Desde diciembre pasado, varias medidas del gobierno nacional afectaron en forma drástica el sistema de salud. Una medida notable fue la desregulación de las cuotas de la medicina prepaga a partir del DNU 70/2023, lo que provocó aumentos muy por encima de la inflación. Como consecuencia directa, más del 10%, es decir, unos 200.000 afiliados dieron de baja su cobertura.
Además, la interrupción de los acuerdos de precios con los laboratorios generó un aumento desmedido en los precios de los medicamentos, provocando que miles de personas no puedan continuar con sus tratamientos farmacológicos. En concreto, según el Centro de Profesionales Farmacéuticos (CEPROFAR), si comparamos el primer trimestre de 2024 respecto del primer trimestre de 2023, la venta en farmacias de medicamentos con receta bajó un 16%, lo que equivale a unas 6.874.000 unidades. Esto significa que muchas personas fueron al médico porque se sentían mal, recibieron una indicación de medicamentos pero no los pudieron comprar. Situaciones como esa profundizan enfermedades que podrían superarse sin complicaciones, como por ejemplo infecciones. Pero también pueden complicar otras situaciones de salud porque la salud no se explica por el estado de los órganos del cuerpo, sino por la relación entre sistemas.
Paradójicamente, esta baja en las ventas no impactó en los ingresos de la industria farmacéutica. Muy por el contrario, registró un crecimiento económico exponencial por encima de la inflación, de más del 300%. Esto se explica por una clara política del gobierno nacional que beneficia a los mercados, en este caso al sector de la industria farmacéutica, en perjuicio de la salud de la población.
La falta de acceso a tratamientos provocó mayores deterioros en la salud y obligó a las personas a enfrentar enfermedades, vivir con la incertidumbre de no saber qué pasaría con sus vidas y muchas veces atravesar el dolor sin medicamentos. Además, sobrecargó al sistema de salud público que sufre su propio deterioro cada vez con menos presupuesto y sin poder atender a más personas.
Otro impacto importante fue que las personas afiliadas a PAMI perdieron la cobertura total de los medicamentos. Quienes quieran mantener ese derecho, siempre y cuando se encuentren en un listado de “enfermedades especiales” (enfermedad oncológica, diabetes, artritis, trasplantes, entre otros), deben realizar un trámite ante el organismo que de sencillo tiene poco: hay que completar formularios, hacerlos firmar por médicos y volver para presentarlos, junto con diferente documentación personal. También existe una alternativa a través de la página web, que desconoce y desatiende las barreras de accesibilidad tecnológica que implica para algunas personas, en particular los adultos mayores.
Quienes no sigan el trámite y tengan “enfermedades crónicas y agudas” deben pagar entre el 50% y el 80% del valor de los medicamentos, de una lista cada vez más corta. Entre estos remedios hay antivirales, antibióticos, antidepresivos y antipsicóticos muy costosos, representando un porcentaje elevado de las jubilaciones y pensiones. Por ejemplo, los antidepresivos cuestan aproximadamente $24.000 y los antipsicóticos, entre $18.000 y $70.000. Los remedios de uso “eventual” tienen una cobertura tan sólo del 40%.
Según el CEPA (Centro de Economía Política Argentina), entre noviembre de 2023 y julio de 2024, los precios de los medicamentos que más utilizan las personas mayores aumentaron un 188%, superando la inflación del 164% en ese período. Esto se agrega a un panorama mayor en el que las personas jubiladas no obtuvieron el aumento en sus pensiones y su vida cotidiana se empobreció en forma notable.
El cuadro se completa con el cambio a venta libre de 24 medicamentos, permitiendo su consumo sin intervención de actores clave en el cuidado de la salud, lo que conlleva riesgos de uso inadecuado o excesivo. Además, estos remedios dejaron de tener cobertura de obras sociales y prepagas, incrementando sus precios y creando nuevas barreras para el acceso. La medida también desconoce que, por los propios obstáculos que existen en el sistema de salud, el personal farmacéutico es una persona de consulta ineludible y valiosa. Ahora, las personas deberán elegir los remedios de una góndola al igual que una marca de café o de yerba.
Otras dos medidas tomadas por el gobierno deterioraron la salud y afectaron gravemente a quienes tienen cobertura pública exclusiva. Una de ellas es la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que dejó sin tratamiento a pacientes graves y crónicos, muchos de ellos oncológicos. En los primeros meses del año, mientras las autoridades sanitarias discutían el ministerio del cual dependería esa Dirección, al menos 8 personas con enfermedad oncológica sin recursos fallecieron esperando sus medicamentos.
La otra fue la paralización de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y la consecuente pérdida en la elaboración nacional de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos, muchos de ellos no rentables para el mercado. La supresión de la ANLAP podría causar, en los próximos meses, desabastecimiento de medicamentos de alto costo aumentando la dependencia de importaciones y exponiéndose a fluctuaciones de precios internacionales.
El disparo en los valores de las cuotas de las prepagas fue otra medida gravísima. Personas jubiladas, con discapacidad, con enfermedades crónicas o graves, no tienen como opción dejar la prepaga ya que realizan tratamientos con equipos y profesionales en los que creen y con quienes han forjado vínculos de confianza durante muchos años, en algunos casos, toda la vida. Contratar un nuevo seguro médico es lisa y llanamente imposible porque para estos grupos las cuotas serían impagables o directamente no los aceptan.
Cambiar de prepaga no es como cambiar el seguro de un auto. Cuando las personas atravesamos situaciones de salud necesitamos sentirnos acompañadas por nuestros equipos de salud y, fundamentalmente, sentir que nos conocen. Más aún quienes atraviesan enfermedades largas o que tienen una discapacidad que requiere tratamientos crónicos. La idea de perder la prepaga por no poder pagar la cuota, genera incertidumbre, angustia, y desesperanza que en muchos casos, también impacta en la salud y la deteriora.
“Es muy engorroso encontrar un kinesiólogo de nuevo, un hidroterapista de nuevo, un terapista de nuevo cuando ya tenés mucha confianza con las personas que venís trabajando. Tanto es el afecto y el compañerismo, el conocimiento que él tiene hacia mí y el tiempo que llevamos trabajando juntos.” Nos cuenta Ariel.
A partir de entrevistas que realizamos con consultantes que asisten a la Clínica Jurídica del CELS, conocimos que en algunos casos la decisión de mantener la prepaga implicó decisiones familiares complejas, como el reagrupamiento familiar para liberar el monto de un alquiler, o la renuncia a otros consumos como actividades recreativas, culturales, deportivas, vestimenta e incluso el consumo de algunos alimentos. Otras personas se endeudaron para pagar las cuotas, sufrieron episodios de ansiedad, dificultades para concentrarse, insomnio y angustia exacerbada. En palabras de Alicia:
“Vuelvo a preocuparme porque me quedo sin tratamiento y me puedo morir pasado mañana. Además, el Ministerio está abandonando a todo el mundo. Me parece todo muy grave, muy peligroso. Y de pronto tengo miedos que no tuve ni siquiera en el año 1992, ¿me entendés? Es una preocupación que no tuve ni siquiera cuando no existían los tratamientos para vih.”
En las últimas semanas conocimos un nuevo obstáculo: las personas que tienen planes cerrados de medicina prepaga ya no podrán realizarse estudios o acceder a tratamientos y medicamentos cuyas órdenes y recetas no hayan sido emitidas por médicos de su cartilla. Nuevamente estamos frente a una medida que no conoce la realidad del sistema de salud: conseguir un turno con un especialista de cualquier disciplina tiene una demora que promedia el mes y medio. Demasiado tiempo para una situación que puede convertirse en una urgencia, o que acarrea sufrimiento en la vida cotidiana. Por eso las personas muchas veces acuden a consultorios privados y luego se realizan los estudios o tratamientos con los efectores de su prepaga. Esta modalidad ya no es posible. Habrá que pagar o esperar.
“Sus médicos, que lo atendían desde que nació porque tiene una enfermedad congénita, no lo van a poder atender más.” dice Paula.
La incertidumbre sobre el futuro y sobre la salud generó un impacto directo en la calidad de vida, afectó la salud física y mental y aumentó el riesgo de morbimortalidad. Salud que se pierde, es salud que no se recupera. Pero sobre todas las cosas, la salud es un derecho, nunca una mercancía.
Macarena Sabin Paz es psicóloga y doctora en salud mental comunitaria. Desde 2010 coordina el equipo de Salud y Vida Independiente del CELS.
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