Existe una brecha profunda aún entre los pueblos originarios y la población no indígena en nuestro país, donde las desigualdades son visibles en diversos ámbitos y espacios socio-comunitarios, evidenciándose una vulneración constante de derechos humanos: discriminación, segregación y desigualdad de oportunidades son parte de la cotidianeidad de nuestros hermanos y hermanas originarias. Todo esto se resume en su vulneración social, la cual, analizada desde una perspectiva de género, étnica y clasista, permite comprender las dificultades y los obstáculos que deben sortear para lograr -si es que lo logran- la inserción social. Una inserción que termina siendo indefectiblemente a un mundo occidentalizado ajeno e indiferente de la herencia ancestral originaria.

Y es que “los pueblos y comunidades indígenas poseen conocimientos y saberes ancestrales que han sido transmitidos de generación en generación por siglos. Estos conocimientos, saberes y prácticas se han conservado a lo largo del tiempo principalmente por medio de la tradición oral de los pueblos originarios y también por medio de prácticas y costumbres que han sido transmitidas en el marco de las dinámicas de la convivencia comunitaria”, resguardándose de esta forma la Identidad Cultural propia de cada pueblo o comunidad.

Los saberes ancestrales son la expresión de una cosmovisión que dista de la concepción del mundo occidental. En este sentido las comunidades originarias se han visto avasalladas por prácticas occidentales que les son impuestas, debiendo adaptarse a las mismas para tener acceso a ciertos derechos sociales, políticos, económicos, culturales, educativos y sanitarios. Entonces no solo es una cuestión de derechos en términos de ciudadanía, sino también de la limitación de la libertad de ser.

En la Argentina, se ha avanzado notoriamente en lo que refiere a los derechos de los Pueblos Originarios y más aún con respecto a las mujeres originarias, basándose en numerosos tratados internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como la CEDAW por sus siglas en inglés (art.12); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como el PIDESC (art.12); los artículos 1.1 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos; la Declaración Americana de Derechos del Hombre (art. XI); Protocolo de San Salvador (art.10). Este último haciendo especial énfasis en la necesidad de satisfacción de los grupos de más alto riesgo (inc. f). A su vez, la CEDAW agrega que la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica. Tanto la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo como la Plataforma de Acción de Beijing, instan a los gobiernos a que aseguren que la atención médica sea respetuosa de los derechos de las mujeres y que se garanticen sistemas de supervisión y evaluación de los servicios. Por otro lado, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUPI) consagran el derecho a que los mismos tengan a su disposición servicios de salud adecuados (Convenio 169 OIT, art.25 y DUNPI, art.24; participen activamente en el desarrollo de programas de salud acorde a sus condiciones particulares (DNUPI, art.23 y Convenio 169 OIT, art.25) y que se tengan en cuenta sus prácticas curativas (DNUPI, art.24 y Convenio 169 OIT, art.25.

Sin embargo, las hermanas y hermanos originarios sufren las consecuencias de un sistema excluyente de manera cotidiana.Sin ir más lejos en la provincia de Jujuy donde la policía del gobernador Gerardo Morales reprime a las comunidades que se manifiestan en “defensa del territorio, del agua y de la vida”, donde se conceden “derechos de uso y explotación sobre territorios indígenas a empresas privadas extranjeras para proyectos de generación de energía eléctrica, sin la consulta y el consentimiento de los pueblos involucrados” y con la presencia de la ex Secretaria de Asuntos Indígenas y actual ministra de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura, quien “es muy criticada por las comunidades originarias que le cuestionan entre otras cosas que llega al ministerio con una oscura y fracasada gestión en la Secretaría de Pueblos Indígenas. Cuyas malas políticas fueron denunciadas por muchas comunidades. En tres años de gestión varios sectores denuncian que cometió todo tipo de violaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas”: lejos se está del concepto de ciudadanía y derechos indígenas.

Por otra parte, en la tierra donde se lucra con la Pachamama y  se mercantiliza la cultura ancestral, son las mujeres quienes sufren la mayor desprotección por parte del Estado: según la autora Hirsch las mujeres indígenas cuentan con “los mayores índices de analfabetismo, la falta de acceso a una atención de salud adecuada; son también víctimas de violencia doméstica y prácticas discriminatorias y escasas posibilidades de mejoramiento laboral.”

Para comenzar, es necesario tener presente que estas mujeres al ingresar a un establecimiento sanitario en la Argentina sufren en primera instancia una discriminación múltiple: por ser mujeres, originarias, rurales y pobres, tal como señala Marcela Lagarde en su obra Cautiverios de las mujeres: madres, esposas, monjas, putas, presas y locas, que «las indígenas están sometidas a una triple opresión que se genera en tres formas de adscripción sociales y culturales, cada una de las cuales es opresiva; se trata de la opresión genérica, la opresión clasista y la opresión étnica».

La vulneración a la que están expuestas las mujeres es el resultado de múltiples factores, los cuales están engranados en el violento y discriminatorio sistema patriarcal. La comunión entre este sistema y el médico hegemónico conlleva la negación de las singularidades y particularidades de las mujeres originarias y rurales, de las prácticas y rituales específicos, de los saberes y conocimientos médicos indígenas.

Las mujeres originarias y rurales tienen sus propios enfoques y concepciones de salud y enfermedad, por lo tanto tienen su propia medicina. Hay cuestiones específicas relacionadas a las mujeres y a la salud que urgen ser atendidas como la interculturalidad, la práctica del parto respetado, la falta de  promoción de la salud y dificultades en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.

El embarazo, el parto y el puerperio en las mujeres indígenas son procesos de relevancia social y cultural, ya que todas las sociedades moldean el comportamiento reproductivo de diversas formas. En este sentido, los pueblos indígenas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva mantienen creencias y tradiciones que incluyen recomendaciones sobre este ámbito, así como diversas normas y cuidados para cada periodo del ciclo vital y reproductivo. Aquí resulta pertinente citar a Simone de Beauvoir: “El cuerpo no es una cosa, es una situación: es nuestra comprensión del mundo y el boceto de nuestro proyecto.” Tener control del propio cuerpo implica re-significarlo como un elemento más en el proceso de comprender la propia realidad y de acercarse a lo que se quiere ser o hacer, respetando la identidad y la cultura ancestral originaria.

Pero las mujeres originarias rurales han debido no solo reconocer los beneficios biológicos de la medicina occidental, sino que han debido dejar de lado sus prácticas culturales dotadas de significaciones y simbolismos, para adaptar su mundo cultural a un espacio ajeno. No obstante, las experiencias de interculturalidad vienen a rescatar conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas en directo beneficio a la salud de la mujer. Incluir a las mujeres originarias y rurales al sistema público implica entonces no solo respetar las tradiciones y saberes ancestrales sino también brindar información para mejorar el conocimiento  y acceso a servicios con el objetivo de reducir muertes maternas, embarazos no deseados durante la adolescencia y adultez y la vulnerabilidad a las enfermedades de transmisión sexual, entre otros.

Obstáculos para acceder al Sistema Público de Salud

Resulta necesario mencionar las barreras, obstáculos y dificultades con las que se encuentran las mujeres originarias al momento de intentar acceder al sistema público de salud. Las mismas pueden ser materiales  y/o culturales. En cuanto a las dificultades materiales, uno de los principales problemas es la distancia geográfica ya que la mayoría de las comunidades originarias residen en zonas rurales alejadas de los puestos de salud y hospitales, lo que implica considerar medios de traslado, falta de caminos accesibles y falta de transportes disponibles. Los recursos económicos no deben dejar de tenerse presentes al momento del acceso a la salud. Los costos económicos de traslados, tanto a los centros médicos como para la realización de trámites burocráticos que muchas veces deben realizarse en la ciudad jujeña, y la compra de medicamentos necesarios para cumplir con los tratamientos diagnosticados, pueden interferir con el acceso a la salud. Es dable señalar también la desigualdad que se genera para con las mujeres indígenas en relación al acceso a la cobertura de salud privada, ya sea a través de sistemas de medicina prepaga u obras sociales. Esta desigualdad remite a la dificultad que encuentran las mujeres originarias de insertarse en el mundo laboral donde se garanticen los derechos como trabajadoras, es decir, donde trabajen en forma registrada y donde la empresa o el patrón  cumpla con sus obligaciones como el pago de las cargas sociales.

En cuanto a los obstáculos culturales se puede citar  “la falta de información y conocimiento necesarios para hacer valer los derechos de las mujeres indígenas frente al sistema de salud, las situaciones sistemáticas de violencia hacia las mujeres indígenas cuando se las discrimina por su identidad y  pertenencia étnica y cuando las políticas de salud no contemplan ninguna adecuación cultural -como, por ejemplo, ante la barrera idiomática- ni enfoque de género”.

Las dificultades en el acceso a la información, como así también a las prestaciones de salud sexual y reproductiva, se traducen en que las mujeres indígenas presentan tasas de fecundidad más altas que las del resto de la población. El elevado número de hijos e hijas sumado a que una alta proporción de mujeres son madres antes de los 19 años de edad son la combinación perfecta para que estas jóvenes y mujeres originarias queden excluidas del sistema educativo y laboral formal. La mortalidad materno-infantil se relaciona con los embarazos no planificados a temprana edad y con el acceso al sistema público de salud en el momento del parto, que resulta bajo en relación con la población total. Existe una proporción significativa que tienen sus hijos en un domicilio particular.

La falta de métodos anticonceptivos y pastillas de emergencia en los hospitales y puestos de salud es más que evidente tras el ajuste en el ámbito sanitario, ya sea a nivel nacional, con el cierre de programas relacionados con la salud sexual y reproductiva y la reducción en las partidas presupuestarias para las áreas de género y mujer; como a nivel provincial tras la presentación del Plan Estratégico de Salud que esconde la reorganización del sistema sanitario jujeño, en este caso su descentralización, sin aumentar el presupuesto y más bien con ajuste al mismo. En esta línea y por citar un ejemplo, en 2016 solamente se entregaron un 20% de los preservativos previstos para hospitales y centros de salud públicos, 18 de 93 millones, cuando el año anterior se habían repartido 52 millones de profilácticos. En definitiva, con medidas de ajuste, con políticas sanitarias restrictivas como las señaladas, lejos se está de garantizar los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las mujeres originarias.

«Las dificultades en el acceso a la información, como así también a las prestaciones de salud sexual y reproductiva, se traducen en que las mujeres indígenas presentan tasas de fecundidad más altas que las del resto de la población.»

Hacia un sistema de salud intercultural, feminista y de derechos humanos

Paulo Freire permite por medio del análisis crítico de la realidad propia re-pensar, de-construir y construir nuevos saberes y prácticas. Esta mirada crítica implica entonces cuestionar los procesos sociales, políticos, económicos culturales y a su vez re-significar su propia identidad y prácticas. Pero para las mujeres originarias esta tarea resulta no tan sencilla, porque este proceso orgánico y dinámico se da en un contexto de extrema vulneración de derechos humanos. Así lo señala Dora Barrancos cuando se refiere a “Las distintas formas de violencia que anulan e impiden el ejercicio de todos los derechos humanos por parte de las mujeres (…) La situación particularmente grave de las mujeres indígenas”.

Por esto, resulta primordial realizar un trabajo conjunto entre el Estado en todos sus niveles con las organizaciones y los colectivos de mujeres originarias y rurales. Promover instancias de participación, de construcción y socialización de saberes que permitan sortear los obstáculos que hacen inaccesible el cumplimiento de los derechos anteriormente mencionados. La participación de mujeres originarias y rurales en el diseño, implementación y evaluación de planes y programas de salud es vital, porque las ubica en un rol activo donde puedan volcar sus saberes ancestrales para transformar la realidad que las oprime, discrimina y violenta. Dejar de ser meras espectadoras para construir su rol como mujeres indígenas activas y empoderadas.

Por otra parte, deben tenerse en cuenta las recomendaciones que apuntan a la necesidad de mejorar la calidad de los servicios, abarcando el buen trato y el enfoque intercultural, la formación de profesionales indígenas, la promoción de la salud sexual y reproductiva de una manera adecuada y el desarrollo de sistemas de información que permitan visibilizar a los pueblos y mujeres indígenas.

«Promover instancias de participación, de construcción y socialización de saberes que permitan sortear los obstáculos que hacen inaccesible el cumplimiento de los derechos»

El Estado refuerza la violencia hacia las mujeres a través del ejercicio de la medicina tradicional positivista que se realiza en las instituciones públicas, la cual sigue sosteniendo y reproduciendo un saber-poder sobre los cuerpos que no da margen al derecho a decidir y elegir. La invención de herramientas simbólicas y materiales para hacerle frente al sistema sanitario patriarcal y colonizador es importante y urgente. Es por esto, y como plantea Rita Segato, el Estado, “a pesar del carácter permanentemente colonial de sus relaciones con el territorio que administra, un buen Estado, lejos de ser un Estado que impone su propia ley, será un Estado restituidor de la jurisdicción propia y del fuero comunitario, garante de la deliberación interna.”

Es fundamental el trabajo colectivo sustentado en concepciones y prácticas feministas indígenas y comunitarias que trascienda el ámbito de lo privado, de la comunidad de pertenencia, materializándose los logros a nivel local, provincial y nacional en todos los espacios públicos y de decisión. La conjunción de los derechos humanos, del feminismo indígena, comunitario y la cosmovisión indígena es la que permitirá construir una sociedad más justa e igualitaria para las comunidades originarias.

· Ana Cicchitti ·

Licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires. Diplomada en Estudios de Géneros por la Universidad Abierta Interamericana. Especializada en problemáticas sociales (violencia familiar, violencia hacia las mujeres, abuso sexual infantojuvenil intrafamiliar, trata con explotación sexual, etc.).