Las políticas sociales operan en el espacio de tensión que se genera entre relaciones (de mercado y no monetarias), con el objetivo de satisfacer las expectativas de bienestar que acuña cada sociedad. Por su parte, las políticas deben asumir un marco normativo institucional que expresa la concepción que el Estado tiene de los problemas y de las soluciones. En tal sentido, que una política pública se implemente desde un Ministerio o desde una Secretaría, tiene consecuencias tanto presupuestarias, como técnicas y operativas.
En esta breve nota planteamos que dentro del campo de la política social, los Ministerios de Salud y Desarrollo Social son complementarios y la sustitución y/o sujeción de uno por el otro responde a una concepción residual de la política social. La decisión tomada por el presidente Macri que baja a rango de Secretaría al Ministerio de Salud tiene tanto motivaciones económicas como conceptuales. Por una parte, la devaluación del área opera como una condición para profundizar la mercantilización de la salud. Por otra, la modalidad que adopta expresa la idea de lo público como una opción para los que no pueden competir en el mercado por estos servicios. Desde esa perspectiva es que se puede concebir un mega Ministerio de Desarrollo Social, cuya especialidad sea atender la pobreza, y en este caso, se vea como natural que tome una de sus principales derivaciones, como es la enfermedad.
Los Ministerios de Salud y Desarrollo Social son complementarios y la sustitución y/o sujeción de uno por el otro responde a una concepción residual de la política social.
El retroceso de entender a la enfermedad como un problema de los pobres tiene antecedentes en la historia de la salud pública. Hasta mediados del siglo XX, las políticas de salud operaron bajo la lógica higienista que veía la enfermedad de los pobres como una amenaza para los ricos y, en ese sentido, pedía al Estado conservador medidas asistenciales y preventivas, todas de control. En un informe solicitado por Torcuato de Alvear (intendente de Buenos Aires entre 1883 y 1887) sobre la situación de los conventillos en la ciudad, esta idea queda expresada cuando se describe el problema: “(…)aquellas fétidas pocilgas, cuyo aire jamás se renueva y en cuyo ambiente se cultivan las más terribles enfermedades que luego llegan por emanaciones a los palacios de los ricos(…)”.
El cambio de condición del Ministerio de Salud no podría explicarse únicamente por el plan de ajuste y el tamaño de este Ministerio. Recordemos que salud fue la primera política social descentralizada en la década del setenta y en plena dictadura. Ya hace muchos años que ese Ministerio ejecuta a través de las provincias sus principales políticas y, en consecuencia, el área no se encuentra sobredimensionada pero sí especializada.
Entre otras cosas, el cambio de condición impacta en la pérdida de autoridad del Ministerio con las provincias, en tanto la capacidad de garantizar niveles de desempeño en torno a indicadores claves, de asegurar el acceso a medicación y tratamientos especiales y de dar los blindajes compensatorios a las provincias más pobres puede verse debilitada. En definitiva, desjerarquizando al Ministerio de Salud, se está atacando a una política de salud nacional en un país federal. Aunque esto ya estaba ocurriendo por la vía del desfinanciamiento, ahora comienza a legitimarse el proceso de vaciamiento y de cierre del círculo tanto en materia presupuestaria como en competencias y atribuciones, sin atender la heterogénea y crítica situación de las economías provinciales. La federalización de las desigualdades sociales en salud, al igual que en otros campos del bienestar como la educación, operan de arriba hacia abajo.
Desjerarquizando al Ministerio de Salud, se está atacando a una política de salud nacional en un país federal.
A su vez, la posibilidad de que el Ministerio de Desarrollo Social sea eficiente en su mega competencia genera razonable desconfianza. Se trata de un Ministerio también devaluado en sus funciones desde el 2015 a la fecha, con injustificados niveles de subejecución presupuestaria en materia de ayuda directa y de asistencia alimentaria, lo que pone en duda su capacidad para actuar como marco institucional de una política tan compleja como la de salud. En época de crisis, es común que en nombre de la racionalidad del gasto social se instrumenten reformas, que más que económicas, sean políticas. Estamos experimentando una nueva y lamentable reforma del Estado encubierta en motivos presupuestarios, pero claramente direccionada a la pérdida de derechos adquiridos.
· Adriana Clemente ·
Docente e investigadora. Directora del CEC. Sociales (FCSs/UBA).