El 1° de septiembre de 2022, sucedió un hecho que marcó la ruptura del pacto democrático establecido en la Argentina a partir de 1983. Ese día, la violencia política se colocó en el centro de la escena como no lo había hecho antes en el período democrático y, no casualmente, tuvo como blanco a la vicepresidenta en ejercicio de sus funciones. A casi 10 años del último gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner y más de 40 años de la recuperación de la democracia el cuestionamiento a la premisa alfonsinista de que “con la democracia se come, se cura y se educa” continúa vigente. No se trata de desvalorizar este sistema, sino de reconocer que hay sectores de la población que aún no han visto satisfechas sus necesidades y los derechos que la democracia plena supone. Insatisfacción democrática más violencia política, es la receta perfecta para un peligroso cóctel de pérdida de legitimidad de nuestra joven democracia.
La idea de la República y su necesaria -y constitucional- división de poderes se ha vaciado de contenido. El poder judicial se comporta como un actor político más, manipulando tiempos legales e información para operar en función de intereses particulares. En los últimos años en nuestro país, al igual que en otros países de la región y temporariamente cuasi en simultaneidad, este Poder ha puesto a disposición su estructura para perseguir a dirigentes y lideresas que impulsan o gestionan las políticas que posibilitan el acceso a derechos.
Aunque ha habido causas judiciales altamente tendenciosas y mediatizadas -como señala la periodista Irina Hauser en la entrevista con la Fundación Soberanía Sanitaria, sobre su último libro Muerta o presa. La trama violenta detrás del atentado-, la causa por el intento de asesinato contra Cristina evidencia un caso en el que la discrecionalidad, las impericias y las deficiencias del proceso demuestran la consolidación de una nueva etapa en la vida política argentina.
Irina señala que: “Cuando elevaron la causa a juicio, la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo hacen un recorte que se ciñe al hecho material, al intento de magnicidio propiamente dicho, pero no a quién estuvo detrás, si alguien la mandó a matar, si alguien puso plata, si hubo una instigación de orden político. Eso quedó fuera del juicio oral. Hicieron algo que hacen algunos jueces, que es romper una causa para dividirla, porque tener una parte de la causa pendiente es poder, es poder de presión. Es el gran poder que manejan ellos, poder presionar con una causa abierta”.
Estas faltas y omisiones en el proceso plantean serios interrogantes. ¿Cómo es posible que la justicia no investigue? ¿Por qué la militante libertaria Delfina Wagner, cercana a Brenda Uliarte, alquiló un departamento justo arriba del de Cristina? ¿Por qué no se ha ordenado avanzar en la investigación sobre el borrado de los celulares de las asesoras de Milman? Aquel diputado que, según un testigo que declaró ante la justicia, dijo en un bar en la esquina del Congreso: “Cuando la maten voy a estar camino a la costa”. Y luego viajó a la costa. Y se constató en la causa judicial su presencia en aquel bar, aunque las testigos mintieron ante la jueza y no fueran denunciadas por falso testimonio, tal como la ley prevé. ¿Cuál es el vínculo entre Revolución Federal, Jonathan Morel, Caputo Hnos., Milman y Bullrich? Que el estudio de abogados de Caputo Hnos. sea el de Cúneo Libarona, actual Ministro de Justicia o, por ejemplo, que la persona señalada por una de las asesoras de Milman como el perito responsable del borrado de sus celulares en oficinas de Patricia Bullrich hoy ocupe un cargo en el Ministerio de Seguridad, parecen más que una extrema concatenación de casualidades, cerrar la ecuación.
Aunque esto parezca burdo, es reflejo de una democracia debilitada que requiere urgentemente una reforma judicial, considerando que es uno de los tres poderes que menos ha transformado su estructura y sus prácticas desde el fin de la última dictadura cívico-militar. En definitiva: que menos se ha democratizado. Al mismo tiempo, cabe preguntarnos si esa demanda de reforma es sentida por la sociedad en general o si es un reclamo de un sector politizado, menospreciado por el propio poder judicial y los medios hegemónicos de comunicación.
La penetración de los discursos de odio, la digitalización de la discusión política y la obscena unidad de acción delictiva planificada en Lago Escondido, generan desconcierto en la sociedad y dañan fuertemente la legitimidad de la democracia como forma de organizar la vida en común. Es imposible no conectar que Twitter Spaces fue el escenario donde se gestó el intento de magnicidio, surgiendo bajo el discurso mediático y político del “son ellos o nosotros”. Al respecto, Irina destaca que el discurso de odio orientado con fines políticos “es un discurso que estigmatiza a un grupo o a individuos por razones de género, de religión, de creencias. Creo que tiene que estar la faz política incluida, y que además se ejerce con el objetivo de generar desinformación por sobre todas las cosas. Estos discursos buscan instalar mensajes falsos y a su vez descalificar y amedrentar. Me parece que el discurso de odio lo que trata, justamente, es de generar miedo y paralizar a las personas. El odio que construyen lo hacen denostando todos los valores que tienen que ver con la solidaridad y la vida colectiva”.
En este sentido, sostiene que “la estigmatización y el discurso de odio respecto a Cristina tuvo razones políticas y tuvo razones de género. Lo que hacía la revista Noticias con toda esa ridiculización y sexualización de su figura, intentaban deshumanizarla completamente”.
Como señala Pablo Stefanoni, autor del bestseller “¿La rebeldía se volvió de derecha?”, las redes digitales, como espacio de socialización de las nuevas derechas, están generando un nuevo sentido común basado en el odio y el resentimiento, y son el teatro de operaciones para la persecución ideológica y el cercenamiento de la acción política de todo lo que se encuadra en el horizonte progresista o nacional-popular. Asimismo, en “Desquiciados”, Alejandro Grimson señala que estos elementos de odio permiten observar un tránsito a una democracia cruel en la que “las derechas radicales activan la retórica de la crueldad ante una multiplicidad de grupos vulnerables como los migrantes, las diversidades sexuales, los pobres y las clases trabajadoras que ocupan las últimas posiciones en el espacio social”. No hay duda de que estas transformaciones profundas en la forma de relacionarnos como sociedad, facilitan preocupantes marcos de acción para hechos de violencia política y social.
En ese sentido, Irina Hauser sostiene al respecto de La Salud de la Democracia, que: “actualmente hay mucho espacio para el desarrollo de ideas violentas y estigmatizantes, ya sea en los distintos medios y sus diferentes tipos de soporte, como las redes sociales, que no son inocuas. Esto es lo que para mí constituye uno de los grandes peligros”.
En el “reino de la libertad”, donde los super ricos no están obligados a someterse al imperio de la ley, ¿por qué descartar que Elon Musk no influye en las tendencias argentinas y globales? Recientemente, su negativa a colaborar con causas democráticas se evidenció en Brasil, al desobedecer lo resuelto por el Supremo Tribunal Federal del país vecino. Es pertinente considerar nuevas legislaciones que regulen la intervención política en internet y en redes sociales. Las milicias digitales, la violencia en línea y el doxeo (la recopilación y publicación de información personal sin consentimiento, con el objetivo de dañar la trayectoria pública y profesional de una persona o entidad, con el fin de intimidarla) no solo generan antipatía social, cultural y política, sino que también tienen un impacto directo en nuestra vida cotidiana fuera de la web.
En el primer episodio del ciclo “La salud de la democracia”, entrevistamos y conversamos extensamente con la periodista e investigadora Irina Hauser, para reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos actualmente como sociedad. Recorriendo las distintas dimensiones del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Analizamos la construcción discursiva de un terreno fértil para la acción violenta, y el entrelazamiento entre la política, los agentes de las mafias corporativas dentro del poder judicial y los operadores mediáticos. En un país que es ejemplo mundial por el juzgamiento de los crímenes por delitos de lesa humanidad y por el compromiso de nuestra sociedad civil con los derechos humanos, no es admisible que persista la impunidad respecto de este delito, que no solo ha atentado contra la democracia sino contra todo el pueblo argentino.
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