Enemigo público de lo bello e impoluto: la pobreza en las calles tiene fea cara

Micky Vainilla y la pobreza, TV. Pública

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A veces algo feo se cruza en nuestro destino. ¿Qué hace la pobreza interrumpiendo mi camino? canta Micky Vainilla como parte del sketch de Peter Capusotto en el que la realidad supera a la ficción. Alteración del orden público, moral y estética. La pobreza asoma y molesta, sobre todo estéticamente. El problema, al parecer, se reduce a que uno no se entere de su existencia. Enemigo de lo bello e impoluto, a cualquier costo será removido como parte de la buena y noble campaña de seguridad e higiene impulsada por el actual jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri. Al fin y al cabo, entre pobre, loco y criminal ¿Qué diferencia hay?

“En algunos lugares un par de pobres quedan bien si hacen juego con el paisaje”

Cada vez más personas sin techo son enviadas a las guardias de salud mental en un claro avance del gobierno porteño y sus operativos de “limpieza del espacio público” que se constituyen en verdaderos desplazamientos forzados para la gente que vive y duerme en las veredas, a la vista de la “gente de bien”.

Al menos seis personas murieron a la intemperie en la ciudad más rica del país desde que empezó la ola polar y pareciera estar a la vista de todos que, para quienes se encuentran más expuestos a las desigualdades que produce este gran sistema capitalista, no hay ninguna respuesta efectiva del Estado que se anude a una política efectiva de protección, siendo la segregación y la indiferencia ante las necesidades de sus ciudadanos moneda corriente. 

La desregulación de los alquileres, la realidad socio económica que sume a nuestro país en una situación sumamente crítica, el ajuste desmedido que ha tenido como efecto el engrosamiento de los niveles de pobreza e indigencia y la cada vez más utópica posibilidad de acceso a una vivienda digna, se traducen en el incremento de personas en situación de calle expuestas a las bajas temperaturas en este invierno, que resulta el más crudo de los últimos años. 

Mientras la crisis crece exponencialmente y se expande, con ella también se magnifican los operativos para desplazar a los excluidos siendo los hospitales neuropsiquiátricos lugares privilegiados para el encierro no sólo del loco sino del pobre que amenaza, con su sola presencia, los estándares de belleza a los que aspira el gobierno de la gran ciudad. Ya lo advertía Byung-Chul Han en su libro La salvación de lo bello: “Lo pulido, pulcro, liso e impecable es la seña de la identidad de la época actual.” “Hoy, lo bello mismo resulta satinado cuando se le quita toda negatividad, toda forma de conmoción y vulneración. […] La estetización demuestra ser una «anestetización». Seda la percepción.”  

Hace tan sólo tres meses atrás, Jorge Macri publicó en redes sociales imágenes del «antes y después» de operativos de «orden y limpieza». Imágenes que, sin ningún tipo de tapujos, dejan entrever la lógica de exterminio del indigente. Porque el pobre, cuando habita el espacio público ocupando los bancos de las plazas y los cajeros automáticos se transforman en su monoambiente, el pobre ahí no conmueve, no despierta la compasión ni motoriza la caridad. 

El pobre irrumpe negativamente en la ciudad movilizando el odio y la necesidad de ser abducido por alguna institución estatal que se encargue de mantenerlo fuera de los ojos de aquél que necesita de lo bello para sedar su percepción. Diego Kravetz, Secretario de Seguridad de la Ciudad, lo explicita de un modo siniestro:Tenés una persona en situación de calle en el palier de tu casa. Es medio chocante y es comprensible. No es que el vecino de ese edificio te está diciendo quiero que lo metas preso, pero tampoco quiere convivir con la persona en su palier.”  

Pues resulta muy evidente que de lo que se trata es de virar el foco de atención. ¡Que nadie mire al que duerme en el piso! No sea cosa que, lo que se constituye en un claro problema social, quede a la vista de todos y todas. Mejor transformarlo en un pseudo problema sanitario para el cual la solución siempre se cocina puertas adentro.

Jorge Macri elabora un protocolo de salud mental centrado específicamente en las personas en situación de calle y, basándose en supuestos de vulnerabilidad habitacional y afectación de la salud mental, ha forzado detenciones y requisas a indigentes y cartoneros practicadas -sin orden judicial- por la Policía de la Ciudad. Internaciones forzosas que no sólo vulneran los derechos de los ciudadanos, sino que, al mismo tiempo, desvirtúa las funciones del hospital sucediéndose por fuera de todo criterio sanitario. 

Es que pareciera ser una obviedad, pero sin embargo a todas luces se hace imperiosa la aclaración: la gente que viene de la calle no necesariamente por ser pobre tiene problemas mentales. Son incontables los problemas sociales para los cuales el Estado se corre cada vez más en lugar de erigirse como responsable de elaborar políticas públicas inclusivas que den respuestas efectivas, no pudiendo ser el traslado compulsivo sin procedimientos intermedios y sin criterio sanitario una estrategia admisible.

Ingresar a una persona en estas condiciones a un sistema en estado de criticidad, suspende sus garantías constitucionales a la vez que dificulta su externación en la medida en que no hay ninguna red social que la contenga afuera, reforzando todo tipo de estigma y promoviendo prácticas segregativas. 

En este sentido, resulta evidente cómo la profundización del paradigma represivo y punitivo sigue produciendo un escenario de criminalización y estigmatización de grupos poblaciones específicos: vendedores callejeros, migrantes, personas transgénero y travestis, personas viviendo en situación de calle, consumidores de sustancias y personas que atraviesan una crisis por motivos de salud mental en la vía pública.

Esto tiene entre sus consecuencias que se configure un grupo de ciudadanos con mayor exposición a ser elegidos para formar parte de prácticas sistemáticas instrumentadas por fuerzas de seguridad, tales como las detenciones arbitrarias que obstruyen el acceso a la salud vulnerando derechos primarios de las personas. Ciudadanos que duplican su condición de vulnerabilidad, primero por no contar con condiciones de vida dignas que van desde la falta de documento de identidad, de vivienda, alimentación y/o inclusión laboral. Segundo, porque estas condiciones, en lugar de suponerles una intervención diferencial destinada a reducir la inequidad social que padecen, los exponen a mayores niveles de violencia.

Ante este escenario de extrema complejidad en cuanto a la precarización de la vida y el consecuente aumento de los padecimientos en la salud y salud mental de la población, ¿Qué relación establecer entre la falta de acceso al derecho de alimento, educación, cultura y trabajo con la salud mental?

Si la salud mental de un pueblo no puede ser definida por la presencia o ausencia de una patología, será indispensable convocar todas las veces que sea necesario al Estado para velar por las condiciones vinculadas al bienestar social que hacen posible la realización de proyectos individuales y colectivos. Sin la garantía de aquellos aspectos centrales que hacen a la dignidad de las personas y la vida en comunidad, no hay democracia posible.  

Resulta evidente cómo las medidas que ha tomado el gobierno nacional desde su asunción el pasado diciembre de 2023 impactan directamente de modo negativo en los proyectos vitales de las personas, generando sufrimiento en el pueblo. Frente a un Estado que sostiene una narrativa violenta que segrega y promueve el aniquilamiento del otro, pareciera que el único afán es promover al infinito el rechazo del semejante al que se transforma en enemigo, haciendo para ello uso y abuso de los medios masivos de comunicación. 

Nora Merlín nos señala que Para preservar la salud de la democracia y evitar que se convierta en un sistema totalitario, urge […] oponer al mercado y al discurso único promovido fundamentalmente desde los medios de comunicación que responden a intereses económicos privados, una ética comunitaria […]. Una cultura política democrática, cuyos rasgos principales deben ser lo público y lo solidario.

Mientras los medios masivos de comunicación alimentan y estimulan a diario el odio, avanzan las […] expresiones racistas o segregacionistas que buscan chivos expiatorios y funcionan como cortinas de humo que evaden otros problemas: el aumento de la desigualdad, la injusticia, el desamparo social, la precarización laboral y la pérdida de trabajo, efectos todos del neoliberalismo.” 

Ante esta realidad discursiva que desnuda el avance de los discursos de odio y amenaza toda posibilidad de vínculo colectivo y lazo social ¿Qué esperar y qué exigir a quienes se encuentran al mando de la República?

Mientras se aplauden los despidos de los trabajadores estatales, se fogonea la represión de manifestantes, se prohíbe la protesta social y se alienta la persecución y detención de militantes resulta escalofriante ver el avance de propuestas legislativas que promueven bajar la edad de imputabilidad en un claro acto de criminalización de la pobreza. Cada vez se ponen más en jaque las condiciones para sostener el pacto democrático cuando no se hace otra cosa que alimentar la hostilidad y la violencia desde la propia investidura presidencial. 

Si de repente quedarse en la calle se configura un delito por encarnar una imagen disruptiva de fealdad, si ser pobre o loco pasan a ser sinónimos a los fines de darle tanto a uno como al otro el mismo tratamiento del encierro o si presumir el consumo de sustancias lo torna a uno delincuente y potencial víctima de violencia institucional, la ecuación arroja siempre los mismos resultados. Encierro, exclusión o muerte son las coordenadas del callejón sin salida que se configura para quienes se han caído de los ideales de éxito y felicidad promovidos por la lógica del capital. Frente a este escenario y ante un Estado ausente y represor, todos los caminos conducen al manicomio, la cárcel o la tumba. 

Ahora bien, salta a la vista que la problemática de la salud mental encierra una enorme complejidad por cuanto afecta cuestiones tanto clínicas como políticas, sociales, éticas y de derechos humanos. De ahí que insistir en la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, lejos de ser un simple eslogan, se torna en un mandato que quienes tienen a su cargo la responsabilidad de velar por su cumplimiento deben asumir de manera inminente. 

Del mismo modo, resulta indispensable reafirmar el pacto de convivencia democrática de todos los sectores políticos y sociales contra los discursos violentos, crueles y de aniquilación que incitan a la eliminación del otro y promueven como valores el individualismo, la soledad y la indiferencia afectando así la salud mental de la población. 

En este punto, nos vemos en la obligación de instalar en la sociedad la seria discusión acerca de si la solución es bajar la edad de imputabilidad o utilizar armas eléctricas cuyos efectos sobre una persona que atraviesa un problema de salud son imprevisibles, o por el contrario urge avanzar decididamente sobre políticas estatales que estén a la altura de velar por los más desprotegidos de un sistema que cada vez otorga menos posibilidades de inclusión y satisfacción de las necesidades básicas de supervivencia del ser humano.

Si perseguimos el afán de construir un mundo más justo, más inclusivo y más democrático, y si de cuidar y cuidarnos se trata, este es el camino. Después de todo, de eso se trata la apuesta: no claudicar en la lucha colectiva que nos posibilite construir un Estado presente capaz de velar por cada uno de nosotros en la peor de las adversidades. 

 

Referencias

 

Josefina Bittel es Lic. en Psicología (UCP), Esp. En Psicoanálisis (UCP), Ex Docente Universitaria en Carrera de Grado (UCP – UCES), Docente en Diplomatura en Salud Mental y Derechos Humanos (UNPAZ), Docente en Diplomatura en Abordajes Socio Comunitarios de los Consumos Problemáticos con enfoque en Derechos Humanos (ENCLAVES – UBA FILO), integrante de Enclaves y del Observatorio de Salud Mental y Consumos de Sustancias de la Provincia del Chaco, ex Subsecretaria de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco.