ya trascendía la noticia del cierre de varios ministerios, entre ellos el de salud, confirmada el mismo 03/09 a través de un comunicado de la Secretaría de Comunicación Pública de la Presidencia de la Nación. En su mensaje, Macri hizo especial énfasis en la necesidad de una política de austeridad, o por lo menos es lo que dejó transparentar a través de varias frases repetidas por él en ese y otros discursos:
“No podemos seguir gastando más de lo que tenemos.”
“Recibimos un Estado que gastaba mucho.”
“Tomé la decisión de reducir la cantidad de ministerios a la mitad… vamos a dar una respuesta más focalizada en el momento en que se vive.”
“El mundo nos dijo que vivíamos arriba de nuestras posibilidades.”
“Cualquier estrategia de desarrollo empieza por ahí, gastar menos de lo que recauda.”

El término austeridad viene del latín y está asociado a algo áspero o difícil. El austero es una persona considerada sobria, penitente y severa. Es aquel que se ajusta de manera rigurosa a las normas morales. En la jerga económica, las políticas de austeridad son las que trabajan bajo la lógica de aumento de algunos impuestos y tarifas pero, fundamentalmente, de la disminución del gasto público. Esta última se produce a través del achicamiento de la estructura estatal, recortes presupuestarios y aplacamiento o cierre de programas sociales, entre ellos, los de salud pública.

Existen otras alternativas frente a los problemas producidos por las crisis económicas, en donde al revés de la austeridad, se promueve el gasto público como uno de los motores de la recuperación económica.

Las políticas de austeridad son presentadas invariablemente como única salida posible para los países que enfrentan crisis económicas. Estas crisis son muchas veces generadas por los sistemas globales de especulación financiera, como la que empezó en el 2007 por las hipotecas subprime y que sigue repercutiendo actualmente en varios lugares del mundo.

Este tipo de política es justificada bajo la idea de que el recorte del gasto público genera una reducción del déficit fiscal y provoca una mayor “confianza” en el mercado, lo cual estimularía al sector privado a conducir el proceso de crecimiento de la economía. Evidentemente lo que se plantea es siempre la idea de gastar menos de lo que se recauda.

Sin embargo, existen otras alternativas frente a los problemas producidos por las crisis económicas, en donde al revés de la austeridad, se promueve el gasto público como uno de los motores de la recuperación económica. Las políticas de austeridad no son inocuas. Cuando Macri reafirma la necesidad de tomar “medidas antipáticas”, o que “precisamos aprender a vivir con lo que tenemos”, intenta, a través de eufemismos, preparar el terreno para los efectos que estas políticas producen, invariablemente, en las poblaciones.

Stuckler y Basu, en su libro “Por qué la austeridad mata: el coste humano de las políticas de recorte”, tratan de mostrar a través de investigaciones realizadas a partir de datos económicos y epidemiológicos, el costo humano de las políticas de austeridad. Estos autores indican que los recortes adoptados por algunos gobiernos frente las crisis económicas, se producen frecuentemente en las políticas de salud y protección social, lo que termina repercutiendo de manera negativa en la salud de la población, principalmente de los sectores más vulnerables, dejando secuelas traumáticas que van desde el empeoramiento de la calidad de vida hasta la muerte.

Para demostrar la viabilidad de otros tipos de salidas a las crisis, los autores toman el ejemplo de la política desarrollada por el gobierno de Franklin Roosevelt para contener los efectos producidos por el crack de la bolsa de Nueva York de 1929 (deuda de cerca de 300 puntos del PBI, desocupación, indigencia). El New Deal, como quedó conocida esta política, se consolidó a través del fomento estatal al crecimiento económico con inversiones a la construcción, provisión de alimentos, subsidios para la vivienda, etc. También tuvo un efecto muy positivo en la salud de la población de Estados Unidos, siendo que los estados que aplicaban esta política con mayor empeño, generalmente gobernados por los demócratas, registraron considerables bajas en la mortalidad de la población y menos problemas de salud, comparado con los estados gobernados por los republicanos, en este caso, en oposición al presidente Roosevelt.

Otro ejemplo emblemático trabajado por los autores del libro es el de la desintegración de la Unión Soviética. En los países de la ex URSS donde se aplicaron las políticas de recorte de manera radical y ortodoxa, buscando una implementación más rápida del capitalismo, los costos sociales y de salud fueron aterradores, como el abrupto aumento de la mortalidad de los varones en Rusia. En contrapartida, en los países que rechazaron este tipo de medidas y optaron por reformas más progresivas, sin desarmar los sistemas de protección social, se conservaron los indicadores sociales y de salud, incluso dentro de los sectores más vulnerables de la población. Además, los estudios realizados por los autores indican que en los países que optaron por las políticas de austeridad, el crecimiento económico fue mucho más lento que el de los que adoptaron otro tipo de medidas. Se puede decir que los sacrificios asumidos por los pueblos de los países que realizaron políticas de ajuste no se justificaron en función de los resultados alcanzados.

Los sacrificios asumidos por los pueblos de los países que realizaron políticas de ajuste no se justificaron en función de los resultados alcanzados.

Los casos de Islandia y Grecia conforman dos ejemplos de los efectos de la aplicación de políticas contrapuestas para solucionar las problemáticas producidas por las crisis económico-financieras. Estos países fueron golpeados fuertemente por la crisis del año 2007. Mientras el pueblo islandés se opuso rotundamente a las medidas de ajuste recomendadas por la comunidad europea y otros organismos internacionales, en Grecia se aplicó el recetario del FMI. Los resultados fueron muy claros: el fortalecimiento del sistema de protección social en Islandia posibilitó no solo el crecimiento del país y la salida de la recesión, sino que, incluso durante la crisis, permitió que los indicadores de salud de la población siguieran mejorando. El caso griego, más conocido, muestra resultados catastróficos, siendo que la crisis económica en ese país se profundizó a lo largo de los últimos años. Los datos sanitarios de Grecia indican que una gran proporción de su población se quedó sin asistencia médica; además, se pueden observar retrocesos en el perfil de morbimortalidad del país con el aumento de la prevalencia de personas con VIH, por ejemplo, y el resurgimiento de enfermedades como la malaria.

Estos datos indican que la elección de políticas de austeridad tiene un trasfondo profundamente ideológico. No hay ningún tipo de evidencia empírica que demuestre la efectividad de estas medidas, menos aún en función de los costos que los pueblos deben pagar durante su implementación. La idea de supremacía del mercado y de los mecanismos meritocráticos, que justifican las desigualdades, no dialogan en ninguna instancia con la de derechos humanos, democracia, solidaridad y justicia social. O sea, no hay políticas de ajuste con reales intenciones de beneficiar a las mayorías, sino una eterna promesa que nunca se cumple efectivamente.

Lo que termina por generar el gobierno, a través de medidas de austeridad como el cierre del Ministerio de Salud de la Nación, un actor que, con todas sus falencias, traccionaba políticas nacionales en el área de medicamentos, vigilancia epidemiológica, control de enfermedades inmunoprevenibles, calidad de los servicios, etc, es una idea de imposibilidad. Imposibilidad de que la salud sea un derecho, de que el Estado pueda ser el principal promotor de la salud en el país, de que los trabajadores tengan una referencia para su labor cotidiana, de que haya un actor con fuerza suficiente para imponer controles al mercado evitando la estricta mercantilización de la salud.

En este sentido, el pueblo argentino necesita -y seguramente lo hará- construir, como planteaba Jean-Paul Sartre, una imposibilidad a la imposibilidad, o sea, las acciones necesarias para que sea imposible que la salud deje de ser un derecho en nuestro país.

· Enio Garcia / Nicolás Kreplak ·

Farmacéutico y sanitarista / Médico clínico y sanitarista.

Ambos son integrantes de la Fundación Soberanía Sanitaria.