En el horizonte ideológico neoliberal, las transformaciones que requiere nuestro país se asimilan a un “cambio cultural” integral, del que forman parte orgánica la precarización de las relaciones de trabajo, la mercantilización de la seguridad social, la flexibilización de los contratos colectivos de trabajo y la reducción relativa de los salarios. Todo en sentido contrario a lo recorrido en la gestión del kirchnerismo. Pero la enorme recuperación de derechos que implicó la etapa anterior no abatió todas las situaciones que agreden la salud de los trabajadores, ahora potenciadas por políticas que acentúan la inseguridad y el riesgo psicosocial.

Como es sabido, se ha definido a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo como aquellos aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su contexto social y ambiental, que tienen la potencialidad de causar daños físicos, psíquicos o sociales a los trabajadores.

Algunos ejemplos de condiciones de trabajo que entrañan riesgos psicosociales son:

• cargas de trabajo excesivas;
• exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto;
• falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y falta de influencia en el modo en que se lleva a cabo el trabajo;
• gestión deficiente de los cambios organizativos, inseguridad en el empleo;
• comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o los compañeros;
• acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por terceros.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo”. A esto debemos agregar la sobredeterminación de las organizaciones laborales y de los trabajadores que las integran, por el ambiente histórico social en el que se desenvuelven sus actividades en un momento determinado.

1. La trampa de canjear salud por dinero

En el transcurso del 2016, el sindicato que representa al personal de Aduanas, encargó un trabajo de investigación a un grupo de investigadores de la Universidad de Tres de Febrero del que formo parte, para estudiar y documentar las condiciones laborales de sus afiliados, en especial en las zonas de frontera. Para recopilar la información hicimos entrevistas individuales y grupales a un total de 97 trabajadores en 21 lugares diferentes del país. El perfil promedio de los trabajadores, en especial los más jóvenes, es de estudios medios y superiores y se caracterizan por no estar amenazados por la pérdida de su trabajo pero tampoco haber mejorado sus condiciones de trabajo en el pasado inmediato.
La remuneración que tienen es alta en relación con la media salarial nacional y se conforma por tres partes: el salario de convenio, el “fondo de jerarquización”, que varía en función de la recaudación que mensualmente tiene la Aduana y los “servicios extraordinarios”, que son tareas realizadas en la semana fuera del horario administrativo (también los días feriados y fines de semana, las 24 horas) y que eventualmente alcanzan a superar el monto básico, aunque no todos los trabajadores las efectúan. Pero ese incentivo econó- mico los conduce muchas veces a una encerrona existencial que mal resuelven a costa de su salud y de su vida familiar.

Algunos testimonios

Entrevistamos a un trabajador de 34 años oriundo de Mendoza, que se desempeña en un valle de montaña al pie del Aconcagua, a 120 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en jornadas diarias de doce horas, en ese momento de 20 a 8 de la mañana, durante doce días seguidos con dos de franco, a veces. “Hace siete años y medio que entré. Siempre en el área del Cristo Redentor. Bajo a Mendoza cuando tengo el fin de semana libre. Ya no me lo aguanto como antes, que bajaba y subía. Mi casa, mi familia, todo lo tengo abajo. Mis amigos. Mi familia… Me casé, me separé, por esto mismo. Por el trabajo. (…) Les pedí un poco más de tiempo, viste, por ahí hacer menos horas, no tantas al día, no hacer doce horas todos los días, o por ahí bajar una semana al mes a Mendoza para estar con mi señora…, ¡Bah!, con mi ex. Y no.”
La negativa institucional se fundó en razones operativas. Se relaciona con la crónica insuficiencia de personal para atender el elevado flujo de mercaderías que deben ser verificadas todos los días sin demoras, por exigencia de los operadores de comercio exterior y de cuya licitud son, por otra parte, penalmente responsables los trabajadores aduaneros.
Otro empleado, que ya supera las cinco décadas de vida, comentaba en Iguazú que su padre también había sido aduanero. “De pibe iba a verlo al trabajo, porque nunca estaba en casa”. Situación que él volvía a repetir con sus hijos y que asumía como parte natural de su trabajo. No todos responden igual. Pero la institución sanciona informalmente a quienes no se someten a su lógica discrecional. Fue la consecuencia que sufrió un empleado platense, padre de dos niños pequeños, que rechazó un traslado a ciudad de Buenos Aires, porque los viajes lo dejaban sin tiempo para dedicarse también a la crianza de sus hijos. Le retiraron la función ejecutiva que venía ejerciendo, que implicaba manejo de dinero (la Aduana es un ente recaudador), lo que disminuyó sus ingresos. La negativa a realizar “servicios extraordinarios” también conlleva el riesgo de ingresar en una suerte de “lista negra” informal a la hora de eventuales ascensos, según sospechan trabajadores que entrevistamos en Paso de los Libres, Orán o El Calafate.
El contraste generacional es fuerte en este punto. En el puesto ubicado sobre la ruta en Tres Cruces, a 3700 metros de altura en la Puna, encontramos a un hombre mayor, satisfecho de su trabajo porque la “Aduana es mi familia”, dice. Separado y sin hijos, vive solo en La Quiaca, donde presta servicios regularmente. Durante una semana al mes permanece en Tres Cruces, con otros tres compañeros, rotando entre sí cada seis horas, para asegurar una presencia constante en la ruta. El resto de las horas de trabajo las cumplen en una oficina ubicada en el pueblo, al lado de la vivienda en que habitan durante esa semana.
Algo parecido sucede en el sur. A 80 kilómetros de Río Gallegos, camino a Punta Arenas, está el Puesto Integrado Austral, que cubren semanalmente contingentes de empleados que comparten vivienda y comidas fuera de las jornadas que realizan de doce horas de atención al público (o más, dependiendo del flujo de vehículos, pues deben atender a todos los que ingresan al paso). Hablamos con un joven soltero que está haciendo sus primeros años en la Aduana. Procede de una provincia alejada y tiene antecedentes familiares en el organismo. Se pregunta si tiene sentido lo que hace. “¿De qué sirve ganar más si no lo podés disfrutar?”, se cuestiona.
Pese a que, como muchos de sus compañeros, proviene de una familia vinculada laboralmente a la Aduana, en él no se ha naturalizado todavía el trueque de agotamiento y aislamiento social por dinero que propone el trabajo en el organismo, como sí sucede con el hombre que nos dio su testimonio en La Puna.
La estabilidad en el trabajo y las remuneraciones medias abultadas no evitan que los trabajadores sufran las consecuencias de una organización que no los considera en sus derechos como personas, que los somete a una excesiva intensidad del trabajo, no les provee los elementos técnicos necesarios para su desempeño profesional, es sospechada socialmente de corrupta y que, además, es atravesada por continuos cambios en los mandos medios y superiores, situación que en la actual gestión se potenció.
Los resultados no pueden sorprender. Cerca del 40% de los trabajadores que respondieron a una escala de autopercepción de estrés elaborada por técnicos de la OIT y la OMS, dieron resultados negativos. Los factores que más incidieron fueron el déficit tecnológico (54,48% de los cuestionarios), el clima organizacional (49%) y la estructura organizacional (43,4% la ponderaron negativamente).
En esta somera presentación de los hallazgos más relevantes de nuestro estudio, hemos hecho eje en las relaciones familiares y el ocio para simplificar una problemática muy compleja en las dimensiones limitadas de una nota. Tratamos de marcar que la situación nacional actual pone en crisis lo que en muchos sitios ya estaba mal.
Un dato que nos llamó la atención es que la organización del trabajo de los aduaneros contrasta, además, con la de otra de las agencias públicas que coexiste con la Aduana en los pasos de frontera, renovada en profundidad en el pasado inmediato, que es la Dirección Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior. Sus integrantes cumplen jornadas de ocho horas con francos semanales, no pernoctan en el trabajo, salvo en sitios muy aislados y cuentan con dotaciones mayores de personal para abordar el mismo flujo de personas en tránsito, al menos en los puntos que nosotros visitamos. Un contraste que desbarata lo existente en la Aduana como inevitable.
Es escaso el número de investigaciones como esta, que no fue iniciativa de ninguna instancia pública y que deberían formar parte del programa de acción de ámbitos de gobierno orientados a regular las relaciones de trabajo. De acuerdo con los testimonios de los propios trabajadores es posible suponer que en otros colectivos laborales se reproduzcan condiciones semejantes, muchas veces naturalizadas por la historia acumulada de injusticias a la que se han tenido que ajustar, como condición para acceder o preservar su empleo.

2. El cambio que pretende Cambiemos

Unos meses atrás, el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich (que gusta definirse como el gerente de recursos humanos), dijo: “debemos crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla”. Fue en un debate referido a “la capacitación laboral necesaria para responder a las demandas del siglo XXI, como así también las fortalezas que se deben potenciar desde la educación”.
Bullrich dijo esta frase en el panel “La Construcción del Capital Humano para el Futuro” en el Foro de Inversiones y Negocios, conocido como Mini Davos, que tuvo lugar en el CentroCultural Kirchner en septiembre de 2016. “Hay que entender que no saber lo que viene es un valor”, agregó Bullrich, acerca de los objetivos de la educación en los próximos años.
“El problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas: o que sean los que crean esos empleos, que aportan al mundo esos empleos, personas como Marcos Galperín (fundador de Mercado Libre), o crear argentinos que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla.” Es decir, empresarios exitosos o trabajadores sin estabilidad, precarizados, pero felices. Tarea compleja pero no imposible en el mundo del Gran Hermano. Como lo demuestran los aduaneros citados, que tienden a naturalizar sus condiciones de trabajo, aunque les cueste sus relaciones familiares o sociales.
Las expresiones de Bullrich no son casuales ni intrascendentes. Revelan la lógica íntima de la sociedad que espera gestar la alianza de las derechas vernáculas. El darwinismo social que integra la mirada neoliberal de la actual gestión de gobierno, introduce el debate sobre las supuestas ventajas de la incertidumbre, en un momento histórico en el que se avecinan intensos cambios en la organización del trabajo por la expansión de los procesos de automatización y la difusión de nuevas tecnologías. En nombre de la modernidad se pretende abatir el sistema protectorio del trabajo y al proceso se lo presenta como consecuencia “natural” del progreso científico técnico, como una forma de desarticular las resistencias que ocasiona una transformación que no debe hacerse a costa de los trabajadores.
Ocurre que este cambio que se procura imponer en nuestro país, profundamente regresivo y más bien expresivo de la añoranza de la sociedad oligárquica, es contemporáneo de uno semejante que las grandes corporaciones transnacionales impulsan en las economías más desarrolladas, en ese caso como nuevo paradigma productivo capaz de preservar y expandir sus ventajas comparativas acumuladas, aunque sea a costa de la destrucción de grandes porciones del empleo formal. Más allá de las profundas diferencias entre ambos procesos, tienen un punto común que es promover la erosión paulatina de los marcos que definían el trabajo decente, según la OIT. Por eso se lo utiliza acá como ejemplo de modernidad, aunque se procure en realidad retrotraer el sistema de relaciones laborales al siglo XIX.
Aun en el seno de ese mundo al que dice que quiere volver Macri, hay voces diferentes. El propio mentor del Foro de Davos, Klaus Schwab, que participó en la edición regional que se realizó en Buenos Aires el 7 de marzo pasado, reflexiona respecto de esta nueva etapa cuyo advenimiento se impulsa, en los siguientes términos: “Avances revolucionarios en inteligencia artificial, robótica, Internet de las Cosas, vehículos autónomos, impresión 3D, nanotecnología, biotecnología, ciencia de materiales, almacenamiento de energía y computación cuántica están redefiniendo industrias enteras y creando de cero otras nuevas. En el Foro Económico Mundial a esta ola de innovación la bautizamos “Cuarta Revolución Industrial”, porque supone un cambio fundamental del modo en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos.” Pero acota en relación a la definición e implementación de políticas: “Para garantizar nuestra prosperidad futura, debemos preguntarnos si las nuevas tecnologías se diseñan con el objetivo de satisfacer necesidades sociales o si simplemente introducen cambios por el cambio mismo (…) las consideraciones sociales y éticas no son una molestia que sea preciso superar o anular; nuestros valores compartidos deben ser el elemento central de todas las tecnologías nuevas. Si estas se usan en modos que agravan la pobreza, la discriminación o el deterioro medioambiental, entonces no están a la altura del futuro que queremos construir. Invertir en tecnologías nuevas solo se justifica si contribuyen a un mundo más seguro e integrado”.
No es el caso actual de Argentina. Si bien los responsables del gobierno de Cambiemos se han cuidado de una expresión sistemática y pública de sus intenciones y operan con cautela premeditada en la aplicación paulatina de los cambios que pretenden, la reducción los salarios medios tendiendo al promedio de la región, la intentada disolución de la justicia laboral en lo civil, la relativización de la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo, la ola de despidos, la eliminación de los subsidios a los servicios públicos y las reformas de los regímenes de riesgos de trabajo y previsional, apuntan todos en sentido de una sociedad más escindida, en la que los asalariados carguen sin recursos con una cuota mayor de incertidumbre.

Este cambio que se procura imponer en nuestro país, profundamente regresivo y más bien expresivo de la añoranza de la sociedad oligárquica, es contemporáneo de uno semejante que las grandes corporaciones transnacionales impulsan en las economías más desarrolladas. 

Como casi todo en una sociedad desigual, la seguridad también se distribuye de forma heterogénea. Librada a la lógica del mercado, se concentra en el polo que acumula riquezas, en el que las personas se pueden asegurar a sí mismas frente a las contingencias de la vida o son resguardadas por la fortuna familiar. Mientras que, a mayor pobreza, se agranda la inseguridad y es transmitida de una generación a otra, a menos que se la compense por mecanismos previsionales dispuestos desde fuera de la lógica mercantil. Así, volver líquido el horizonte vital de los asalariados como propone Bullrich, es equivalente a ponernos a todos en riesgo psicosocial.

· Gerardo Codina ·