Misoprostol es el nombre de un medicamento que las mujeres populares de América Latina reinventaron hace treinta años, descubriendo sus propiedades abortivas. Antes de las pastillas de misoprostol, el único aborto seguro era el practicado en una clínica u hospital por médicos/as especializados/as. Solo las mujeres de clases altas en nuestra región tenían acceso a estos abortos seguros, mientras las otras morían por infecciones y graves hemorragias. En Sudamérica la única experiencia de aborto legal en un hospital público había sido la de Salvador Allende en Chile, y cuentan los/as médicos/as que formaron parte de estos equipos en el hospital central de Santiago que las mujeres no abandonaban la sala de espera aún durante el bombardeo al Palacio de La Moneda en 1973.
Algunos/as de estos/as médicos/as se exiliaron en Brasil después del golpe. No casualmente, fue en dicho país que a principios de los años 80, en los hospitales públicos del Nordeste, se comenzó a notar que las muertes por abortos bajaban drásticamente entre las mujeres más pobres. Estas mujeres, luego de experimentar sobre sí mismas, habían descubierto que el misoprostol, un medicamento barato inventado para el tratamiento de la úlcera gástrica, contraindicado para embarazadas por sus efectos abortivos, producía abortos seguros, sin riesgos, que podían hacerse ellas mismas en su casa, y que pasaban como abortos espontáneos frente a médicos, policías y jueces.
Con este descubrimiento revolucionaron el mundo de la medicina, y de los derechos humanos: desde hace ya 15 años la Organización Mundial de la Salud (OMS) avala este método de aborto seguro para ser usado en casa y lo incluye desde hace 10 años en la lista modelo de medicamentos esenciales, por ser barato y haber suficiente evidencia científica sobre su eficacia, seguridad y aceptación cultural para la interrupción de embarazos tempranos (dentro de los primeros tres meses) fuera del hospital, con un control médico posterior de rutina.
Consejerías de Aborto Seguro En Argentina existe la interrupción legal del embarazo, y la obligación de evitar y bajar los riesgos por abortos inseguros. El Código Penal establece causales de aborto legal y un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de 2012 determina las condiciones para su cumplimiento. El Código establece que quienes se encuentran contempladas en lo descrito en el artículo 86 segundo párrafo, no pueden ser privadas del derecho a interrumpir su embarazo. De acuerdo a lo que establece dicho artículo, el aborto practicado por un/a mé- dico/a con el consentimiento de la persona gestante, es legal cuando el embarazo pone en peligro la salud física o mental o la vida de la gestante, o si proviene de una violación. El fallo aclara el marco general del derecho al aborto, en tanto define que en las situaciones enumeradas es el Estado el que tiene la obligación “de poner a disposición de quien solicite la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura”.
Los Estados no necesitan esperar los vaivenes de la industria farmacéutica para reducir drásticamente los abortos inseguros.
Como el misoprostol ya está disponible legalmente en más de cien países del mundo (incluyendo el nuestro), los Estados no necesitan esperar los vaivenes de la industria farmacéutica para reducir drásticamente los abortos inseguros.
Es así que desde 2012 en Argentina el misoprostol fue incluido como método preferencial de aborto seguro en la Guía de Abortos No Punibles del Ministerio de Salud de la Nación, y en 2015 este medicamento fue incluido en el programa Precios Cuidados de la Secretaría de Comercio, acompañando los programas provinciales y municipales de Consejerías de Aborto Seguro.
Las Consejerías de Aborto Seguro son espacios comunitarios donde las mujeres, niñas y varones trans y lesbianas que desean abortar acuden para informarse sobre cómo interrumpir un embarazo no deseado de manera segura, incluyendo el uso de misoprostol en casa durante el primer trimestre de embarazo. También para acceder al medicamento y a la atención de salud antes durante y después del aborto.
Con el objetivo de garantizar la calidad de la atención de salud durante y posaborto, en 2015, el Ministerio de Salud de la Nación difundió información sobre uso del misoprostol en Guías de Práctica clínica para la atención integral de mujeres que cursan un aborto, el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, y el material de Consejerías en salud sexual y reproductiva.
Las Consejerías de aborto seguro, en tanto dispositivos sociales y médicos, llegaron a ser alrededor de quinientas durante los últimos años y no había provincia de nuestro país donde no funcionaran activamente.
Ellas dicen
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Criminalización, monopolio y desigualdad
Como consecuencia de la crisis económica y la criminalización del acceso al misoprostol iniciada en la década del 90, en 2001 los laboratorios que producían misoprostol cerraron o dejaron de producirlo. Así es que hoy en nuestro país la producción de misoprostol es monopólica: se vende exclusivamente bajo la marca Oxaprost, de Laboratorio Beta. Todas las personas que abortan, tienen que comprar las pastillas de Beta. El Estado, para los abortos legales, compra las pastillas de Beta. Existe la posibilidad de que el misoprostol sea producido en el país como uno de los medicamentos esenciales que debe garantizar el Estado, de manera pública y distribución gratuita y universal. Pero requiere de un Estado comprometido con la salud de las personas con capacidad gestante y dispuesto a garantizar el acceso al aborto seguro.
A fin de darnos una idea de la magnitud de las ganancias que están en juego, consideremos que las Naciones Unidas producen misoprostol a menos de 5 pesos por pastilla. 60 pesos es lo que cuesta producir un aborto seguro para la OMS (12 pastillas). En nuestro país, Beta fija el precio de lista del del Oxaprost en farmacias hoy a $ 1.833 la caja de 16 pastillas, y se calculan unos 500.000 abortos por año. En aritmética simple, mil millones de pesos.
A este precio irrazonable que corresponde a aproximadamente el 30% de un salario mínimo vital y móvil, debemos sumar el recrudecimiento de la criminalización de las pastillas, fogoneados por políticas represivas de retrocesos en derechos humanos. En el último año se han multiplicado en la justicia federal en todo el país las causas criminales iniciadas por venta de Oxaprost. Bajo el argumento de proteger la salud de las mujeres, la criminalización de la venta de este medicamento redunda en un mayor miedo de los/as médicos/as de recetarla y recomendarla como indica la OMS, y en que las farmacias no las tengan disponibles, no las vendan, o bien cobren sobreprecios.
En el mercado ilegal, que hoy es la forma casi excluyente de acceder a las pastillas, el Oxaprost se vende hasta por 5.000 pesos la caja, que corresponde a más del 65% de un salario mínimo. A pesar de ser un medicamento esencial, popular y barato de fabricar, conseguir las 12 pastillas de misoprostol que requiere un aborto seguro en el primer trimestre de embarazo es hoy en día una carrera de obstáculos, que requiere semanas de tiempo, ingenio y por lo menos cinco mil pesos. Para las mujeres, lesbianas, niñas y varones trans de sectores populares, quienes solo cuentan con su ingenio, lo más probable es que esta sea una tarea imposible, que accedan a menos pastillas o que el misoprostol llegue tarde, cuando abortar es peligroso.
Criminalización y desigualdad
En 2016 la Justicia Federal acumuló una decena de expedientes de los últimos 2 años por venta de misoprostol por internet. En diciembre allanaron simultáneamente domicilios particulares en CABA, Buenos Aires y Mendoza. El Ministerio Público Fiscal reivindicó estas medidas como un “golpe a las mafias del aborto con pastillas”.
La investigación, dirigida a los últimos eslabones del mercado paralelo, no justifica tamaña inversión de tiempo y recursos: detuvieron a 4 mujeres, 3 de ellas migrantes, 1 embarazada, los novios de estas, y 3 varones vinculados con una droguería e importadora de medicamentos.
El sesgo misógino en el caso se devela con un dato contundente: en los allanamientos secuestraron 5.000 dosis de Sildenafil (marca Viagra), medicamentos utilizado para el tratamiento de los problemas de erección del pene. La proporción del hallazgo de uno y otro medicamento es del orden del 90% de Sildenafil versus 10 % de misoprostol. Nada se dijo del medicamento para la erección, solo se habla del “golpe a las mafias del aborto”. Se castiga a las mujeres, mientras que el silencio protege a los varones.
Acceso universal al aborto seguro con pastillas
La salud y el cuerpo de las mujeres, varones trans, niñas y lesbianas está lo suficientemente depreciada como para que ninguna persona que tiene que abortar en nuestro país se gaste casi todo su salario en un aborto seguro, que en otras latitudes le cuesta al estado 60 pesos. Perseguir la venta ilegal de pastillas y el sobreprecio sin que ello se corresponda con una política de promoción y garantía del acceso universal al misoprostol aumenta la desigualdad de género, la muerte y sufrimiento de los sectores populares.
Para asegurar el acceso universal e irrestricto al misoprostol, en 2016, el Comité de Naciones Unidas que monitorea el cumplimiento del derecho a la salud (Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales), estableció que los Estados están obligados a garantizar el acceso lo más libre posible a los medicamentos abortivos, sin barreras ni obstáculos administrativos ni económicos. Poner obstáculos al acceso al misoprostol o tolerarlos, implica una violación del derecho a la salud, contraria al principio de igualdad y no discriminación, ya que estas barreras afectan de manera excluyente la salud de mujeres, niñas, lesbianas y varones trans.
Cumplir con estas obligaciones estatales requiere en nuestro país que el Estado legalice el aborto, pero más aún que continúe con la política de consejerías y capacitación a equipos de salud pública en aborto seguro. Pero también resulta ineludible que la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (ANMAT), agencia que regula la producción y comercialización de medicamentos, y la Secretaría de Comercio, tomen intervención en cómo se constituye el mercado de misoprostol, desde una óptica que no sea solo punitiva, controlando el precio de producción y venta y las condiciones de expendio, garantizando un acceso sin discriminación por sexo ni clase social. El gasto de bolsillo en medicamentos afecta más a quienes menos tienen. La proporción del costo de Oxaprost en relación al salario mínimo se incrementó de un 12 % en 2012 al 28% en 2016, con un pico de 34% en 2015.
3 varones vinculados con una droguería e importadora de medicamentos
El sesgo misógino en el caso se devela con un dato contundente: en los allanamientos secuestraron 5.000 dosis de sildenafil (marca Viagra), utilizado para el tratamiento de los problemas de erección del pene. La proporción del hallazgo de uno y otro medicamento es del orden del 90% de Sildenafil versus 10 % de misoprostol. Nada se dijo del medicamento para la erección, solo se habla del “golpe a las mafias del aborto”. Se castiga a las mujeres, mientras que el silencio protege a los varones.
· Luciana Sánchez ·
Es abogada, militante e integrante de la organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto