Domingo 31 de marzo de 2024
¿Es válido hablar de la última dictadura cívico-militar, que comenzó hace 48 años y una semana, en un panorama semanal que pretende ser un análisis de la coyuntura? Vale la pregunta aunque la respuesta es fácil y rápida: sí. Le faltaría una parte importantísima al análisis si no se ubica lo que pasa hoy en el contexto histórico. Es algo que sucede a menudo cuando se describe el sistema de salud argentino: se habla de la fragmentación y de la segmentación, de la universalidad y del reconocimiento de la salud como derecho, de la desigualdad y de las tres partes que los constituyen (la estatal, la que depende de las obras sociales y la privada) como se describe algo que nació así y así quedó. Sin embargo, este sistema que tenemos hoy es el fruto de pujas, avances y retrocesos que raras veces lo tuvieron en el centro de la escena y adquirió su aspecto actual en un proceso que comenzó en de marzo de 1976.
Hasta el inicio de la dictadura, en la Argentina había pleno empleo y el sistema de salud estaba organizado alrededor del trabajo. No había sido siempre así. Si bien desde principios del siglo XX existieron experiencias de cuidados solidarios de la salud en el movimiento obrero organizado y a pesar de que Perón fomentó el desarrollo de algunas obras sociales sindicales, fue recién el dictador Onganía quien en sus últimos meses en el gobierno organizó el sistema de obras sociales pertenecientes a los sindicatos de cada rama de actividad privada, de afiliación obligatoria para todas las personas con trabajo registrado y financiadas por aportes de empleadores y trabajadores. Hasta ese momento, sólo contaban con algo parecido quienes trabajaban en el Estado Nacional y en los Estados provinciales. El subsector estatal, representado básicamente por los hospitales nacionales, provinciales y universitarios, atendía al pequeño porcentaje de la población sin obra social, funcionaba como referencia para la atención especializada de alta complejidad, alojaba la formación de profesionales y se ocupaba de la mayor parte de las larguísimas internaciones psiquiátricas. Lo privado se restringía por aquel entonces a los consultorios, clínicas, sanatorios y laboratorios de análisis clínicos y cobró especial impulso por aquella época porque proveyó a las obras sociales de casi la totalidad de sus prestadores.
Lo primero que sucedió cuando Videla y sus secuaces usurparon el poder fue la puesta en marcha del plan sistemático de destrucción del aparato productivo nacional. El cierre masivo de pequeñas y medianas industrias tuvo como consecuencia la expulsión de centenares de miles de trabajadoras y trabajadores del trabajo registrado y, por lo tanto, de las obras sociales. Así se inauguró un segmento de la población que nunca volvió a la formalidad y cuyos hijos y nietos siguen al margen del sistema. Es un 40% de lxs habitantes de este país que, además de no tener obra social, no tienen aguinaldo, aportes jubilatorios, indemnización por despido ni vacaciones pagas. Los sucesivos gobiernos democráticos fueron incapaces en 40 años de traerlxs de vuelta.
En segundo lugar, la atención de la población expulsada del sistema fue cubierta desde 1979 por el primer nivel de atención articulado con los hospitales estatales, en los inicios de la implementación de la estrategia de Atención Primaria de la Salud. El dispositivo fue diseñado e implementado como un sistema de salud para pobres, más precario que el resto del sistema de salud y lleno de obstáculos para el acceso.
Por último, entraron en escena con el aval de la dictadura las empresas de medicina prepaga. Continuando con la profundización de las desigualdades en todas las dimensiones de la vida, se montó este conjunto de seguros privados que se basa en dar más y mejores servicios a quienes tienen más capacidad de pago y menos riesgo de estar enfermos. Así se llegó a conformar el sistema de salud argentino tal como lo conocemos hoy.
En el marco de este sistema fragmentado, segmentado e injusto que nos legó la última dictadura pero con una capacidad de respuesta, es que continúa avanzando la peor epidemia de Dengue de la historia. A diferencia de las semanas anteriores, por primera vez se convocó desde el gobierno nacional al Consejo Federal de Salud (COFESA). Esta primera reacción tardía y tibia difícilmente pueda tener efectos sobre la evolución de la cantidad de casos y muertes pero podría ser un buen indicio para situaciones futuras. Lo que tiñe de desesperanza el paisaje es que, una vez más pero en esta ocasión con el aval de los votos, se expone al país entero a un ataque contra la producción, el empleo y la distribución del ingreso. En estas Pascuas, con la casa en desorden creciente, nos queda la esperanza de que, más temprano que tarde, resucite la voluntad del pueblo organizado para dar vuelta la tortilla una vez más.
Leonel Tesler es médico especialista en psiquiatría infanto-juvenil. Presidente de Fundación Soberanía Sanitaria y Director del Departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte de la Universidad Nacional de José C. Paz.