La amenaza neoliberal

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¿Cuáles son las implicancias reales de la implementación de un área específica para la “Evaluación de Tecnologías Sanitarias” en el organigrama público? En este artículo, Daniel Gollan aborda la discusión acerca del rol de las ART, la responsabilidad del Estado y las organizaciones sindicales en la planificación de la salud de los trabajadores.

La salud laboral constituye un capítulo insoslayable a la hora de pensar en un nuevo proyecto sanitario para nuestro país. Los trabajadores pasan una gran parte de sus vidas en ámbitos laborales y mantener estos espacios saludables aporta a mejorar su calidad de vida. Ámbitos saludables de trabajo, controles de salud programados para la prevención de enfermedades, acciones permanentes de prevención de los accidentes y una justa reparación económica cuando estos se producen, constituyen los ejes centrales de una verdadera política de salud laboral. Este paquete de acciones en el cuidado de la salud de los trabajadores se ha desbalanceado en las últimas décadas, volcándose la atención a la reparación económica que, para peor, fue privatizada a través de la creación de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) en los años ‘90 y que ha colocado a la salud laboral en el nivel de una mercancía. Si bien se han implementado normas y acciones vinculadas a la prevención y promoción de la salud en los ámbitos laborales, estas han quedado devaluadas respecto de lo que sería deseable y desarticuladas del resto de las políticas sanitarias. En nuestra opinión como sanitaristas, si en un futuro se produjera una reestructuración del sistema de salud nacional, la salud laboral debería pasar a la órbita de los Ministerios de Salud y el de Trabajo, saliéndose de la lógica privada de las ART.

Ahora bien, existe además otra variable relevante que incide sobre el cuidado de la salud de trabajadoras y trabajadores y es la vinculada a las obras sociales o empresas de medicina prepaga que cubren sus necesidades de prevención, atención y rehabilitación, tema que se viene deteriorando de modo importante desde diciembre de 2015. Cabe destacar que el sector ya reconocía problemas desde la implementación de medidas tomadas durante varios gobiernos, sobre todo en el de Onganía en los años ‘60, el de Menem en los ‘90 y el de la Alianza en el 2000. Efectivamente, el subsector de obras sociales nacionales fue perdiendo su principal virtud, la solidaridad, tanto hacia dentro como hacia fuera, es decir, entre las obras sociales más fuertes y numerosas y las más débiles y pequeñas. El criterio de solidaridad implica que quienes más ganan subsidian a quienes menos, los más jóvenes a los más viejos y los más sanos a los más enfermos. Al perder la masa de los aportes de los trabajadores de altos ingresos, que migraron hacia las empresas de medicina prepaga en el proceso conocido como “descreme”, el financiamiento de las obras sociales entró en un estado de tensión permanente.

Por otro lado, las obras sociales fueron dejando de desarrollar la capacidad de prestación propia, desapareciendo incluso grandes centros emblemáticos como los grandes policlínicos ferroviario, bancario, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), entre otros. Esta pérdida de capacidad prestadora de servicios de salud, implicó no solo un encarecimiento del sistema, al contratar servicios privados, sino también un debilitamiento de la identificación del trabajador con su sindicato. Este proceso comenzó a revertir se desde mediados de la década del 2000, al calor de la creación de seis millones de nuevos puestos de trabajo y la decisión de algunos gremios de volver a desarrollar su propia infraestructura y estructura de prestación.

 

Un nuevo ataque

Con el cambio de gobierno y de modelo económico y social, a partir del 2016, fue aumentando la tensión en el financiamiento de todas las obras sociales, y en mayor proporción, en las de los gremios cuyos salarios han quedado más relegados respecto a la inflación. Como es sabido, los recursos de las obras sociales devienen de un porcentaje de los salarios que aportan los trabajadores y los empleadores y siendo que todos los salarios han perdido contra la inflación, cae también el poder de compra de la recaudación. La situación se agrava cuando se mide ese poder de compra contra la inflación de los insumos y productos para la salud que han aumentado muy por encima del promedio. Ante esto, el efecto inmediato es una pérdida de la calidad de la atención y un aumento del gasto de bolsillo de los trabajadores, que deben comenzar a abonar por servicios que antes no pagaban. En este contexto, reaparecieron los “copagos” y “coseguros” con aumentos de hasta el 320%, autorizados por la Superintendencia de Servicios de Salud (S.S.S.), organismo estatal que regula el sector de las obras sociales y de medicina prepaga.

Esta situación tenderá a agravarse de concretarse la extraoficialmente anunciada intención de disminuir los aportes patronales y la ya concretada creación por resolución de la S.S.S. de un área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que funcionará dentro de ese organismo y que tendrá como objetivo determinar qué prestaciones de salud serán cubiertas y cuáles no. Las que queden afuera, deberán ser abonadas por los afiliados, es decir, dejarán de ser sin costo. Esta es la base filosófica de la Cobertura Universal de Salud que propone el gobierno actual: dar una “cobertura” básica por encima de la cual, todo debe pagarlo el ciudadano que detente cobertura estatal exclusiva o el afiliado a la obra social o socio de prepaga, generando una inequidad manifiesta ya que se accede a más o menos servicios de salud, según capacidad de pago de cada uno.

La situación se agravará de concretarse la -extraoficialmente anunciada intención de disminuir los aportes patronales y la ya concretada creación por resolución, de un área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que tendrá por objetivo determinar qué prestaciones de salud serán cubiertas y cuáles no.

 

Cabe aclarar que esta situación nada tiene que ver con una correcta utilización del criterio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, cuyo objetivo es definir la conveniencia o no de utilizar determinados tratamientos, medicamentos, equipos y procedimientos, tal como se hace en muchos países donde -a diferencia de lo que pretende hacer el actual gobierno argentino- una evaluación negativa conlleva que el producto no entre a ofrecerse en el mercado, es decir, no se permite su comercialización en ese país. Si el criterio tras la evaluación es solo restringir su financiamiento por parte de las obras sociales o las prepagas, el resultado será, indefectiblemente, el aumento del gasto de bolsillo del afiliado, ya que los profesionales de la salud continuarán prescribiendo el uso de esas tecnologías sanitarias que están disponibles en el mercado, tal cual como sucedió y sucede con los medicamentos a los que el PAMI quitó la cobertura del 100%.

En resumen, el combo producido por la pérdida de calidad de vida y laboral, el aumento del estrés producto de los temores a perder el trabajo o porque el salario “no alcanza”, la pérdida de prestaciones sin costo por parte de las obras sociales, con el consiguiente aumento del gasto de bolsillo para muchos inalcanzable, la falta de inversión en promoción y prevención y de mejoras de los ambientes de trabajo, impactará muy fuerte y negativamente en la salud de los trabajadores. Es imprescindible visibilizar este verdadero desastre sanitario, ya que no hace tantos años, hacia fines de los ‘90 y principios del 2000, se vivió una situación similar que costó miles de vidas y destruyó los sueños y las esperanzas de la mayoría de los argentinos.

 

Daniel Gollan 

Es médico sanitarista y ex ministro de Salud de la Nación.  Coordina el área Salud del  Instituto Patria.

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