Cuando llegué por primera vez a Villa Inflamable, en el partido de Avellaneda, para trabajar en el centro de salud San Martín de Porres, sentí que algo gris me atravesaba. Gris como el olvido. Era 1999, preanuncio de una de las crisis más profundas de nuestro país. Humo espeso, hedor ácido, fábricas abandonadas, herrumbrosas. Pobreza y desnutrición. Piecitos descalzos, el comedor escolar siempre lleno. Montones de Juanitos Laguna cirujeando en la basura. Muchas mujeres sosteniendo lo imposible.

Eran tiempos difíciles. Se respiraba angustia e incertidumbre. El entorno laboral no escapaba a las condiciones generales. No recibíamos ni los insumos más básicos. Ni lavandina para limpiar la salita, ni gasas, ni vendas, ni papel higiénico. Por ese entonces, los vecinos se acercaban extrañados por las lesiones que sus hijos tenían en la piel, que la pediatría generalizaba bajo el nombre de impétigo, y que atribuía —de manera simplista— a las malas condiciones de higiene del hogar.

Desde el equipo de salud acordamos hacernos estudios de tóxicos dado que las largas horas compartidas denunciaban síntomas también compartidos. Molestias en los ojos, en el aparato respiratorio, en la audición, adormecimiento de miembros inferiores y superiores, sensación de letargo y astenia. Un olor ácido se apoderaba del lugar. Eran los fenoles, el benceno y el tolueno provenientes de las industrias localizadas en el Polo Petroquímico de Dock Sud, a escasos metros de la salita.

Finalmente, en 2004, un grupo de vecinos y profesionales de la salud presentamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) una demanda por daños y perjuicios a nuestra salud. Este grupo inicial era una muestra de un colectivo más amplio, que abarcó después no solo a lo población de Villa Inflamable, sino a toda la Cuenca del Matanza Riachuelo. En 2008, la Corte dictó sentencia, obligando a los demandados (gobierno nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nacional y a las cuarenta y seis empresas del Polo Petroquímico Dock Sud) a recomponer y sanear definitivamente la cuenca. Estipuló la creación de un organismo, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que debería ocuparse “en plazos perentorios” de esos menesteres que son muchos y muy complejos.

Desde el momento en que nos alertamos sobre la presencia de tóxicos en nuestros cuerpos, se fue dando un proceso interesante de sensibilización respecto de la contaminación ambiental. Sin embargo, a pesar de los talleres que se desarrollaban en las organizaciones comunitarias y de los resultados de los estudios que había realizado la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) -altos niveles de toxicidad proveniente de hidrocarburos-, para muchos todavía resultaba insuficiente para creer que sus cuerpos o los de sus hijos estuvieran afectados. Mientras que otros, cuyos hijos habían estado internados por tener plomo elevado, querían abandonar definitivamente el lugar.

Ciertos hechos fueron aglutinando pensares y sentires que devinieron en formas embrionarias de organización comunitaria. Algunos han sido hitos fundamentales de ese proceso. En diciembre de 2006, la CSJN le ordenó a ACUMAR que distribuyera diariamente bidones de agua potable en Villa Inflamable, dando por sentado que el agua de las canillas comunitarias contenía metales pesados y sustancias tóxicas, y por lo tanto enfermaba. El valor simbólico del agua en una zona en la cual, durante más de 50 años, muchos vecinos han tenido restringido el acceso al agua potable, llevó a una particular toma de conciencia. Así fue como, cada una de las veces que por diferentes razones la empresa no llegaba con el agua, se organizaban piquetes que impedían el acceso de los 500 camiones que a diario ingresan al Polo Petroquímico, hasta que se regularizara la distribución.

Molestias en los ojos, en el aparato respiratorio, en la audición, adormecimiento de miembros inferiores y superiores, sensación de letargo y astenia. Eran los fenoles, el benceno y el tolueno provenientes de las industrias localizadas en el Polo Petroquímico de Dock Sud, a escasos metros de la salita.

 

Las intervenciones de ACUMAR, por espasmódicas, por ineficaces, por su propia problemática interna y para con los municipios -con los que nunca terminó de acordar acciones comunes-, solo le trajeron descrédito. Frente a esto, los vecinos de la cuenca decidieron organizarse e interactuar con distintos actores: gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales (ONGs) e iglesias. Este tipo de trama vincular entre individuos y organizaciones configura redes sociales que son de suma importancia para los procesos de desarrollo comunitario, en tanto aumentan su capital social. Los “sin voz”, como fueron llamados, buscaron diferentes canales de comunicación.

Así se sumó a este proceso la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). En el marco de la “Causa Mendoza”, ACIJ promovió junto con los vecinos una acción de amparo colectivo, ante la Secretaría N° 5 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, por la falta de información y participación en el proceso de relocalización de los asentamientos habitacionales. También solicitó que se disponga de un sistema para que, de manera inmediata, continua, veraz y adecuada, se dé a conocer a los vecinos todas las acciones, disposiciones y resoluciones. Se requirió, además, que previamente a las decisiones y acciones vinculadas con la urbanización de los barrios, se adoptaran las medidas necesarias para favorecer la participación de los habitantes. Los demandados no podrían adoptar decisiones ni aprobar proyectos relativos a las relocalizaciones de los barrios Porst y Villa inflamable hasta tanto no se diera cumplimiento a lo exigido. El reclamo dio frutos y el Juez Jorge Rodríguez falló a favor de los vecinos. Este es un ejemplo de una tarea pertinente y eficaz llevada adelante por una ONG. Como intermediario aceptado, elegido y reconocido por los vecinos y vecinas, ACIJ dio voz a “los sin voz”.

Pero también hubo gestos destacables por parte de las autoridades de la Municipalidad de Avellaneda. Las Mesas de Gestión en Salud que el Secretario de Salud, Dr. Luis Parrilla, implementó en las unidades sanitarias, facilitaron en Inflamable un proceso de apropiación de la salud, de participación comunitaria y de empoderamiento de los más vulnerados, dado que ofrecían una instancia para el debate de los temas de interés general, para establecer prioridades y acordar soluciones.

En diciembre de 2006, la CSJN le ordenó a ACUMAR que distribuyera diariamente bidones de agua potable en Villa Inflamable, dando por sentado que el agua de las canillas comunitarias contenía metales pesados y sustancias tóxicas, y por lo tanto enfermaba.

 

Además fue clave el programa “Desde la Orilla”, que emitía Radio Gráfica, por FM 89.3, a través de la Asociación Mutual de la Sociedad Central de Arquitectos (AMSCA). Todos los miércoles de 12 a 14, su conductor, el arquitecto Gustavo Cañaveral, fue convocando a diferentes voces para dar cuenta de las vivencias de los habitantes de la cuenca.

Confinados en la exclusión

Quienes habitan Villa Inflamable viven de un modo similar a las comunidades rurales aisladas. Son comunidades con dificultades de acceso a necesidades básicas como alimentación, gas, electricidad, agua y saneamiento, y esto las hace particularmente sensibles a las condiciones determinadas por el entorno. Tal vez hablar de exclusión resulte más pertinente que hablar de aislamiento. La inequidad existente es económica, social y también ambiental. Son víctimas de procesos económicos, culturales y políticos que configuran modelos de producción que inciden en el proceso salud-enfermedad.

En cuanto a servicios de salud pública, el barrio cuenta también con la Unidad Sanitaria Ambiental (USAM). Si bien fue creada por ACUMAR como parte del Plan Integral de Saneamiento Ambiental, en la actualidad es testigo de un vaciamiento que abarca insumos, prestaciones asistenciales y personal de salud.

Lamentablemente, la existencia de los mencionados centros de salud no garantiza, per sé, la accesibilidad a la salud pública. El factor geográfico es también determinante a la hora de acceder al centro de salud, no solo por las distancias. “Generalmente los que más necesitan de los bienes y servicios sanitarios son aquellos que menos han podido elegir su destino geográfico”, sostenía Floreal Ferrara en 1987. Muchos años después, seguimos enfrentando las mismas dificultades. Aunque vale decir que, durante 2014 y 2015, ACUMAR subsanó en gran medida esta problemática. Las políticas implementadas desde la Dirección General de Salud Ambiental trajeron un cambio notable en el acceso a la salud de los catorce municipios de la cuenca. Mediante operativos territoriales de salud se ampliaron y complementaron las posibilidades de los centros barriales para brindar Atención Primaria de la Salud.

Por estos días, en los que el abandono de las políticas públicas por parte del Estado es moneda corriente, la organización y la participación se han fortalecido y han sumado nuevas voluntades, demostrando que no estamos dispuestos a dar marcha atrás en el camino recorrido. En mayo de este año, más de cuarenta organizaciones, que trabajamos por un Riachuelo saneado, nos reunimos y elaboramos un documento, que fue entregado a ACUMAR y al Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat), en el que interpelamos a la CSJN por el incumplimiento de su propia sentencia, a las ONGs que forman parte del Cuerpo Colegiado, por no ser representativas de los habitantes de la cuenca ni elegidas democráticamente, y a ACUMAR por sus postergaciones, incumplimientos, subejecución de presupuesto y falta de transparencia en la rendición de cuentas. Además, advertimos sobre las posibles consecuencias de los proyectos inmobiliarios que pretenden una extensión de Puerto Madero sobre la zona ribereña.

Quizá no han comprendido quienes detentan la autoridad y el poder, que muchas formas de violencia social son resultado de “procesos profundos de impunidad y resentimiento acumulados” como analizara, en 2001, la psicoanalista Silvia Bleichmar. Punto de no retorno para la cuenca.

 

· Beatriz Mendoza ·

Es psicóloga social y profesora de Geografía. Impulsó la causa por el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo.