¿Cómo ve al movimiento obrero organizado en el gobierno de Macri?

En cualquier construcción política nacional, popular, democrática, de patria grande y latinoamericana es necesaria la participación del movimiento obrero organizado. Esto es indispensable. En mi lectura, en nuestro país todavía estamos muy lejos de ello. Creo que hay una distancia, en términos generales, porque siempre hay excepciones. Siempre hay compañeros que están constantemente en una actitud, posición y lucha cercana a lo que considero que hay que hacer, pero en general, lo que uno nota es una diferencia, una distancia entre la clase dirigente y los trabajadores. No digo divorcio, sino distancia. Creo que la manifestación del 7 de marzo lo demostró. Realmente fue fantástico. Fue un error táctico de la CGT convocar a una movilización sin tener una fecha de paro. Aunque después lo subsane con el paro del 6 de abril, pero en general estamos viendo que no hay un plan de lucha, hay medidas que son -me parece a mí- paliativos.

En términos políticos y a un año y medio de su llegada al poder, ¿cuál es su opinión sobre el gobierno de la alianza Cambiemos?

Estamos en manos de un gobierno neoliberal con toda una impronta marcada. Yo venía diciendo al principio del año pasado que era un gobierno para ricos, después me pareció que era muy retórica esa afirmación y entonces nos pusimos a buscar datos duros para complejizar esta afirmación. El eje está en cómo se distribuye la riqueza nacional. En noviembre del 2016, a los sectores más ricos se les asignaban, aproximadamente, 290.000 millones de pesos y a los sectores más bajos, 35.000. Esto muestra cómo se distribuye la riqueza en la Argentina. Hoy en día el problema más grande es la falta de institucionalidad, que a su vez trae inseguridad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos todos en libertad condicional, todos estamos a tiro del deseo presidencial. No es solo la persecución a Cristina a través de la designación a dedo de Bonadío, sino que también tenemos la amenaza del Presidente de la Nación a los jueces, con el discurso de “la mafia de la justicia laboral”. A los jueces federales, Macri les dice: “hagan lo que queremos o cuidado porque si no nos representan vamos a buscar a quienes sí nos representen”. Es una actitud antirrepublicana la de Macri: Chau República sería el título. Cuando hablo de institucionalidad y seguridad jurídica digo: ¿cómo puede ser que por decreto se nombre en comisión a dos abogados como ministros de la Corte Suprema Nacional? Quiere decir que están al tiro del desnombramiento.

Otro ejemplo es el blanqueo. Discutimos en el recinto que se excluya a los contratistas de obra pública del blanqueo porque ahí está el germen de la corrupción. Después está el funcionario que acepta ser coimeado pero si vos excluís esto, estás yendo a las raíces. Naturalmente, no lo aceptaron. Pero el artículo 83 de la Ley Nacional excluía la posibilidad de blanquear a los progenitores e hijos menores emancipados y el decreto 1206 del año 2016 los incluyó. Esta decisión tiene nombre y apellido: es Franco Macri. Es desvergonzado.

Vemos que están buscando desesperadamente recursos y por donde encuentren oportunidades, van a avanzar. Me preocupa que lo hagan sobre las obras sociales, veamos lo que está pasando en el PAMI. Se explica por la existencia de un gobierno que es muy consecuente con su ideología neoliberal y si pasa, pasa.

Pensando en la lucha y en la necesidad de acumulación histórica que es imprescindible para conquistar derechos ¿qué tiene que suceder en nuestro país para que se logre avanzar en la conquista de nuevos derechos?

Tiene mucho que ver el gobierno. Si bien con Néstor y con Cristina no pudimos hacer todas las reformas en el sistema de salud que deseábamos, siempre hay dificultades que tienen que ver con diversos factores, la regresión más grande viene con el triunfo de Macri en 2015. Creo que la solución primaria para pensar en algo más allá de la movilización y la búsqueda de mejoras, es la política. Es decir, es ganar otra vez el gobierno. No solo el gobierno sino el poder. Y el poder es difícil, yo era un defensor a ultranza de lo que se llamaba la alianza estratégica entre la CGT y el gobierno, que se rompió en 2012.

El manejo de los recursos tiene mucho que ver con la política y en las obras sociales se manejan muchos recursos y los compañeros dirigentes sindicales también hacen política, entonces ahí tenemos una colisión de intereses y derechos. Prácticamente la mitad de los servicios de salud lo prestan las obras sociales sindicales y la otra mitad el Estado. Se necesita un gobierno con mucha fuerza y mucho acuerdo social para que el Estado controle y ponga límites. Una vez le pregunté al General Perón, atrevidamente por cierto, hace muchísimos años cuando era mucho más joven, cuál era a su criterio la mejor ley laboral. Me contestó “la que haga aplicar las leyes que ya existen”. Hay un problema estructural en el Estado Nacional Argentino: se está distanciando de los gobiernos y el tema medular es el control. En cualquier materia, incluso en la salud, ¿quién pone límites? Fíjense la Ley de Oñativia que significó la caída de Illia; ¿quién le pone límites a la fuerza y al lobby que tienen las grandes empresas de medicamentos internacionales? Una capacidad enorme que se ve en la lucha con los genéricos. La verdad son luchas perdidas, se dan, en algún momento parece que se logran ganar y después se vuelve a torcer. Me parece que hace falta mucha tarea de información ciudadana, no sé cuánta política de información hemos hecho en nuestro gobierno, para que el compañero que necesita un remedio oncológico sepa qué pasa en el medio. Es decir, cómo es la formación de precios, la producción de dónde viene, la inversión. Para que se haga carne, sobre todo en los trabajadores, que sí tienen un problema en el servicio de salud, estas son las razones. Y entonces combatir las causas. La información es poder, si el pueblo no está informado no va a tener poder para pelear por su derecho a la salud, que es un derecho humano de segunda generación.

¿Cuál sería el rol de los sindicatos en este sentido?

Es fundamental porque es el intermediario con el trabajador. Entre el sistema de salud y el trabajador hay una intermediación en la mitad de las prestaciones de servicios de salud.

En la década del ‘90 escribí un artículo que publicó Clarín, en donde decía que sin gremios no hay sindicatos. Lo que hacía el neoliberalismo de ese momento era tratar de hacerle perder la identidad al trabajador, es decir, se terminaba eso de yo soy bancario, soy textil, soy metalúrgico. Gremio es la actividad y no pertenecer siempre a la misma actividad enflaquece al sindicato. A Lorenzo Miguel le gustó eso, hizo afiches que pegó en las fábricas porque fortalecía al sindicato. El tema de identificarse con el colectivo tiene que ver con la solidaridad también.

¿Ve que hay un plafón en el movimiento sindical para construir esa identidad en los trabajadores y los dirigentes?

Creo que sí, aunque más no sea por una cuestión pragmática. Una de las distorsiones del sistema que se da muy frecuentemente es cuando por una enfermedad profesional van a la obra social y la obra social después no hace recupero en las ART. Ahí están, para ser suave, los errores en la conducción de los sindicatos y las obras sociales porque pese a la personalidad jurídica diferenciada, hay un vinculación total entre la obra social y el sindicato que hasta se confunden. Incluso hay maniobras antisindicales, porque si no le transfirieron no dan prestaciones a la obra social a pesar de la ley. Son cosas que pasan. Creo que sí, que se puede construir en beneficio de los trabajadores que tienen prestaciones en la obra social y estas no lo recuperan. Además, ahí se ve la complicidad de todo el sistema de las ART. El presidente Macri hablaba de la mafia de la industria del juicio, la mafia está en algunas irregularidades que se dan con las ART.

“Si nuestros trabajadores tuvieran la mentalidad que tienen, por ejemplo, en EE.UU., que frente a un daño pleitean enseguida, tendríamos un piso de 4 millones y medio de juicios, uno por cada trabajador en negro. Sumemos, a eso, los que tienen parte del sueldo en blanco y parte en negro, también tienen derecho a un juicio. Acá, el industrial del juicio es el que viola la ley.”

 

¿Por qué piensa que no se pudo avanzar en desarmar las ART que son la parte que quedó de las AFJP?

Por la capacidad de lobby que tienen. Cuando uno gobierna tiene que andar haciendo equilibrio buscando el sentido de oportunidad. Si nuestros trabajadores tuvieran la mentalidad que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, que frente a un daño pleitean enseguida, nosotros tendríamos un piso -olvidando la cantidad que hay- de 4 millones y medio de juicios, uno por cada trabajador en negro. Sumemos, a eso, los que tienen parte del sueldo en blanco y parte en negro, también tienen derecho a un juicio. Acá el industrial del juicio es el que viola la ley. Además no es cierto que no haya equilibrio en la justicia, hay demasiado equilibrio en contra del trabajador porque si la Constitución Nacional establece una protección especial para el trabajador porque es el más débil en la relación, es tutelar. Así se llama en la doctrina. La Cámara Nacional del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó, en los últimos diez años, veinte fallos plenarios que son los que unifican el pensamiento jurídico de todos los jueces, en total fueron diez a favor del trabajador y diez a favor del empleador. En la reforma de la ley de ART no hacen foco en la prevención, lo que hacen es maximizar la rentabilidad de las ART, con alguna modificación pero nada más. Sobre la ley del 2012 yo decía que la mejor prevención, aparte de las medidas, es aumentar las tarifas indemnizatorias porque evidentemente si las tarifas son buenas el trabajador no va a juicio y se baja la litigiosidad. Además, se había propuesto en esa ley, que es un proyecto mío y que todavía tiene estado parlamentario, que queremos un fondo para que cuando el trabajador pierde el juicio, tenga que poner el 5% de la condena y este fondo va a pagar al perito del juicio que ganó el empleador. Así se evita una actitud de coacción, de extorsión del mal abogado que le dice al empleador “mejor arreglemos el juicio porque por más que gane usted va a pagar”.

 

· Héctor Recalde ·

Abogado laboralista y profesor universitario en la UBA. Jefe del bloque de Diputados Nacionales del Frente para la Victoria.