No es intención de este escrito el tratamiento exhaustivo de cada aspecto bioético de los conflictos planteados por la pandemia, sino tomar alguno de ellos y tratar de expresarlos en un lenguaje comprensivo y libre de tecnicismos innecesarios, para que pueda ser abordado por cualquier persona con una capacidad común de entendimiento.
Si decimos que la vacunación es el derecho protegido por el Estado que tiene cada persona para evitar un potencial daño a su salud, seguramente estaremos en lo cierto. Si por otro lado afirmamos que la vacunación es una obligación para la misma persona y por consiguiente para la sociedad, exigida por el Estado cuando una enfermedad pone en riesgo la Salud Pública, también estaremos en lo cierto.
Esta aparente contradicción entre derecho y obligación, sólo es eso, una aparente contradicción, ya que ambas premisas tienen su justificación en dimensiones diferentes. Y es también cierto que en la práctica puede parecer que colisionan, pero en realidad la contradicción la genera quien considera al derecho como un privilegio y a la obligación como una obediencia indebida.
Así, todo sujeto social tiene el derecho a que se garantice su acceso a la vacunación, y también en un primer momento tendrá el derecho de ejercer libremente su decisión autónoma de no vacunarse, sin olvidar que la ejecución de ese acto autónomo no debería ser arbitrario y que debe como mínimo tener requisitos tales como intencionalidad, comprensión de las consecuencias y libertad, pero también algunas condiciones como decisión no forzada, opciones reales de elección y toda la información relevante. Si comprendemos esto, podremos ver con facilidad que una decisión autónoma nunca puede ser una decisión irresponsable o caprichosa, así como tampoco el ejercicio de la autonomía constituye un hecho absoluto, pues los actos SIEMPRE tienen consecuencias sobre otros (el hecho de ser un ente social es el mayor condicionamiento para la libertad) o, como lo pretenden los extremistas que terminan negando el verdadero sentido de la libertad, olvidando (intencionalmente) que el ejercicio de la autonomía, aceptando una libertad condicionada por el hecho de ser humano, es lo que hace al ser humano “responsable”, es decir es lo que le permite responder de sus actos ante sí mismo y ante los demás. Sin responsabilidad no hay libertad posible.
«una decisión autónoma nunca puede ser una decisión irresponsable o caprichosa»
Es en este punto precisamente donde podemos tener una de las primeras pistas que nos orienten a pensar si el presunto accionar autónomo absoluto, por ejemplo en situación de pandemia, no está desconociendo en realidad la condición de ser social del humano y por lo tanto negando su condición de dependiente de otros y su obligación de reciprocidad con el resto de la sociedad, en particular con sus miembros más vulnerables, poniéndolos en mayor riesgo.
En el caso específico de los responsables del cuidado, en primera instancia autoridades y trabajadores de la salud (profesionales y no profesionales), la cuestión debe ser planteada como una “obligación de cuidado” y consecuentemente, todas sus acciones deben ajustarse a un proceder beneficiente y guiado por la prudencia.
Si bien al principio de la pandemia existía desconcierto causado por el desconocimiento sobre todos los aspectos de este nuevo agente viral (formas de transmisión, permanencia en el medio, síntomas y signos propios de la infección, curso de evolución, complicaciones y secuelas, entre otros), es importante reconocer el gran caudal de nuevos conocimientos desde un enfoque científico obtenidos en muy corto tiempo, que dan mayor certeza y confianza en lo logrado por la investigación.
De igual manera, resulta fundamental reconocer el saber y la experiencia obtenida en apenas algo más de un año sobre las diferentes vacunas para la Covid19, dada la masividad de su aplicación en todos los lugares del mundo, donde la población tuvo acceso a la misma. No analizaremos aquí el tema de la inequidad en el acceso a las vacunas entre países enriquecidos y países empobrecidos en el actual e injusto orden mundial imperante, pero no nos es ajeno.
Como ya se dijo para la toma de decisiones autónomas es necesario tener información relevante y en este momento existe un cúmulo de información que permite que la población y especialmente el personal de salud, pueda confiar en las decisiones políticosanitarias sustentadas por el conocimiento brindado por la medicina, tal como el de vacunarse.
Volviendo a la cuestión de la obligación de cuidado de las autoridades y de los agentes de salud en el caso particular de nuestro país (más allá de las decisiones tomadas por algunas jurisdicciones con un marcado tinte “cuentapropista”), la conducta fue acertada y en el caso de la estrategia de vacunación, altamente proactiva, lo que logró una cobertura importante de la población, a pesar de los numerosos intentos de descalificación de algunos grupos interesados. De este modo se cumplió con: 1.- garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a la vacuna (con respeto por la decisión autónoma de las personas, no siempre ejercida de manera responsable) y 2.- la obligación sanitaria de protección de la salud pública como bien común del colectivo social.
Si existe algún punto a objetar, es sobre la comunicación, que no ha sido de igual calidad que la ya citada estrategia en el tratamiento de la pandemia y esto resulta muy importante para un enfoque bioético, ya que no debemos olvidar que contar con toda la información relevante constituye un punto clave para la libre decisión.
Sin embargo, llama la atención que algunos grupos de profesionales cuestionen aún la validez de las diferentes vacunas cuando el número de personas vacunadas excede con creces los más ambiciosos proyectos de investigación que ponen fármacos en el mercado (con sólo algunos cientos o algunos miles de sujetos en los que se hicieron los ensayos experimentales). Esto de ninguna manera significa relajar o (como les suele gustar a muchos involucrados en la investigación de fármacos) flexibilizar las condiciones de control. Todo lo contrario, los controles deben ser efectuados con el máximo rigor científico, pero como ya se ha podido observar a lo largo de más de un año, la efectividad y la seguridad que las vacunas han demostrado, se hallan dentro de los parámetros exigidos mundialmente para ensayos clínicos de medicamentos.
Ante una experiencia tan amplia como la obtenida por las vacunas en tan corto plazo, no puede dejar de llamar la atención, desde el análisis bioético, la diferente vara con la que se valoran los ensayos clínicos para otra vacunas y otros fármacos en general y las que se están utilizando para las vacunas contra la COVID19, en un contexto de tanto riesgo sanitario. Esto obliga a pensar en factores ajenos a cuestiones técnicas y científicas, debiendo orientar la mirada a cuestiones de índole política y geopolítica de los poderes fácticos, cuyo análisis va más allá de la intención del presente texto, pero que no podemos soslayar.
«la efectividad y la seguridad que las vacunas han demostrado, se hallan dentro de los parámetros exigidos mundialmente para ensayos clínicos de medicamentos»
Uno de los temas que hace a esta distinta vara es la de la vacunación de niños y niñas, que ha sido cuestionada inicialmente por la misma SAP (Sociedad Argentina de Pediatría), aunque con posterioridad fuera rápidamente corregida. Éticamente, la opinión vertida por una entidad señera de nuestro país en la orientación de las decisiones en cuestiones del hacer pediátrico, no sólo tiene relevancia sino que siempre debiera ser muy prudente, dado que sus efectos pueden resultar en un daño irreparable. Es de conocimiento general, que muchos de sus destacados integrantes a lo largo de los años, han señalado la importancia que reviste incluir a los niños y niñas en aquellas investigaciones que han podido demostrar un grado aceptable de efectividad y seguridad en ensayos con adultos, pudiendo así, con un riesgo menor, estudiar las condiciones particulares en la infancia.
Por todo esto, no deja de preocupar la conducta de algún grupo de especialistas que continúan asesorando a los responsables de los niños y niñas en contra de la vacunación, sin dar mayores razones que tengan algún sustento técnico-científico. Así, se somete a estas personas a una presión externa a través de opiniones que en realidad sólo reflejan prejuicios personales.
A lo largo de la pandemia ha quedado claro que los niños y niñas pueden enfermar de COVID19 y sufrir las complicaciones de esta enfermedad, hecho de por sí relevante. Pero además, los niños y niñas que se contagian (con gran peso epidemiológico y sanitario), transmiten el virus e interaccionan con el resto de la población, ya que no son un colectivo socialmente aislado. Es por esto que la vacunación de este grupo etario, con todos los cuidados expresados, resulta en una estrategia éticamente válida.
Para no extendernos demasiado, sólo señalaremos que todo lo expresado debería obligar a la autoridad competente y de manera fundamental a todo el cuerpo de trabajadores de la salud sean profesionales o no, a actuar con la máxima prudencia ya que sus opiniones crean sentido en la población, pudiéndola conducir en ocasiones a conductas perjudiciales para su salud o para la de las personas a su cargo, hecho fundamental en lo que respecta a la ética de la salud. La responsabilidad es una de las condiciones de la libertad, como ya dijimos, un pueblo libre será aquél donde tanto los profesionales como los ciudadanos actúen responsablemente.