Un nuevo hecho pone de manifiesto la voracidad de la industria farmacéutica. Este gigante intenta eliminar Ley de Trazabilidad, uno de los avances más significativos del gobierno peronista de Cristina Fernández de Kirchner, extorsionando al Estado con el aumento de los precios de los medicamentos. El anterior gobierno le había dado transparencia a la producción de medicamentos con la Ley de Trazabilidad, destinada a evitar falsificaciones, robos o adulteraciones de los productos comercializados. Esto originó, en el pasado reciente y en la actualidad, nuevos delitos, hechos de corrupción con los troqueles, lotes mellizos comercializados en negro, falsificación de marcas y medicamentos robados en asaltos a camiones del laboratorio.
A cambio de congelar los precios que aumentaron entre un 40 y un 200% desde diciembre de 2015, los laboratorios exigen limitar o eliminar la Ley de Trazabilidad en los medicamentos de uso habitual en enfermos crónicos y ocasionales como el Ibuprofeno o el Paracetamol. Según esta industria, la ley origina altos costos para su implementación y por lo tanto no es viable. Sin embargo, mientras que para un gobierno nacional y popular este pedido representa una verdadera extorsión inaceptable, para un gobierno que no tiene la más mínima intención de frenar la voracidad empresaria lesiva para el pueblo, esta solicitud representa algo aceptable. Cuando digo lesiva, no es un término excesivo, es una realidad para millones de compatriotas de todas las edades, que dependen de alguno de estos medicamentos para su vida, de la misma forma que dependen del gas, del agua o la luz para su calidad de vida. Un combo perfecto: por un lado, la destrucción de proyectos de vida y de sueños con el tarifazo y, por el otro, los precios de los medicamentos que nunca deberían ser manejados por el mercado, sino por el Estado como bien social. Esos muertos no se cuentan, no son visibles como los de la represión. Los compatriotas que mueren, como en el 2001 por falta de medicamentos lo hacen en silencio, ante la falta de acceso a sus necesidades vitales, tanto como los electro- dependientes que no pueden pagar o los diabéticos que se descompensan.
Estas noticias demuestran cómo en las sombras del gobierno se tejen los negocios más espurios y como juegan los intereses de los dueños del poder real. En esos negociados no está presente el interés del pueblo argentino, sino los negocios de aquellos que incluso cometieron delitos como fueron los denunciados, juzgados y condenados en la causa de la mafia de los medicamentos en 2011. Paradójicamente fue esa investigación el origen de la Ley de Trazabilidad.
Los precios de losmedicamentos nunca deberían ser manejados por el mercado, sino por el Estado como bien social.
Este gobierno que se vanagloria de haber llegado para instalar una supuesta transparencia, está envuelto de corrupción en casi todas sus acciones. Desmontan los mecanismos reguladores del Estado, transfieren ganancias a los grupos económicos concentrados de poder. Se mueve con impudicia e impunidad, con protección mediática, mientras saquean al Estado nacional y el patrimonio de generaciones de argentinos, provocando dolor social, exclusión y muerte.
· Jorge Rachid ·
Es médico del trabajo, especialista en Seguridad Social. Profesor titular en Ciencias Sociales y profesor adjunto de Medicina del trabajo en la UNLZ.