La llegada
Era un día de diciembre, húmedo y caluroso, del año 2019 y nosotras, trabajadoras de salud y ronderas feministas de la Fundación Soberanía Sanitaria, llegábamos, junto a otros compañeros y compañeras, a gestionar la política sanitaria de la provincia de Buenos Aires con el cambio de autoridades después que Axel Kicillof ganara la gobernación. Veniamos de publicar Salud Feminista: Soberanía de los cuerpos, poder y organización, un libro, un manifiesto como expresó la socióloga Veronica Gago el dia de la presentación. Teníamos en el cuerpo la memoria del 2018, de la marea verde, una experiencia compartida que nos dejó la certeza de que a la clandestinidad no íbamos a volver nunca más y que el aborto sería ley. Teniamos como prioridad colectiva asegurar el acceso a abortos legales y seguros y prepararnos para implemantar la ley, que estábamos convencidas, íbamos a conquistar.
La oficina del entonces Programa de Salud Sexual estaba ubicada en el playón del estacionamiento del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de la vereda, como un intento de sostenerse dentro del predio, metáfora de la resistencia a ser excluidas de las políticas sanitarias bonaerenses. Era una oficina pequeña, con escritorios pegados unos a otros mirando hacia la pared. Nos encontramos con un equipo con formación, experiencia, y con un compromiso profundo; pero repleto de angustia y cierta impotencia por la soledad de los últimos años. La misma soledad e impotencia que sentían las mujeres bonaerenses frente a un Estado provincial que se desentendía y entregaba las posibilidades de acceso a la salud a las trabajadoras y trabajadores que a fuerza de voluntad y compromiso se las ingeniaban para garantizar información y servicios de Interrupción Legal del Embarazo de acuerdo al Código Penal de 1921 y a un protocolo nacional que la provincia seguía sin adherir.
En aquella oficina chiquita y escondida, el equipo del Programa de Salud Sexual, puso el oído y el cuerpo para contener y abrazar en medio de la desesperanza y el miedo a las personas que llamaban a la línea 0800 o llegaban a través de las redes territoriales de las 12 regiones sanitarias. Escuchar, recuperar y reformular colectivamente fueron las primeras acciones que permitieron ordenar las tareas y establecer un plan de trabajo que tuviera como prioridad desarrollar una politica centrada en la autonomía personal y que garantizara el acceso al aborto seguro con equidad territorial. Teníamos que generar las condiciones simbólicas y materiales para que esto pudiera suceder.
La adhesión al “Protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, por el gobierno de la provincia de Buenos Aires por medio de la Resolución Nº 1/2020, de firma conjunta entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, fue una de las primeras resoluciones administrativas de las carteras provinciales y nos dieron el marco normativo y simbólico para iniciar un proceso de trabajo.
Asegurar la medicacion esencial para garantizar el aborto era otro de los desafios que se presentaban. Teníamos una convicción: comprar al laboratorio de producción pública de Santa Fe. Según nuestras estimaciones el ahorro podía llegar a superar la inversión y no había duda de que la política de medicamentos tenía que ser un espacio de disputa. El misoprostol del LIF no tenía aún la autorización de tránsito interprovincial expedida por ANMAT, tampoco contábamos con la información de cuántas personas abortaban por año en la provincia, sin embargo sabíamos que las mujeres estaban abortando.
El dato más contundente que teniamos eran las estimaciones de 2005 realizadas por Edith Pantelides y Silvia Mario, en Argentina por año se sucedian entre 371.000 y 522.000 abortos inducidos. Esas estimaciones realizadas con 2 metodologías de validación internacional, nos había permitido poner sobre la mesa la magnitud de aborto en nuestro pais y la regularidad de la práctica. Esta investigación daba cuenta de la cantidad de mujeres que se internaba en los hospitales públicos de la provincia por aborto y de todas las que se morian anualmente por ello. Eran datos que nos acercaban a la problemática, pero que dejaban sin responder con exactitud ¿cuántas mujeres y personas con capacidad de gestar abortaban por año en la provincia? Con 5 escenarios de estimación indirecta realizados con urgencia desencadenamos un proceso de trabajo para la adquisición del insumo indispensable para asegurar el acceso a abortos a través de un convenio administrativo entre Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. No había experiencia de un proceso administrativo de estas características y nos dedicamos a investigar todos los procesos de gestión hasta lograr concretar una compra a través de un convenio interprovincial.
La pandemia todavía no había tomado centralidad en nuestras vidas, transcurría el verano del 2020, y aún no usábamos barbijo, cuando un camión del Correo Argentino llegó al Ministerio de Salud Bonaerense con la primera compra de misoprostol producido en un laboratorio público. El momento, de gran emoción para todo el equipo, quedó registrado en selfies que compartimos hasta con el chofer que ayudó a descargar las cajas con el logo del “Lif. Laboratorio Industrial Farmacéutico”, quien seguramente no sabía qué estábamos celebrando, pero pudo intuir que era algo importante. Compartió con nosotras la alegría y los abrazos.
La pandemia
Con la llegada de la pandemia tuvimos claro que los abortos no se iban a detener e incluso, a razón del aumento de la violencia de género en los hogares, podían aumentar los embarazos forzados y no buscados. Definimos su acceso como una prestación esencial que los equipos de salud no podían demorar ni derivar. Esas definiciones y la elaboración del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a interrumpir el embarazo y el acceso a métodos anticonceptivos” abrieron debates y conversaciones, acerca de la insistencia en realizar interrupciones legales del embarazo (ILE) cuando estábamos enfrentando una crisis sanitaria.
Explicar que el aborto es una practica sensible al tiempo, que una mujer que decide abortar va a hacerlo de cualquier manera, que garantizar abortos seguros en el marco de la normativa vigente previene complicaciones que pueden terminar en enfermedad y muerte, que incluso dar acceso temprano no solo protege sino que resulta un uso eficiente del gasto por los montos elevados de las internaciones, fueron intercambios constantes durante ese primer año de gestión.
Este debate tenia como contexto politico el activismo de la Campana Nacional por el derecho al aborto legal y seguro, que insistió y presionó, en pleno ASPO, a los legisladores y legisladoras hasta conquistar la ley 27.610 el anteúltimo día del año 2020. Al momento de la sancion de la ley, el 30 de diciembre de ese año, con un año de gestión feminista, la Provincia de Buenos Aires contaba con los equipos capacitados y los recursos necesarios para ofrecer servicios de aborto en 404 establecimientos de salud, entre hospitales y centros de atención primaria, distribuidos en 99 municipios de los 135, más del doble de los que contábamos en diciembre de 2019, al comienzo de la gestión, y ahora organizados en una Red bonaerense de acceso al aborto con clara conducción de la Dirección de Salud Sexual provincial, jerarquizada como tal en la nueva estructura organica funcional sancionada por el decreto 413/2020 .
El territorio: nuestro lugar de lo común
Mapas de la evolución de los establecimientos de salud que garantizan el aborto voluntario y legal en la provincia de Buenos Aires. Periodo 2019 a 2022
Fuente: Ministerio de Salud de la PBA
El acceso al aborto para todas las bonaerenses era un objetivo, para eso sabiamos que teníamos que iniciar una serie de acciones para ampliar la cantidad de establecimientos de salud con equipos profesionales que pudieran dar respuesta. Sin embargo, para que fuera una marca común para todas las personas que habitan o transitan el suelo bonaerense, necesitábamos tener una mirada territorial. Mapear la red y comunicarla fue la estrategia que nos permitió poner foco en las inequidades y reducirlas, a la vez que mostrábamos el avance comunitario de la política de acceso al aborto. Pintar de verde la provincia fue una meta clara, tambien un sueño feminista: garantizar el acceso universal a decidir sobre nuestros destinos, sobre nuestras vidas, el acceso a la soberanía sobre nuestros territorios primarios: el cuerpos de cada una, nuestros cuerpos.
Mapa de los establecimientos de salud que garantizan el aborto voluntario y legal en la provincia de Buenos Aires. Año 2023
Fuente: Ministerio de Salud de la PBA
Las redes feministas
Crear una red de acceso a abortos acompañados y cuidados requiere de instituciones de salud que se inscriban y sean parte de la comunidad que las aloja. La construcción de la red bonaerense fue posible por la capacidad y la voluntad de articulaciones entre el Estado y las organizaciones sociales. Los primeros años fueron de mucha actividad territorial, reuniones, mensajes, grupos de whatsapp para compartir información, para avisar a la Dirección de salud sexual provincial, cuando una mujer internada en un establecimiento del sector público era expulsada o no recibía tratamiento que establece el protocolo.
Las Socorristas en red, la Campaña por el derecho al aborto y la Red de profesionales por el derecho a decidir, fueron actores claves en la construccion de redes y circuitos de acompañamiento y cuidado que a lo largo del tiempo se fueron consolidando e institucionalizando. La creación de los Servicios de Área Programática (SAPs) en los hospitales provinciales fue otra estrategia que permitió consolidar servicios más accesibles a la comunidad con circuitos de articulación y derivación entre niveles de atención.
Niñas no madres
Durante el 2018, en la discusión por la ley de aborto, habiamos analizado las bases de mortalidad y egresos hospitalarios para poder compartir información epidemiológica. Los numeros de internación por motivos de embarazo y aborto en los hospitales públicos del país nos habían revelado algo aterrador. Las niñas de 10 a 14 años se internaban más por motivos obstétricos (partos, cesáreas, complicaciones del embarazo y aborto) que por una apendicitis o equivalente a motivos respiratorios.
La provincia de Buenos Aires no era la excepción. Para el año analizado, las niñas se internaban un 6% por motivos de apéndice, un 13% por afecciones respiratorias, y 11% por motivos obstétricos. Las niñas en situación de embarazo forzado no demoraron en llegar. “Las niñas no son madres” gritamos como feministas. Ahora con responsabilidades de gestión teníamos la posibilidad y la responsabilidad de cuidar a esa niñas vulneradas, y devolverles su infancia. Desde ese grito conformamos una de las políticas más difíciles de realizar: la mesa provincial de niñas no madres. Una estrategia de vigilancia de los casos de niñas en situación de embarazo, que permitió intervenir en casi 700 situaciones en 4 años.
Algunas metas alcanzadas
A cuatro años de la sanción de la Ley de IVE tenemos una red bonaerense de aborto conformada con el trabajo mancomunado de cientos de trabajadoras y trabajadores de salud y activistas, que hoy se extiende por 133 de los 135 municipios bonaerenses y se encuentra conformada por más de 600 servicios de salud en Centros de Atención Primaria y Hospitales provinciales y municipales.
Esta Red nos permitió garantizar más de 130.000 situaciones de aborto en todos estos años dentro del sistema público de salud bonaerense y reducir en un 90% las muertes en situación de aborto intencional. Situaciones que pudimos registrar gracias al desarrollo de un sistema de información de la provincia que nos permite caracterizar la práctica del aborto, profundizar las medidas de cuidado y prevención, planificar los insumos necesarios con información epidemiológica y monitorear la política pública que garantiza la aplicación de la Ley 27.610 en todo el territorio bonaerense. Gracias a ese registro hoy sabemos que el 95% de los abortos intencionales se deciden antes de la semana 14 de gestación, son interrupciones voluntarias del embarazo amparadas por la ley 27.610. Y que el 90% del total de los abortos son prácticas que, si no presentan antecedentes o condiciones que lo impidan, podrían realizarse con atención ambulatoria.
¿Qué cambió con la ley de aborto voluntario?
La ley argentina de interrupción voluntaria del embarazo pone la centralidad de la práctica en la autonomía, en el derecho de cada persona de decidir acerca de su cuerpo y su destino. El aborto de la Ley argentina es un aborto feminista, es un aborto cuidado. Por un lado devuelve el protagonismo a las mujeres y las personas con útero, reconoce el ejercicio de su ciudadanía y a la vez expone con nitidez que el reconocimiento de la autonomía personal no es posible sin una red que acompañe, sostenga y cuide.
La autonomía requiere de redes que la sostengan, que acompañen a lo largo del camino. Su implementación en cada establecimiento de salud y en cada territorio requirió de una transformación de la cultura institucional organizada alrededor del saber médico, entendiendo que el entramado vincular y relacional que se da dentro de las instituciones dialoga con estructuras de poder más grandes.
Transformar este modelo requiere de una transformación de nosotros y nosotras mismas, de las manera en que nos vinculamos y de las instituciones que habitamos. En este sentido, incorporar la autonomía personal como un eje central en la implementación de la 27.610 no se circunscribe a la práctica del aborto sino que restituye la autoridad epistémica a las cuerpas que la portan y que requieren atención sanitaria. Interpela también el modelo de cuidados y propone otros modelos de atención que requieren hacerse preguntas, repensar, sentir y pasar esa transformación por el propio cuerpo.
Quizas el cambio más importante en estos años de aborto legal y voluntario ha sido aprender que la libertad sólo es posible cuando existe una trama capaz de sostener y alojar las decisiones de cada quien, del intercambio de cuidados y la ternura como pilares alrededor de los cuales sigamos apostando a la integración del sistema de salud y a la sustentabilidad de la vida en común.
Hoy el gobierno nacional de Javier Milei vuelve a poner en riesgo la implementación de la Ley 27.610, atacando su base material y simbólica, desfinanciándola, desarmando sus equipos históricos, reduciendo la capacidad del 800 Salud Sexual para orientar y dar respuesta, no inciando las compras de insumos claves como misoprostol, mifepristona, ni métodos anticonceptivos, para garantizar acceso y prevención, prohibiendo la palabra aborto en las oficinas del Ministerio de Salud de la Nación. Sabemos que las mujeres abortamos igual con o sin Estado que acompañe. Sabemos que atacar el acceso a un aborto cuidado y con acompañamiento del sistema de salud, no se circunscribe, entonces, solo al aborto, sino que se extiende a otras esferas para poner en duda nuevamente nuestra ciudadanía plena, nuestro derecho a decidir, nuestros lugares en los espacios de poder, y el modo de construir vinculos y comunidad, así como las formas de organización para disputarlos.
La bandera de libertad que ellos levantan es de impacto para unos pocos. Las feministas sabemos de libertad, de desearla profundamente. También sabemos que no hay libertad sin pensar lo común, hilvanar y construir comunidad. El aborto es un derecho por el que tenemos que luchar todos los días, el aborto cuidado que deseamos expresa otra forma de vincularnos, otros modos de hacer salud y otros modos de vivir la vida común. Nunca es sólo una lucha por el aborto.
Andrea Paz es socióloga y epidemióloga, rondera feminista de FSS, trabajadora de salud desde el 2009. Integrante del equipo matricial de la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud desde dic 2019 y asesora en el ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires. Coordinadora de la diplomatura de equidad de género en salud que dicta la Escuela de gobierno floreal ferrara y la UNLP.
Carlota Ramirez es Psicóloga, feminista, peronista y militante por la salud pública y la equidad de género. Directora de Salud Sexual de la Provincia de Buenos Aires (Dic. 2019 – Dic. 2023).