¿Cómo impacta la “motosierra” en las políticas de cuidados? ¿Qué efectos tiene sobre la vida cotidiana y sobre los proyectos de las familias? La sobrecarga de tareas recae con mayor énfasis sobre las mujeres, lesbianas, personas trans y no binarias. Con un Estado que se retira, mientras estigmatiza a las organizaciones sociales y busca atomizar la vida social ¿qué redes hay contra la violencia de género? ¿Cómo pensar la organización? Estos son algunos de los interrogantes que gestaron La cocina de los cuidados, un espacio intersectorial de seguimiento y producción de información y de acciones legales sobre las medidas del gobierno que afectan el universo de los cuidados.
Cuando hablamos del derecho al cuidado hablamos, centralmente, de mecanismos de sostenimiento de la vida, del derecho a cuidar, a que nos cuiden y al autocuidado. En estos meses de gestión, La Libertad Avanza desmanteló la respuesta estatal a la crisis de los cuidados, que daba en forma de políticas para la sostenibilidad de la vida. Desde espacios de primera infancia, comedores, dinero para terminar los estudios, hogares para mayores, presupuesto para quienes necesitan salir de hogares para preservar la vida o la salud, asesoramiento para quienes transitan situaciones de violencia de género. El desmantelamiento implicó que las organizaciones sociales que garantizan cuidados comunitarios, las familias y, en particular las mujeres, se quedaran haciendo malabares entre alimentos cada vez más costosos, menos tiempo para el cuidado y esfuerzos cada vez mayores para llegar a fin de mes.
A diez meses del inicio de la administración de Milei encontramos que de las 49 políticas de cuidado que relevamos, sólo 7 están vigentes (Régimen de Empleo del Trabajo de Casas Particulares, Prestación Alimentar, Programa Progresar, acceso a Medicamentos de otro tipo, subsidio para Auxiliar Domiciliario y canasta de Crianza). Del resto de las políticas, 24 se encuentran discontinuadas y derogadas, mientras las 18 restantes están sub ejecutadas o en riesgo.
Para el último informe hicimos una encuesta telefónica de alcance nacional que midió el impacto de las medidas oficiales en las condiciones de vida, la organización y la gestión de los cuidados de la infancia, personas mayores y personas con discapacidad. El 55% de las familias contestó que no le alcanza los ingresos de su hogar. El 65% dijo que tuvo que hacer cambios y recortes en su alimentación o la de su familia. Esta proporción aumenta entre quienes son mujeres, pertenecen a barrios populares (80%) y en los hogares donde viven personas mayores.
Las respuestas nos ayudan a dimensionar la profundidad del daño para las familias y, en particular, para las mujeres y las personas LGBTIQ+, de cuyo tiempo y trabajo no reconocido depende la reproducción social. La mayoría de las personas encuestadas contó que tiene menos tiempo para el cuidado de sus hijas e hijos, porque tienen que trabajar más para hacer frente al aumento de los costos de vida (59%). A su vez, hay niñes que quedan al cuidado de niñes. La sobrecarga del tiempo familiar de cuidado y la falta de espacios públicos disponibles también repercute en el aumento de las horas diarias que las personas mayores pasan en soledad.
La sobrecarga de tareas de cuidado y la falta de autonomía tienen un impacto profundo en las mujeres, lesbianas y personas trans que enfrentan violencia de género, porque perpetúa y agrava su situación de vulnerabilidad. Este contexto de retiro del Estado nacional, donde se niega la existencia de la violencia de género, se cierran ventanillas de atención y acompañamiento, se desfinancian los espacios para salir de situaciones de violencia y se recortan programas como el Acompañar, crea un escenario de desigualdad brutal. Día a día vemos cómo se refuerzan las dinámicas de poder desiguales y se limitan las posibilidades para salir del ciclo de violencia.
No contar con espacios de cuidados que alivien la carga en el hogar y permitan distribuir de forma más justa esas tareas hace que quienes están viviendo situaciones de violencia permanezcan en un mayor aislamiento. Esto imposibilita acceder a redes de apoyo, familiares o comunitarias, estar lejos de las conversaciones que ayudan, estar limitadas para ir a centros de atención sin riesgo.
La sobrecarga, además, la distribución desigual, injusta y no reconocida económicamente de los cuidados es un obstáculo enorme. Es no tener tiempo para buscar un trabajo fuera de la casa, de generar ingresos independientes que permitan no tener dependencia económica del agresor y salir del control permanente. Cuando leemos sobre el recorte estatal y el recorte en las políticas de cuidados tenemos que tener presente que una de cada dos mujeres sufrió algún tipo de violencia por el hecho de ser mujeres. La carga de violencia sumada a las tareas de cuidados impacta en la salud física y mental, con cuadros que a veces pueden cronificarse como la ansiedad y la depresión.
Además de insistir en que necesitamos fortalecer las redes de apoyo, tener políticas de cuidados, incrementar las ayudas económicas para salir de situaciones de violencias, es indispensable promover la corresponsabilidad en las tareas de cuidado. El sostenimiento de las familias no sólo está sufriendo desbarajustes irreparables desde lo material sino también en lo emocional, y se ve en las dos puntas del mundo de los cuidados: quienes cuidan y quienes reciben cuidados.
Lucía de la Vega es Coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).